MADRID (apro).- Un tribunal español rebajó un año (de 15 a 14) años) la pena de prisión impuesto a Ángel Boza, uno de los cinco integrantes de "La Manada", los condenados por violar en grupo a una mujer durante las fiestas de los sanfermines de 2016, el caso que provocó el movimiento social que fue el germen de la llamada Ley del `solo sí es sí´.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (norte de España) emitió esta resolución en aplicación de dicha ley, informó el Poder Judicial en un comunicado.

Fue precisamente el caso de "La Manada" el que provocó un movimiento de repudio en todo el país, por la violación y por la interpretación que luego hizo la Audiencia de Navarra, donde un juez aseguró que durante la violación hubo un “ambiente de jolgorio y regocijo” que incluyó a la víctima.

El movimiento no solo repudió la violación y a la justicia, que obligaba a la víctima a probar su rechazo a la agresión sexual, sino cobijó a la víctima, bajo el lema “Yo sí te creo”.

Aprobada en el Congreso la actual Ley de Garantía de la Libertad Sexual, coloca el consentimiento como elemento central para un encuentro sexual, lo contrario es una agresión sexual. Sin embargo, por una falla de técnica jurídica en los criterios de unificación de los delitos de abuso y agresión sexual, y la rebaja de la pena mínima del nuevo tipo penal, fue lo que provocó un “efecto indeseado”, como lo llamó el presidente Pedro Sánchez.

La situación es que esta falla provocó un efecto contrario porque la interpretación jurídica abrió la puerta a que beneficiara a los reos, por lo cual cientos de agresores sexuales se han visto beneficiados.

Es el recurso al que acudió la defensa de Ángel Boza, uno de los miembros de "La Manada", lo que se considera un revés al movimiento feminista. El condenado cumple condena en una cárcel de Granada, sur de España.

La resolución que resulta más favorable para el reo fue firmada por dos de los tres magistrados del tribunal, entre ellos el presidente Joaquín Galve, ponente de la resolución. Y cuenta con un voto particular en contra de la magistrada Esther Erice, quien abogó por desestimar la condena.

 La ministra de Igualdad, Irene Montero, reaccionó a la decisión judicial este martes en un mensaje en la red social X, antes Twitter: “El consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado. Esta decisión del TSJN es muy dolorosa, especialmente para la víctima. Nos hacemos cargo de su dolor y sabemos que todas las víctimas merecen reparación”.