MADRID (apro).– El extorero Vicente Barrera, miembro del partido de extrema derecha Vox, será el vicepresidente y Consejero de Cultura en el gobierno de coalición de Valencia, que presidirá Alfonso Monzón, del Partido Popular (PP).

En la tercera comunidad más importante de España, la alianza PP-Vox acordó nombrar a un torero para dirigir la cartera de Cultura, además, a la formación de ultraderecha corresponderán las responsabilidades de Agricultura, Justicia, Interior y Gobernación, así como la presidencia de Les Corts (el parlamento valenciano).

En plena formación de los gobiernos de las comunidades autónomas y municipios, tras las elecciones del pasado 28 de mayo, el martes el PP y Vox firmaron un acuerdo relámpago, que tuvo respuesta desde distintos ámbitos políticos.

El PP vetó a Carlos Flores, cabeza de las listas de Vox, porque fue condenado por violencia machista en 2002. Una sentencia recoge el acoso, amenazas y duras agresiones verbales contra su exesposa.

El portavoz del PP, Borja Semper, dijo que “negociar con un maltratador es una línea roja. No debería dedicarse a la política”.

Flores apareció sonriente en la negociación con Alfonso Monzón del PP, si bien no fue incluido en ninguna cartera del gobierno.

El gobierno de Pedro Sánchez consideró una “vergüenza” que el PP blanquee a la extrema derecha de Vox para poder gobernar en Valencia.

La vicepresidenta del gobierno nacional y líder de Sumar, la nueva formación de izquierda, declaró al conocerse el acuerdo para formar gobierno en Valencia, “es un mal día para la democracia en Valencia y para el conjunto de nuestro país”, y consideró que este gobierno hará recortes en políticas para las mujeres”.

Apenas en un par de horas, el PP y Vox alcanzaron un acuerdo el martes y presentaron un programa que constaba de cinco puntos muy criticados en el espacio político por ser frases simples sin mayor contenido.

Las 50 medidas acordadas por PP-Vox

Fue hasta el día de hoy, cuando se anunció la designación de un torero que forma parte de la formación ultra, que se dio a conocer un documento con 50 medidas para la legislatura.

Las más polémicas es la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que declaró ilegales a los tribunales de excepción de la dictadura franquista, y ponía en el foco medidas públicas a favor de las víctimas y sus familias, apoyando las exhumaciones, declarando el reconocimiento y la reparación personal.

Desde la promulgación de esta ley, a principios de año, Vox llevó su recusación a dicha norma ante Tribunal Constitucional pidiendo su derogación, por considerar que es “ideológica y partidista”. A su juicio, esta ley “exalta la memoria de unos españoles y desprecia la memoria de otros”, y con ello se pretende “dinamitar del imaginario colectivo a un bando de la Guerra Civil”.

El partido de extrema derecha siempre se ha negado a condenar la acción de la dictadura franquista.

Otro aspecto de los 50 puntos del acuerdo PP-Vox para Valencia –similares a los que ya pusieron en marcha en Castilla y León– es que evitan usar el término violencia machista, contra el que Vox ha combatido.

Es casi un hecho que en Valencia y los otros territorios donde gobiernen con el PP se deroguen las leyes de género. Si bien, el PP no es partidario de suprimir la ley de igualdad ni las de violencia machista.

En el documento se refieren a “promover políticas que persigan erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños”.

En materia de seguridad, el nuevo gobierno de coalición incluye medidas en materia de inmigración ilegal.