MADRID (apro).– Vox, el partido de ultraderecha, pretende imponer en la Junta de Castilla y León medidas “pro-vida”, que suponen una regresión a la ley del aborto en España, porque obligaría a los médicos a ofrecer a las embarazadas que quieran abortar a que previamente escuchen el latido fetal y ecografías 4D, así como atención psicológica, fórmula con la que ese gobierno autonómico pretende disuadir a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.

El caso ha provocado tal escándalo que el Partido Popular (PP), que preside Castilla y León y que cogobierna con Vox, pretendió desmarcarse este viernes del plan antiaborto de Vox, que fue dado a conocer la víspera por el vicepresidente y líder de Vox en esa comunidad, Juan García-Gallardo.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León, dirigida por el PP, dejó claro que no cambiará el protocolo que existe actualmente, y los protocolos van a seguir igual.

El portavoz del Comité de Campaña del PP, Borja Semper, advirtió que no están dispuestos “a tragar con cualquier cosa”, porque no comparten la propuesta de Vox y la rechazan con las medidas anunciadas que se quieren imponer.

Sin embargo, tras el consejo de gobierno del jueves, donde se aprobaron las medidas, el vicepresidente Gallardo (de Vox) dio a conocer el plan, aunque antes lamentó que “a lo largo de 2021 se produjesen más de 2 mil 500 abortos voluntarios, 7% más que en 2020” y consideró “escalofriante” que para algunas de esas mujeres no fuese su primer aborto voluntario.

Las medidas acordadas en el consejo de gobierno buscan impulsar el apoyo a las familias como “institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar”, y el punto 13 se refiere al “apoyo a la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y conciliación de la vida laboral, social y personal”.

Esta acción de la ultraderecha española responde a la ley de interrupción voluntaria del embarazo que aprobó el año pasado el gobierno de Pedro Sánchez, la cual plantea llevar a la sanidad pública esta posibilidad, eliminó la exigencia del consentimiento de los padres a las jóvenes de 16 y 17 años para poder abortar, como lo impuso el PP.

Por primera vez en Europa, esta ley planteó los derechos a la salud menstrual, al proponer la baja laboral en caso de una regla que provoca dolores incapacitantes.

Sin embargo, las nuevas medidas buscan poner obstáculos al derecho de las mujeres a decidir voluntariamente la interrupción del embarazo, al menos en Castilla y León, al pretender poner en un dilema a las mujeres al oír el latido fetal y las ecografías en 4D, este último un servicio muy costoso y que solo ofrece la sanidad privada, además de apoyo psicológico.

Asimismo, apoyarán y velarán por el cumplimiento de la objeción de conciencia de médicos y enfermeros que se nieguen a realizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Aunque Gallardo señaló que “no se va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere”, también señaló que el plan tiene pensadas medidas para aquellas mujeres que precisen “superar las dificultades para ser madre”, sean canalizadas, por ejemplo “desde atención primaria a los equipos de salud mental para la atención de las personas que lo requieran”.