CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La ONU instó el lunes al gobierno de Nicaragua a revertir el rumbo y poner fin a las "graves violaciones de derechos humanos" en el país, donde un obispo católico continúa preso y los opositores son perseguidos en un ambiente político en el que "la impunidad es la norma".

Así lo señaló la Alta Comisionada Interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, en una declaración presentada durante una sesión de actualización sobre la situación nicaragüense realizada en Ginebra.

"Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la población, provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas", denunció Al-Nashif, quien se declaró "descorazonada" por el "continuo distanciamiento" del gobierno de Daniel Ortega del estado de derecho y otros principios democráticos fundamentales.

"Hago un llamamiento a Nicaragua para que invierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo", añadió.

La Alta Comisionada Interina señaló que, cinco años después de las protestas sociales de 2018, el gobierno sandinista sigue persiguiendo a líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores de los derechos humanos y periodistas. Muchos están en el exilio "sin posibilidad de retorno", mientras que los que permanecen en el país se encuentran "bajo amenaza constante o se enfrentan a una serie de graves violaciones de derechos humanos".

Entre los 71 opositores presos registrados por su oficina, Al-Nashif mencionó al obispo Rolando Álvarez, privado de la libertad desde hace más de un año y que en febrero fue condenado a 26 años de prisión. Indicó que Álvarez se encuentra sometido a un prolongado régimen de aislamiento con deficiente alimentación y atención médica. "Sus condiciones carcelarias violan las normas internacionales", resaltó.

Citó también el caso de los diputados indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, encarcelados recientemente y cuyo partido Yatama fue suspendido y no podrá competir en los comicios regionales de la Costa Caribe en marzo próximo.

Al-Nashif dijo que ha documentado 30 casos de nicaragüenses a quienes el gobierno les ha impedido ingresar a su país desde junio, así como violaciones a los derechos humanos de personas desterradas y despojadas de su nacionalidad y propiedades.

"Es importante que haya una vigilancia internacional sobre los derechos humanos en Nicaragua y esto debe ser una prioridad hasta que logremos cooperar mejor" con el país, subrayó.

Durante la sesión, la procuradora general de Justicia nicaragüense, Wendy Morales, intervino con una declaración en video en la cual justificó la posición del gobierno frente a la disidencia. A su turno, representantes de Cuba, Rusia, China, Venezuela y Corea del Norte, entre otros, cerraron filas a favor del "respeto a la soberanía de Nicaragua" y exigieron a la ONU "no politizar" los debates.

Los aliados de Ortega también pidieron levantar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios y entidades oficiales.

"Es inaceptable que los mecanismos de derechos humanos presionen a Nicaragua con información de fuentes dudosas", alegó el representante ruso.

Por otra parte, hubo condenas fuertes al gobierno sandinista por parte de Francia, cuyo representante recordó que más de 3.000 organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas en los últimos dos años en el país.

"La sociedad civil de Nicaragua está desapareciendo bajo una brutal espiral de represión", afirmó.

El representante de Ecuador instó al gobierno de Managua a restablecer el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y promover un diálogo nacional que permita el retorno de la democracia.

De igual forma, Perú expresó su preocupación por el "sostenido deterioro de los derechos humanos", mientras que Suiza y Nueva Zelanda condenaron recientes despidos masivos en el Poder Judicial de personas consideradas disidentes. "Seguimos reclamando el cese de la represión contra la sociedad civil", declaró el representante suizo.

El gobierno argentino y el ucraniano también se manifestaron en contra de Ortega.

"Argentina no acepta que se invoque temas de soberanía, desarrollo o sanciones económicas para no garantizar la plena vigencia de los derechos humanos", afirmó el representante del recién instalado gobierno del presidente Javier Milei. Por su parte, el delegado de Ucrania exigió a Ortega "la libertad inmediata e incondicional de todos los opositores encarcelados".

Entretanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que ha cerrado su oficina en Managua por pedido de las autoridades nicaragüenses, poniendo fin así a una misión humanitaria iniciada a partir de la crisis política de 2018 en el país.

En un comunicado emitido el lunes en México, donde tiene su sede regional, el CICR recordó que a solicitud del gobierno de Ortega estableció una misión permanente en Nicaragua en 2019 y firmó un acuerdo con las autoridades para "visitar a personas detenidas", en alusión a los cientos de opositores que fueron arrestados a raíz de las protestas.

El informe reiteró la disponibilidad de la delegación del CICR para México y América Central de reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua.

El país centroamericano vive una grave crisis que se inició tras la revuelta social de 2018, cuando policías y paramilitares reprimieron las protestas civiles, medidas que dejaron 355 muertos, más de 2.000 heridos y decenas de miles de desplazados y exiliados, según organismos humanitarios.