WASHINGTON (apro).- Por 223 votos a favor y 204 en contra, la Cámara de Representantes del Congreso federal de Estados Unidos aprobó prohibir la venta de armas de fuego semiautomáticas y cargadores alta capacidad a personas menores de 21 años.

Tras un largo y tedioso debate en el pleno de la Cámara Baja y ya en el ocaso de este miércoles 8 de junio, la aprobación de la medida se dio gracias a la mayoría representativa del Partido Demócrata y ante la unida y férrea oposición de los republicanos.

La legislación avalada es una reacción al asesinato masivo del pasado 24 de mayo en Uvalde, Texas, en donde Salvador Ramos un joven de 18 años con un rifle semiautomático R15 mató a 19 menores de edad y a dos adultos en una escuela primaria.

Cumpliendo con las exigencias del presidente Joe Biden, sus correligionarios demócratas en la Cámara de Representantes dieron luz verde a la prohibición de la venta de armas semiautomáticas a menores de 18 años, la edad mínima requerida y que sigue vigente como ley.

La legislación aprobada en la Cámara de Representantes no tiene futuro de convertirse en ley federal, en el Senado se requieren como primer paso 60 votos para detener el debate ilimitado o discusión sobre la medida que se puede extender por tiempo indefinido y evitar la votación.

Los senadores republicanos son un bloque sólido de defensa a cualquier cambio a la ley que aumentaría de 18 a 21 años la edad mínima para que una persona en Estados Unidos adquiera armas semiautomáticas, sin rigurosos escrutinios a sus antecedentes penales.

Sin eliminar el debate ilimitado (filibusteo, como se le conoce a la medida en el Capitolio) la legislación no tiene ninguna posibilidad de que sea sometida a votación en el pleno del Senado, Biden y los demócratas necesitan apoyo de 10 republicanos y no cuentan con ello.

No obstante a que en Estados Unidos se registran asesinatos masivos con armas semiautomáticas de manera constante -van 23 después de lo ocurrido en Uvalde-, en el Congreso federal los republicanos y también algunos demócratas se rehúsan a modificar las leyes.

Las grandes empresas fabricantes de armas y organizaciones defensoras de la venta de estas, su uso y portación con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) aportan anualmente decenas de millones de dólares para financiar campañas electorales.

Estos grupos invierten dinero en las procesos proselitistas de políticos demócratas, republicanos e independientes con el objetivo claro de evitar que nivel local, estatal y federal, los Congreso prohíban la venta, uso y portación de armas de fuego de todo tipo y calibre.

Escudados en la Segunda Enmienda, los servidores públicos estadunidenses apoyados por la industria de las armas y grupos afines, argumentan que los cambios a las leyes arrancarían el derecho de los ciudadanos de su país a usar pistolas y rifles para su defensa personal.