MADRID (apro).– El Senado español aprobó el miércoles la nueva Ley de Memoria Histórica, que declara ilegal la dictadura que encabezó el general Francisco Franco (1939-1975) y las miles de sentencias dictadas por los tribunales franquistas.

La nueva norma resignifica el Valle de los Caídos (por años el monumento católico del régimen fascista, de donde fue exhumado el dictador en 2019), retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco y asume las exhumaciones de decenas de miles de víctimas como responsabilidad de Estado.

El pleno del Senado votó con 128 a favor, 113 en contra y 18 abstenciones la norma propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez, con el veto de la derecha política, con el Partido Popular (PP), Ciudadanos (C´s) y la ultraderecha de Vox.

Las 500 enmiendas que se presentaron a la ley fueron desechadas en la votación y el veto de la derecha y ultraderecha, por lo cual es inminente su entrada en vigor cuando sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta ley sustituye la Ley de Memoria Histórica que en diciembre de 2007 entró en vigor, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que siendo un importante avance, fue criticada también por las limitaciones que tenía. La nueva legislación amplía sustancialmente aquella.

Pese a que su entrada en vigor inicia al día siguiente de su publicación, la norma da un año de plazo para que algunos de sus preceptos se cumplan, como es el caso de la reforma de la ley de asociaciones para incluir como causa de extinción la apología del franquismo, una práctica frecuente hasta la fecha.

Este plazo se aplicará para que el gobierno realice una auditoría de bienes expoliados durante la guerra civil y la dictadura. Igualmente, se dará un plazo de un año para realizar un estudio que evalúa las reparaciones económicas a las víctimas y sus familias.

“Hoy es un día inolvidable para la democracia española porque la hacemos mejor, pasamos definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia y abrazamos lo mejor”, declaró al final de la sesión Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Añadió que es una “ley humanitaria que está con las víctimas”, y reprochó que hubiera merecido “un consenso amplísimo, de unanimidad de las cámaras”.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido de izquierda republicana catalana, se abstuvo en la votación, por considerar que la ley es mejorable y debió ser más ambiciosa.

La diputada del PP Amelia Salanueva acusó al gobierno y a sus aliados en el parlamento de “traición a los españoles” al aprobar esta ley, que consideró “un arma arrojadiza”. “Pretenden convertirnos en una democracia militante de izquierdas”, añadió.

Su compañera Salomé Pradas acusó al gobierno de Sánchez de “reescribir la historia” y “reabrir las heridas del pasado”, que es un argumento que la derecha ha utilizado desde 2007, cuando se impulsó la ley de Zapatero o ante el fallido intento del juez Baltasar Garzón de juzgar los crímenes franquistas, en 2010.

El senador José Manuel Marín, de Vox, señaló al Ejecutivo de vulnerar “derechos fundamentales” con esta ley; mientras Miguel Sánchez, senador de Ciudadanos, lo acusó de “cuestionar pilares básicos de nuestro sistema democrático”, como fue la Transición a la democracia tras la muerte del dictador. El argumento de ETA (banda terrorista cuyo final se anunció en 2010) fue otro de los que utilizó la derecha y la ultraderecha para atacar al gobierno, como lo hace continuamente, pese a que la banda fue vencida por las fuerzas de seguridad, la justicia y la política.

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamentó que la nueva Ley de Memoria Democrática perpetúa la impunidad para los franquistas y la negación de sus derechos a las víctimas.

En su opinión, el texto aprobado “deja en vigor la Ley de Amnistía y quiere que el Estado conmemore por igual a quienes murieron dando un Golpe de Estado y a quienes fueron asesinados impidiéndolo”.

En un comunicado, la ARMH señala: “Habla de verdad pero no va a contar la historia de los franquistas en los colegios, ni de la Iglesia católica; habla de justicia pero no va a juzgar a nadie, y habla de reparación, pero no va a indemnizar a las familias de los desaparecidos”.