CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los partidos que sostienen al gobierno de España, PSOE y Unidas Podemos, y las formaciones nacionalistas, en especial con EH Bildu y PNV, acordaron la creación de una comisión independiente que investigue el franquismo hasta 1983, por lo que la indagatoria incluirá a los gobierno de UCD y un año del gobierno de Felipe González.

Bildu anunció el acuerdo tras la admisión de algunas de sus enmiendas para extender la aplicación de la norma de 1976, como estaba previsto, hasta diciembre de 1983 y para formar una comisión independiente que indague sobre la “conculcación de los derechos humanos” durante el franquismo hasta esa fecha.

Dicho acuerdo se incluirá en el proyecto de Ley de Memoria democrática que se tramita en el Congreso y se espera que sea suficiente para sacar la ley adelante, primero en comisión y luego en el Pleno pues, aunque el gobierno aún no tiene el visto bueno de ERC, sí hay un pacto cerrado con el PNV.

En ponencia las enmiendas fueron pactadas por el PSOE y Unidas Podemos con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria. En tanto y ERC y Junts se abstuvieron.

La norma irá a la Comisión Constitucional la próxima semana y el 14 de julio se aprobará en el Pleno del Congreso para que vaya luego al Senado.

El acuerdo gobierno-Bildu incluye cinco puntos. El primero es convertir el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona en un memorial antes de un año.

El fuerte está abandonado y depende del Misterio de Defensa. Fue cárcel franquista donde se produjo una fuga de 150 presos que fueron asesinados. Los restos de las víctimas nunca fueron hallados.

El segundo acuerdo es la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián. En ese edificio fueron torturados y asesinados Lasa y Zabala, primeras víctimas de los GAL.

En tercer lugar está la creación de una comisión independiente que investigue la violación de derechos humanos durante el franquismo. Dicha comisión concentrará toda la información y testimonios y elaborará un informe con recomendaciones.

Además, la enmienda incluye de una comisión “de carácter académico, temporal y no judicial, independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura”.

La comisión, detallas, estará formada por “personas de reconocido prestigio en el mundo académico y en el ámbito de los derechos humanos”.

El cuarto acuerdo establece que la investigación llegue hasta diciembre de 1983, porque se considera que el franquismo se mantuvo hasta esa fecha, pese a que ya estaba aprobada la Constitución y en 1982 empezó a gobernar el PSOE.

Habrá una comisión técnica que elaborará, en un año, “un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”.

El quinto y último acuerdo es la declaración expresa de la ilegalidad e ilegitimidad de la Justicia franquista y, por tanto, la nulidad de las resoluciones de sus tribunales.

La enmienda pactada refiere: “se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que a partir del golpe de Estado de 1936 se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la nulidad de sus resoluciones”.

Además, “se declara la nulidad de las condenas y sanciones y la ilegalidad e ilegitimidad del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra”.