CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional (AI) se congratuló este jueves de que un juez mexicano revocara la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de archivar el caso de Ligia Ceballos, la bebé presuntamente robada en 1968 durante la dictadura franquista en España y adoptado en México.

“Es una muy buena noticia que la justicia mexicana tome una decisión que sin duda ayudará a Lily a encontrar la verdad sobre quién fue su madre biológica y si fue separada de ella con o sin su consentimiento”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, según recoge un comunicado de la organización difundido en México.

AI informó que durante el juicio oral celebrado el lunes 18, el Juzgado de Control “revocó la decisión adoptada por la Fiscalía mexicana el pasado 25 de mayo de 2021, que daba por concluida la investigación” por la muerte de los presuntos culpables del robo.

“Con esta decisión, la justicia mexicana da un paso importante en la lucha contra la impunidad por crímenes de derecho internacional cometidos en España durante el franquismo, para que Lily conozca la verdad, se le haga justicia y se actúe conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, manifestó Beltrán.

Amnistía Internacional recuerda, como ya hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que los efectos de este tipo de delitos sólo cesan cuando se descubre la verdad sobre la identidad y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecerla, así como sus lazos familiares. Extremos que, dice, en el presente caso no se han garantizado aún, por lo que debe continuarse con la investigación.

Tras conocer el fallo judicial, Ligia Ceballos (Lily) expresó: “Ha sido muy emotivo conocer la decisión de la jueza. El proceso de investigación continúa abierto, tener la posibilidad de conocer mis orígenes me supone una gran alegría. ¡Agradezco a Amnistía Internacional y a los asesores legales todos sus esfuerzos por esclarecer la verdad!”.

El 15 de febrero de 2017, Ligia Ceballos Franco, ciudadana mexicana, presentó una denuncia penal, por presunta desaparición forzada, en la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), que en pocos días fue admitida a trámite.

Unos años antes de presentar la demanda, Lily descubrió que había nacido en España como María Diana Ortiz Ramírez y que fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural, nacida en México.

Para Amnistía Internacional, que apoyó la presentación de la denuncia, este caso podía enmarcarse dentro del así denominado “robo de bebés” en España.

Durante la investigación en México se han dado importantes avances para restablecer la verdadera identidad de Lily y arrojar luz sobre hechos importantes de su pasado. A raíz de una petición de auxilio judicial formulada por las autoridades mexicanas, la Fiscalía Provincial de Madrid inició otra investigación que, pese a su exhaustividad, se cerró sin proporcionar certeza sobre el origen de Lily.

Sin embargo, fruto de los esfuerzos de ambos ministerios públicos, Lily ha podido conocer detalles de su pasado, que avanzan en la reconstrucción de su propia historia y en la satisfacción de su derecho a conocer su verdadera identidad.

“Con esta última decisión judicial, se continuará con la investigación y se tendrán que aclarar hechos que podrían ser muy relevantes para Lily, entre ellos corroborar si hubo contacto de la familia adoptiva con el Consulado o embajada estadunidense en España, previo a la escala en Miami del viaje de Lily hasta México; si se expidió un pasaporte para la bebé y a qué nombre; si siguen vivos los funcionarios mexicanos que participaron en el ingreso de Lily a México y su posterior inscripción al registro civil con otro nombre; el papel que desempeñaron en este prohijamiento los arzobispos de Mérida y de Madrid, y el sacerdote asesor de este último, entre otros aspectos”, señaló Carolina Marrusich Esquivel, abogada del despacho “Mijangos y González Abogados”, que lleva el caso de Lily.

“La decisión del juez de Control respecto del caso de Lily abre una ventana a la esperanza para que ella pueda conocer su origen verdadero, después de décadas de sufrimiento moral y psicológico. Desde Amnistía Internacional seguiremos apoyando las acciones que permitan a Lily y a miles de personas en situación similar, restaurar su derecho a la identidad, a la nacionalidad y al nombre”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Bebés robados en España

En marzo de 2021, AI hizo pública la investigación ‘Tiempo de verdad y de justicia’. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de “bebés robados”, en la que denunciaba los obstáculos y dificultades que enfrentan en sus procesos de búsqueda aquellas personas que desean, como Lily, conocer su identidad y origen, así como de aquellas que sospechan haber sufrido la sustracción de sus hijos e hijas.

Las denuncias y testimonios documentados por la organización engloban a personas que pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades desde finales de la Guerra Civil hasta los primeros años de la democracia. Todo ello con la connivencia del Estado en un primer momento, y con una respuesta inadecuada y una falta de diligencia y un desinterés posterior del Estado, que ha hecho imposible hasta ahora que lleguen hasta el final la mayoría de las investigaciones judiciales y no han facilitado el acompañamiento de las autoridades españolas a las personas inmersas en estos procesos de búsqueda.

En España, múltiples juzgados han aplicado la prescripción a estas denuncias, lo que en la práctica ha supuesto no llevar a cabo ni un mínimo intento por proporcionar verdad a las víctimas. Amnistía Internacional pide al Estado español que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y busque e identifique a quienes podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad, y lleve a los responsables ante la justicia.

Una oportunidad histórica para avanzar en la verdad y la justicia es la Ley sobre Bebés Robados, que se encuentra paralizada en el Congreso español desde hace varios meses y no avanza en su tramitación parlamentaria. Amnistía Internacional y familiares de “bebés robados” pidieron hace unos días un impulso decidido a esta ley.

Información del caso

Ligia Ceballos Franco nació en Madrid el 29 de mayo de 1968 con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez, y fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural, nacida en México.

La única información que consta sobre su filiación son los nombres supuestos de sus padres, Marta y Rafael. El 11 de julio de 1968, según consta en un Acuerdo de la Diputación Provincial de Madrid, la niña fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó consigo a Mérida, Yucatán. Una vez allí, fue registrada ante la Oficialía del Registro del Estado de Yucatán con otro nombre, y como nacida en México e inscrita como hija biológica del matrimonio Ceballos Franco.

Según el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios recogidos directamente por AI, este matrimonio recurrió a las autoridades eclesiásticas del estado de Yucatán, al sur de México, pues no podían tener hijos de forma natural.

Así, se habría iniciado una correspondencia entre el arzobispo de Yucatán y el arzobispo de Madrid, el cual, al parecer, mostró su apoyo para que la familia Ceballos pudiera adoptar una niña.

En junio de 1968, el matrimonio viajó a España con el fin de recibir a la niña en adopción. En esas mismas fechas, el secretario particular del arzobispo de Mérida, Ramón Bueno y Bueno, viajó desde México a Madrid.

De acuerdo con el padre de Ligia, miembros del arzobispado les dijeron que les tenían preparado “algo especial, pero aún no ha nacido”.

Según testimonios de los familiares, el matrimonio habría pagado la cantidad de 50 mil pesetas por la adopción.