CIUDAD DE MEXICO (apro).- El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha dado un paso más en el proceso independentista de la nación histórica. El pasado fin de semana la prensa catalana difundió que la primera ley del proceso de desconexión con España será la anulación de todos los juicios franquistas, y el miércoles 28, en su intervención parlamentaria, Puigdemont verbalizó su plan: “Referéndum o referéndum”. La propuesta incluye fechas: da hasta junio de 2017 para llegar a una consulta acordada con Madrid. En caso que esto no suceda, el pueblo catalán votará unilateralmente sobre su permanencia en España durante la segunda quincena de septiembre del mismo año. En tanto, seguirá con un paquete de iniciativas que buscan romper con el status quo actual. La primera de ellas, la “Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo”, implica una ruptura con el actual ordenamiento jurídico español, heredero (por no decir continuador) de la dictadura fascista. Todos los delitos cometidos durante 40 años por el bando ganador de la guerra civil contra los republicanos llevan otros 40 años impunes gracias a la ley de Amnistía del 77, ley de punto final que da inicio a la transición democrática. Cataluña será la primera autonomía del Reino de España que anule las sentencias vigentes sobre combatientes republicanos y presos políticos de la dictadura. Por poner sólo un ejemplo, la España democrática aún no ha revocado el juicio sumarísimo y posterior ejecución de Lluís Companys, presidente del gobierno catalán durante la Segunda República Española, capturado por los nazis en Francia y ejecutado en Barcelona por el gobierno del dictador Francisco Franco. Más allá de las declaraciones sobre el plan del presidente catalán, habrá que esperar a la aprobación de la ley para que entre en juego la estructura institucional. La pelota estará en la cancha del Tribunal Constitucional, último garante del entramado legislativo español, que se encontrará con la disyuntiva de suspender una ley profundamente justa o evitar que se apruebe la primera iniciativa legislativa del proceso de desconexión de Cataluña. Muy probablemente la declarará inconstitucional. La declaración de soberanía es el primer paso, según la legislación internacional, para que una región pueda autogobernarse y, si lo considera, declarar la independencia. El Reino de España no acostumbra respetar la legislación internacional. Recordemos que es el segundo país en número de desaparecidos en fosas comunes después de la Camboya de los jemeres rojos y que ha ignorado sistemáticamente las recomendaciones de la ONU al respecto. La base social del independentismo El apoyo a la independencia es mayoritario, pero no definitivo. Según los más recientes estudios de opinión del gobierno catalán, más de 40% de la población apoya la creación de un Estado independiente, 20% quiere que Cataluña se convierta en un estado federal con España, sobre 25% quiere seguir siendo una comunidad autónoma, menos de 5% quiere perder autonomía y 7% no sabe o no contesta. Estos números se han mantenido sin demasiadas variaciones los últimos cuatro años. Cataluña, al igual que España, posee un sistema parlamentario en el que es necesario tener la mayoría en la Cámara de Diputados para poder elegir presidente y gobierno. Gobierna Junts pel Si (Juntos para el Sí), agrupación electoral de la antigua Convergencia i Unió (centroderecha), y Esquerra Republicana de Catalunya (centroizquierda), con el apoyo de las Candidatures d’Unitat Popular (partido asambleario y anticapitalista). Todas son fuerzas netamente independentistas aunque con posiciones sociales muy distintas. Tienen 72 de 135 diputados y obtuvieron 47.8% de los votos en unas elecciones con espíritu de plebiscito. Si la suma de ambos partidos hubiera superado 50%, el proceso de independencia hoy estaría en una etapa muy distinta. Donde existe un amplio consenso en la sociedad catalana es respecto al llamado derecho a decidir, que fundamentalmente significa que la mayoría quiere hacer un referéndum para decidir si quieren seguir o no dentro de España. A la fecha mil 653 entidades civiles, cívicas, ciudadanas, culturales, económicas, sindicales y empresariales se han adherido al Pacto Nacional para el Derecho a Decidir, entre ellas está el Ayuntamiento de Barcelona, las secciones catalanas de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), las cámaras de comercio y patronales con base en Cataluña e incluso el Futbol Club Barcelona. En el espacio del derecho a decidir se encuentra Podemos, que en Cataluña se presenta en asociación con el partido de Ada Colau, y en menor medida la sección catalana del Partido Socialista, que aboga por un referéndum pactado con el Estado. El Partido Popular y Ciudadanos se oponen frontalmente al referéndum, al derecho a decidir y por supuesto a la independencia de Cataluña. La gran incógnita es cómo plantear un referéndum que sea reconocido por la comunidad internacional y, que en caso de que gane el sí a la independencia, permita la creación de la Republica Catalana. La desconexión catalana vista desde España Las cúpulas de los dos partidos tradicionalmente mayoritarios en España, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), son contrarios a la celebración del referéndum. Esta es una de las causas del actual bloqueo institucional que vive el país ibérico, ya que durante 25 años los partidos catalanes han servido para consolidar las mayorías parlamentarias y así poder formar gobierno. Los dos partidos catalanes con representación en el Parlamento español, Partit Demòcrta Català –heredero de Convergencia i Unió-- y Esquerra Republicana de Catalunya, se presentaron por separado y ponen como condición para cualquier pacto la celebración del referéndum. El Partido Popular es el que está más cómodo con la actual situación de interinato. En las elecciones generales de diciembre de 2015 tuvo una menor caída de la esperada, subió en los comicios de junio de 2016 y ha conseguido buenos resultados en las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco del pasado domingo 25. Su presidente, Mariano Rajoy, no se plantea una opción en la que no gobierne: o forma coalición con Ciudadanos y espera una abstención-suicidio del PSOE, o se va a unas terceras elecciones el 25 de diciembre próximo en las que espera tener mayoría gracias a un importante incremento de la abstención de las izquierdas. Seguirá siempre en contra del referéndum, de hecho sus resultados en Cataluña son siempre muy pobres y basa gran parte de su estrategia en atizar la animadversión a los catalanes. El PSOE está en una lucha fratricida con un bando que claramente opta por dejar gobernar al PP con una abstención y otro que como modo de supervivencia opta por pactar con Podemos y buscar el apoyo de los grupos catalanes. El primero lo apoya el grupo de dirigentes históricos, con Felipe González a la cabeza, y el segundo, mucho menos cohesionado, lo forman una base dispersa con el actual secretario general, Pedro Sánchez, batallando por no ser decapitado. Ahora mismo la única opción de referéndum pactado es que Pedro Sánchez pueda resistir los ataques de sus compañeros de partido, consiga pactar con Podemos y afiance su mayoría parlamentaria, y posterior gobierno, con los diputados catalanes. Si Rajoy consigue el gobierno, ya sea por abstención socialista o por repetición electoral, será imposible pactar un referéndum. Parece que esta mano es la última de la partida. *Periodista catalán residente en México y articulista político de los medios catalanes Nació Digital y El Periódico de Catalunya