MADRID (apro).- El gobierno español dio luz verde este martes al proyecto de la Ley de Memoria Democrática que propone desaparecer la Francisco Franco —considerada una de las mayores anomalías en la democracia española—; resignificar el Valle de los Caídos (el mayor monumento franquista); anular las condenas de la dictadura; tipificar el delito de apología del franquismo, y recuperar los restos de 20 a 25 mil víctimas de la dictadura de fosas clandestinas durante en los próximos años.

El proyecto de ley será llevado al Parlamento para su aprobación, donde no tendrá un camino fácil, porque tanto el Partido Popular (PP) como Vox, los partidos de la derecha y extrema derecha de España, han iniciado recientemente una campaña de revisionismo histórico suavizando abiertamente el golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil (1936-38), incluso pretendiendo responsabilizar al bando republicano de estos acontecimientos, cometidos por el general Francisco Franco, dictador de España durante cuatro décadas.

No solo eso, ya habían adelantado –cuando no se conocía siquiera el texto del proyecto de ley— que van a derogar esta ley si llegan al gobierno.

Apenas este lunes 19, en un acto del PP en Ávila, en el que el líder de la oposición, Pablo Casado invitó a Ignacio Camuñas, exministro de UCD y un hombre muy vinculado a Vox, éste responsabilizó a la II República por el golpe de Estado, un hecho absolutamente contrario con la historiografía.

“Si hay un responsable de la guerra, este es el Gobierno de la República”, soltó Camuñas sin recibir ningún tipo de rectificación por parte del líder de la oposición.

El propio Pablo Casado dijo en la tribuna del Parlamento, el pasado 30 de junio, que “la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre los que querían la democracia sin ley y los querían la ley sin democracia”.

Ante esta andada revisionista, los historiadores profesionales han sido muy críticos con Casado por ese discurso que busca restar responsabilidad de la dictadura al franquismo y equiparar a las víctimas con los verdugos.

Corregir deficiencias de la primera ley de Memoria Histórica, el objetivo

En rueda de prensa, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria democrática del gobierno, subrayó que es “la primera ley que repudia el golpe de Estado de 1936”.

Recordó que esta ley pretende corregir las deficiencias de la primera ley de Memoria Histórica, que se aprobó en 2007, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una de las alusiones que contempla es la que hizo el relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, quien señaló que “ninguna fuerza democrática debería tener problema en homenajear a las víctimas de una dictadura”.

Según explicó la ley busca que se incluya en la educación los episodios de la represión franquista, en especial en educación media y superior, para hacer hincapié en la defensa de los valores democráticos. De Greiff lamentaba que los libros de texto de la educación española continuaran aludiendo a la Guerra Civil en “términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”.

Se busca que esta ley anule las condenas y sanciones de los tribunales franquistas. Solo hasta finales de 1938, la Auditoría de Guerra juzgó a 30 mil 244 personas, de las que tres mil 189 fueron condenadas a muerte, como recoge Paul Preston en su libro El holocausto español. Los juicios con múltiples acusados y con condenas a muerte se despachaban en 90 minutos, y los propios militares elegían al abogado de los acusados, regularmente un oficial sin formación legal.

Bolaño señaló que, en el campo de las exhumaciones, censo y banco de ADN, el forense Francisco Etxeberría, que asesora al gobierno en la materia, calculó entre 20 y 25 mil las víctimas que se podrían recuperar de fosas clandestinas o fosas comunes en el próximo lustro.

Se prevé el nombramiento de un fiscal específico para impulsar investigaciones de los represaliados porque los familiares tienes el derecho a conocer la verdad de las víctimas. Para ello se creará la figura de fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática, que podrá impulsar la búsqueda de desaparecidos del franquismo (unos 114 mil españoles) e investigar violaciones del derecho internacional humanitario ocurridas en la Guerra Civil y la dictadura.

El Consejo de Ministros aprobó que el proyecto de ley contemple la extinción de la Fundación Francisco Franco –una anomalía porque, por ejemplo, en Alemania nunca se permitiría una fundación que enaltezca la figura de Hitler— y fue cuidadoso con la redacción.

Esto debido a que en junio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó un informe (15 votos contra 6) que cuestionaba el extremo de extinguir la Fundación Francisco Franco entendiendo que la “exaltación o apología de hechos históricos, por dolorosos o reprobables” que fueran, formaban parte de la “libertad de expresión”.

El texto también contempla la retirada de símbolos y sanciones de edificios y sitios públicos; contempla dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española entre familias de víctimas del franquismo y exiliados; la resignificación de Valle de los Caídos para que deje de ser un monumento que enaltece a la dictadura y que se convierta en un cementerio civil y se retirarán todos los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.