MADRID (apro).- La justicia española decidió imputar al presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en una causa que investiga si el grupo energético contrató los servicios para espiar a políticos, jueces y adversarios empresariales, entre ellos, el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez.

El juez de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, responsable de la macro-causa de corrupción y espionaje en la que está envuelto el excomisario Juan Manuel Villarejo, imputó al empresario y a otros tres ejecutivos por contratar para esos trabajos al polémico policía.

En un auto conocido este miércoles, el magistrado acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda citar como investigado a Sánchez Galán, al director general de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; al que fuera presidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y al exjefe de Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo, por un presunto delito continuado de cohecho activo, por delitos contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

Con esta decisión, el juez echa por tierra la pieza que movió Sánchez Galán el pasado 25 de mayo de ofrecer comparecer de forma voluntaria ante nuevos indicios sobre la presunta contratación ilegal de la compañía al policía. El presidente de Iberdrola informó en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), proponiendo aclarar en sede judicial la trama de las facturas falsas con las que cobró Villarejo.

Cuando menos el magistrado decidió que sí comparezca, pero en calidad de imputado.

El diario digital El Confidencial publicó el testimonio de José Antonio del Olmo, un exempleado de la compañía energética, que denuncio en informes guardados ante notario la presunta trama de facturas falsas que utilizaba Iberdrola para enmascarar los pagos a Villarejo, y saltándose todos los controles de la propia compañía.

A través de su compañía Cenyt, Villarejo cobró de Iberdrola una suma superior al millón de euros para espiar.

Entre las quince facturas detectadas por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción hay varias denominadas “coordinación operativa de seguridad de los desplazamientos por sus ejecutivos españoles en viajes profesionales durante 2004, en Brasil, México, Guatemala y Bolivia”.

Sin embargo, en realidad se trataba de “servicios prestados relacionados al proyecto de Arcos de la Frontera (Cádiz)”, y en los que la compañía ordenó investigar a jueces y políticos que se oponían a la construcción de una planta de ciclo combinado por importe de mil millones en esa zona de Andalucía.

En su auto, el magistrado señala que “queda de este modo indiciariamente acreditado que los servicios no se prestaron en los términos expresados en las facturas, sino que, por el contrario, para tratar de ocultar los trabajos realizados, se procedió a la manipulación de sus conceptos”.

También se integraron a la investigación documentos que enmascaran los contratos de Ibedrola con Villarejo para espiar a empleados y competidores como Manuel Pizarro, expresidente de Endesa, y accionistas, como Florentino Pérez, presidente de ACS mediante la cual llegó a tener el 20% de Ibedrola.

Villarejo también se infiltró en plataformas contrarias a los intereses de la compañía energética, hostigó a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes e investigó a un accionista crítico con la gestión de la empresa.