MADRID (apro).- La multinacional eléctrica Iberdrola también recurrió a los servicios de espionaje del polémico excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, cuyo caso ha sacado a la luz en España las prácticas criminales de lo que aquí se conoce como las “cloacas del poder”. Esta compañía, segunda más importante del IBEX-35, el índice bursátil español, y el principal productor privado de energía en México, contrató, entre 2004 y 2017, los servicios de Villarejo para espiar y tener informes sobre la vida privada de un juez que debía resolver la apertura de una planta en Arcos de la Frontera (Cádiz); infiltrar un grupo ecologista que se oponía al proyecto; investigar a empresas competidoras y el control de los medios de comunicación locales, publican conjuntamente este martes ElConfidencial.com y Moncloa.com. Antes que Ibedrola, el banco BBVA quedó comprometido al haber contratado los servicios clandestinos de Villarejo, un policía que está provocando fuertes dolores de cabeza a la clase política y empresarial de España, ya que tiene grabaciones clandestinas de importantes nombres de ambos mundos. El viejo policía fue detenido en noviembre de 2017, acusado en la Operación Tándem por organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional y un juzgado madrileño han abierto otras causas que lo involucran en diversas actividades ilegales. En la llamada operación Nicolás, que implica a un escurridizo y mentiroso veinteañero que se involucró con la élite de la política y la empresa, se acusó a Villarejo de revelación de secretos, entre otros delitos, por divulgar conversaciones entre agentes de la policía y del Centro Nacional de Inteligencia español, obtenidas mediante el espionaje. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene abiertas 13 piezas o investigaciones distintas del caso Villarejo, que cuentan investigaciones encargadas por organismos públicos, entidades privadas y particulares. Se prevé que el magistrado abra nuevas piezas después de que en semanas pasadas el CNI logró desencriptar varios terabytes de memorias con grabaciones y documentos, que le fueron incautados al policía en su domicilio, en un registro que se produjo al momento de su detención. Las nuevas pesquisas reveladas este martes, señalan que Iberdrola contrató a Villarejo para contrarrestar los ataques que recibía la construcción de su central en Arcos de la Frontera (Cádiz). Sus servicios incluyeron rastreos de llamadas, informes sobre la vida privada de un juez, la infiltración entre los ecologistas contrarios a la instalación, labores de información con políticos locales o el intento de controlar medios de comunicación. El trabajo, que denominó Arrow, se produjo en 2004, cuando Iberdrola había hecho con una central eléctrica adquirida a la quebrada compañía norteamericana Enron. La instalación tenía la oposición de una plataforma ecologista vecinal, y de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz. La compañía declinó dar información. De esta forma, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, recurrió a los servicios de Villarejo para neutralizar a los enemigos de la planta. El responsable de formalizar el acuerdo con Villarejo fue el jefe de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, que continúa ocupando el mismo puesto. Los audios grabados por el excomisario, y difundidos en ambos medios, permiten escuchar que Iberdrola ordenó a Villarejo realizar seguimientos, controlar las llamadas e investigar la vida privada de cualquier dirigente o autoridad que se opusiera a la central. Y le piden que no haya ningún descuido o contratiempo. En 2017, Iberdrola contrató a Villarejo para que investigara los activos de una compañía con la que había tenido un litigio de 11.8 millones de euros por un proyecto de energía renovable en Rumanía. El laudo dio la razón a la eléctrica española, pero la otra sociedad, Eolica Dobrogea AG, se declaró insolvente. El contrato con Villarejo, en este caso, era para que el agente encubierto tratara de cobrar la deuda por ese encargo, Villarejo facturó a Iberdrola renovables por al menos 84 mil 700 euros, según consta en la documentación publicada.