Iberdrola no prevé invertir en México hasta que el gobierno aclare su política energética
MADRID (apro).- Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, una de las más influyentes compañías eléctricas españolas, descartó este miércoles iniciar nuevos proyectos en México si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere que se siga invirtiendo ahí.
Durante la conferencia con analistas en la presentación de los resultados financieros de la compañía, Sánchez Galán señaló que las políticas energéticas son elaboradas por los gobiernos y, en el caso de México, Iberdrola está dispuesta a seguirlas, pero tomando en consideración el marco regulatorio.
A raíz de las fricciones que han surgido entre el gobierno de López Obrador con las eléctricas y empresas españolas, Iberdrola canceló una inversión de mil 200 millones de dólares que tenía programada para México, para la construcción de una central de ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz, que habría significado la generación de 2 mil empleos en la zona.
El presidente de la eléctrica explicó hoy que ha recurrido varias decisiones adoptadas por la administración del presidente López Obrador.
Asimismo, explicó que ya han completado la inversión prevista y que no van a iniciar nuevos proyectos.
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Aunque es uno de los principales jugadores en la producción privada de energía eléctrica en México, el país tiene poco peso en el grupo, por aproximadamente 10 mil millones de dólares, poco más que el valor de la compra de la compañía estadunidense PNM anunciada hoy (8 mil 300 millones de dólares).
Las fricciones con el gobierno mexicano coinciden con el descenso del 23% en las utilidades netas de la eléctrica en México los primeros nueve meses del año respecto del mismo periodo de 2019, hasta los 273 millones de dólares, según las cuentas presentadas este día.
Los ingresos en México, que suponen alrededor de 8% del total del grupo, crecieron 3.3%, hasta 2 mil 200 millones de dólares, y el flujo operativo (Ebidta) aumentó en 0.6%, a 745 millones de dólares.
El actual gobierno mexicano impulsó una serie de cambios normativos sobre la reforma energética de 2013, aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en mayo pasado entró en vigor un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limitaba la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieron por arrancar, una circunstancia contra la que Iberdrola solicitó medidas cautelares. En junio fue suspendida y ahora está pendiente de decisión judicial.
La Secretaría de Energía modificó también la normativa de seguridad y calidad de suministro. Iberdrola considera que esta decisión perjudica a los generadores privados frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al establecer nuevos requisitos para interconexiones y en aspectos como los contratos de cobertura y los permisos de acceso.
Además, se incrementaron las tarifas de transporte de electricidad que reducen el margen de los parques eólicos de la compañía y plantas de autoabastecimiento, decisiones que también están en los tribunales.
En una sesión informativa de septiembre pasado, en las llamadas mañaneras, el presidente López Obrador fue muy crítico con Iberdrola por la contratación del expresidente Felipe Calderón y de la extitular de Energía Georgina Kessel, como consejeros de la compañía.
En junio también arremetió contra Iberdrola en plena batalla regulatoria y legal por el control del sector. “Ahora con lo de la energía, ¿saben cuántas empresas tiene Iberdrola de España, cuántas plantas de generación de energía eléctrica? 20”, puntualizó, y añadió: “Domina casi la mitad del mercado de la energía eléctrica particular en el país”.
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