Por Will Fitzgibbon y Debbie Cenziper

SIOUX FALLS, DAKOTA DEL SUR - Siete años atrás, frente a un hotel Holiday Inn, en un edificio de ladrillos rojos con un cartel de bienvenida que reza “El corazón de América”, una desconocida agencia financiera abrió sus puertas y extendió una invitación a la élite global.

Trident Trust prometía proteger la fortuna y la privacidad de sus nuevos clientes apoyándose en la legislación de un estado que se había convertido en un imán para la riqueza mundial. La empresa llamaba a esto “La ventaja de Dakota del Sur”.

Entre aquellos que respondieron a la invitación se encontraban un magnate textil colombiano que fue sorprendido lavando dinero obtenido a través de una red internacional de narcotráfico; un productor de jugo de naranja que había tenido que pagar a las autoridades brasileñas para cerrar el caso en el que se lo acusaba de colusión contra los agricultores; y los miembros de la familia del expresidente de una productora de caña de azúcar en República Dominicana acusado de explotar a sus trabajadores y de cometer desalojos forzosos.

El Gobierno de Estados Unidos tiene un extenso historial de denuncias a prominentes centros financieros offshore, donde la legislación liberal y la garantía de discreción atraen a oligarcas, magnates y políticos.

Pero en Estados Unidos el creciente sector de fideicomisos está protegiendo cada vez más los activos de millonarios y multimillonarios de todo el mundo, prometiendo niveles de protección y secrecía que compiten con aquellos ofrecidos por los paraísos fiscales del extranjero, o que incluso los superan. Esta protección casi absoluta ha aislado a la industria de cualquier tipo de supervisión significativa y le ha permitido forjar nuevos puntos de apoyo en varios estados de Estados Unidos.

The Washington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) han obtenido un acceso sin precedentes a la actividad financiera de los fideicomisos en Estados Unidos al examinar un caudal de casi 12 millones de documentos confidenciales vinculados a proveedores de servicios fiduciarios y corporativos en todo el mundo.

Los registros, obtenidos por el ICIJ y compartidos con The Washington Post y más de 150 medios de comunicación asociados, muestran cómo líderes políticos y corporativos del extranjero —o miembros de sus familias— movieron dinero y otros activos a fiduciarias estadounidenses desde paraísos fiscales establecidos desde hace tiempo. En algunos casos, los activos estaban vinculados a individuos o empresas acusados de fraude, soborno o abusos a los derechos humanos en las comunidades más vulnerables del mundo.

Los documentos filtrados, conocidos como los Pandora Papers, solo proporcionan información sobre algunos de los fideicomisos en Estados Unidos. Sin embargo, son el mayor conjunto de archivos que se haya hecho público desde el interior de la industria fiduciaria estadounidense.

Los documentos sobre el sector fiduciario estadounidense proceden en su mayoría de la oficina de Trident Trust en Sioux Falls. Trident Trust es una firma de alcance mundial que crea y gestiona empresas y fideicomisos en el extranjero. En una declaración escrita, Trident dice estar comprometida con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables y cooperar regularmente con las autoridades. La empresa declinó responder a preguntas sobre sus clientes.

Los Pandora Papers incluyen un total de 206 fideicomisos con sede en Estados Unidos, entre ellos 30 vinculados a personas o empresas acusadas de haber cometido delitos en el extranjero. Uno de los clientes es el recientemente electo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que creó fideicomisos en la sede de Sioux Falls de Trident, mientras los medios de comunicación reportaban que Lasso supuestamente había ocultado sus capitales mediante empresas offshore. Lasso, que trasladó sus fideicomisos de Panamá a Sioux Falls, niega haber incurrido en prácticas ilícitas y no ha sido imputado por ningún delito.

Otros estados que compiten por atraer capitales extranjeros y nacionales son Alaska, Delaware, Nevada y New Hampshire. En Dakota del Sur, los activos en fideicomisos se multiplicaron por más de cuatro en la última década, hasta alcanzar los 360.000 millones de dólares. Una de las mayores empresas fiduciarias del estado, South Dakota Trust Company, se enorgullece de tener entre su clientela a millonarios y multimillonarios provenientes de 54 países.

La rápida expansión del sector fue liderada por un grupo de miembros de la industria fiduciaria, quienes a menudo presentaban propuestas legislativas que resultaban muy atractivas para los clientes de Estados Unidos y del extranjero. Los proyectos de ley buscaban proteger a los fideicomisos contra los acreedores, las autoridades fiscales y los gobiernos extranjeros.

Desde finales de la década de 1990, los legisladores estatales convirtieron las propuestas en decenas de leyes, una y otra vez, sin apenas debate ni oposición.

“Nadie entiende ninguna de ellas”, bromeó Gene Abdallah, presidente republicano del Comité Judicial del Senado de Dakota del Sur, en una sesión legislativa en 2007. Abdallah murió en 2019.

Bret Afdahl, director de la División de Banca de Dakota del Sur, dice que las compañías fiduciarias están obligadas a realizar verificaciones de antecedentes y revisiones financieras de todos los solicitantes y que los clientes y activos extranjeros están sujetos a un escrutinio adicional. Asimismo, dice que el estado trata de auditar a las empresas fiduciarias al menos una vez cada dos años y puede sancionar a las empresas que no cumplan con las reglas.

Hay quienes afirman que la supervisión es limitada; la normativa, imprecisa; y el secretismo en las empresas fiduciarias, casi imposible de violar.

“Me preocupa que... nos convirtamos en Suiza o Panamá”, dice un exsenador estatal de Dakota del Sur, el demócrata Craig Kennedy, uno de los pocos legisladores críticos con la industria en expansión. “No sé quiénes son los beneficiarios, ni qué tipo de activos se gestionan. La gente utiliza las leyes bancarias y fiduciarias con fines inapropiados. No puedo afirmar que eso esté ocurriendo en Dakota del Sur. Pero no lo sé”.

La ley estadounidense exige a las empresas fiduciarias que confirmen la identidad de los clientes, pero ofrece poca orientación respecto a quiénes aceptar y a quiénes rechazar.

Al igual que los bancos, las empresas fiduciarias tienen prohibido aceptar a sabiendas dinero generado por actividades delictivas. Los documentos de Pandora Papers no ofrecen pruebas de que alguno de los extranjeros con fideicomisos en Estados Unidos haya ocultado ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.

Sin embargo, los expertos financieros dicen que el sector de los fideicomisos en Estados Unidos debería ver más allá de las condenas e investigar y rechazar a los clientes con acusaciones creíbles de que su fortuna haya sido amasada mediante crímenes, abusos a los derechos humanos, o vínculos con regímenes corruptos.

“Ha quedado muy claro que nuestros intereses nacionales dependen de dejar fuera ese tipo de dinero, incluso cuando no se tratara de un delito financiero”, dice Josh Rudolph, miembro del Consejo de Seguridad Nacional durante los gobiernos de Obama y Trump. “No solo estamos fallando en la defensa de nuestros valores, sino que estamos alimentando el resentimiento popular contra Estados Unidos, según el cual hay quienes pueden esconder su dinero y nosotros, darle la bienvenida”.

Con la escasa transparencia del sector es casi imposible determinar a quién pertenece el dinero gestionado por las empresas fiduciarias. Durante las dos últimas décadas los entes reguladores se han enfocado en la lista de clientes de dudosa reputación dentro del sector bancario, dejando en gran medida a las empresas fiduciarias en paz, libres de hacer crecer su nómina de clientes con ofertas favorables que incluyen la protección fiscal a lo largo de generaciones.

Los registros de los Pandora Papers no ofrecen muchos detalles sobre lo que las empresas fiduciarias sabían de sus clientes al momento de establecer los fideicomisos ni sobre qué medidas pueden haberse tomado para examinar las transacciones.

En todos los casos identificados por The Washington Post y el ICIJ, se pudo acceder a los detalles de las imputaciones y acusaciones a través de los registros públicos, los reportes de los medios de comunicación, los documentos judiciales y los informes gubernamentales. La mayoría ya habían sido, en su momento, publicados en la web.

Durante muchos años, abogados y defensores de los derechos humanos denunciaron públicamente el maltrato a los trabajadores de la caña de azúcar por parte de la empresa dominicana Central Romana Corp. En 2019 los miembros de la familia del expresidente de la compañía dieron fin a varios fideicomisos en Trident, en Sioux Falls. Los documentos muestran que los fideicomisos incluían acciones de Central Romana y bienes personales por un valor total de 14 millones de dólares.

Carlos Morales Troncoso dirigió las operaciones de la gigante azucarera durante ocho años y continuó siendo uno de los defensores más prominentes de la industria tras asumir como vicepresidente de la República Dominicana y, más tarde, como embajador en Estados Unidos y como ministro de Relaciones Exteriores.

Morales murió en 2014. Sus cuatro hijas, que son beneficiarias del fideicomiso, no respondieron cuando se les preguntó por qué las acciones y otros activos habían sido trasladados a Dakota del Sur desde una empresa fiduciaria en las Bahamas. A través de un abogado, declararon nunca haber estado involucradas en las operaciones de Central Romana, las cuales continúan siendo repudiadas a nivel internacional.

En 2016, la empresa envió guardias armados y excavadoras para desalojar a 60 personas de sus precarias viviendas construidas en el límite de una plantación de azúcar en El Seibo, uno de los rincones más pobres y remotos de la República Dominicana. La operación suscitó críticas de parte de defensores de los derechos humanos y de representantes de Naciones Unidas.

Yeidi Sierra tenía cinco años y vivía en la casa número 10, con suelo de tierra, sin agua corriente ni electricidad y bajo un techo de chapa hecho de chatarra. Mientras las otras casas eran derrumbadas, tomó una de sus sandalias negras y huyó. Debajo de un árbol de mango donde solía rezar y compartir arroz y frijoles con los vecinos, miraba a los guardias.

Cuando no quedó nada más que un montón de metal torcido, se dio cuenta de que su otra sandalia había quedado perdida entre los escombros.

“Era el único par que tenía”, recuerda.

En una declaración a The Washinton Post y al ICIJ, Central Romana afirma haber creado más de 20 mil puestos de trabajo, construido más de 5 mil viviendas y donado terrenos para proyectos de vivienda y otras instalaciones. La empresa dice que trabaja estrechamente junto a un sindicato para encargarse de los salarios y las condiciones de trabajo y niega que haya desalojado ilegalmente a las familias, argumentando que la empresa ha defendido durante mucho tiempo su propiedad de la “invasión de tierras.”

Los defensores de las familias desalojadas dicen que las casas habían sido construidas en una vía de acceso que no se utilizaba hacía más de medio siglo, que el terreno no tenía un propietario claro y que el desalojo forzoso —sin importar quién sea el dueño de la propiedad— violó los estándares internacionales de derechos humanos.

“Es sangre y muerte y azúcar”, dijo el padre dominico Miguel Ángel Gullón Pérez.

Como “la lava de un volcán”

En 1995, mientras pescaba salmón real en la península de Kenai en Alaska, el abogado neoyorquino Jonathan Blattmachr esbozó una idea que permitiría a Estados Unidos competir con los paraísos fiscales del resto del mundo: proteger contra impuestos y acreedores a los activos depositados en fideicomisos.

Millones de estadounidenses utilizan legalmente los fideicomisos para gestionar su patrimonio —dinero, propiedades, empresas, arte— confiando a una persona o entidad la custodia y la administración de los activos destinados a los beneficiarios del fideicomiso, que pueden ser, por ejemplo, los hijos o nietos del fiduciante.

La jurisprudencia angloamericana, que se remonta al siglo XVII, limitaba la duración de los fideicomisos, pero Dakota del Sur cambió la disposición en la década de 1980 al crear fideicomisos que pudieran transmitirse a través de generaciones con pocas o nulas obligaciones fiscales.

Blattmachr fue uno de los primeros defensores de la expansión de los llamados fideicomisos de dinastía. Recuerda haber hablado con un funcionario de fideicomisos en Delaware sobre el cambio antes de que el estado creara los fideicomisos de dinastía en 1995.

“El negocio empezó a fluir como la lava de un volcán”, dice.

Mientras pescaba con su hermano en Alaska 25 años atrás, Blattmachr propuso un segundo cambio radical en la legislación. Quería proteger los fideicomisos de los reclamos de los acreedores, una práctica que ya establecida en los principales centros financieros del mundo, como las Islas Cook y Belice. Blattmachr recuerda haber presentado la idea al Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, que la rechazó.

El hermano de Blattmachr, Douglas, que en aquel entonces dirigía una empresa fiduciaria en Montana, fue mucho más alentador.

“Creo que podemos conseguir que se apruebe una ley en Alaska”, recuerda Jonathan Blattmachr que dijo su hermano.

A los pocos meses, los legisladores de Alaska aprobaron por abrumadora mayoría la legislación redactada por Jonathan Blattmachr y otros.

“Estábamos pasando por un difícil momento económico en Alaska”, dice en una entrevista el exrepresentante estatal Al Vezey, un republicano que patrocinó el proyecto de ley. “Un barril de petróleo valía menos que un salmón rojo. En la legislatura no teníamos idea de cómo dar un impulso a nuestro estado”.

La correspondencia conservada en el archivo estatal da cuenta de las inquietudes manifestadas por funcionarios de alto perfil.

“La cuestión que subyace a la normativa es si, como estado, queremos avalar un sistema que puede facilitar que una persona esquive el pago de deudas legítimas”, escribió en aquel entonces el subcomisionado de Comercio. “Personalmente, no creo que sea una buena idea”.

El entonces gobernador, el demócrata Tony Knowles, se mostró de acuerdo, aduciendo que algunas partes de la propuesta eran más laxas incluso que la legislación de las Bermudas y las Islas Caimán. Además, señaló que el proyecto de ley podría perjudicar a los cónyuges e hijos al bloquear los pagos de manutención.

Knowles vetó la ley. Un año después, la legislatura estatal volvió a intentarlo y aprobó una medida similar.

“No se confundan: esta ley está dirigida un tipo de fideicomiso que este abogado de otro estado quiere crear para sus clientes ricos”, escribió en su momento Lawrence Waggoner, profesor de Derecho de la Universidad de Michigan y destacado experto en fideicomisos, al fiscal general adjunto del estado. “Este quizás sea el proyecto de ley más pernicioso que haya visto”.

Esta vez, el gobernador firmó el proyecto de ley, ya que según él los legisladores habían atendido sus inquietudes.

“Tras vetar el proyecto de ley original debido que este no ofrecía protección para los cónyuges e hijos, firmé una versión corregida al año siguiente”, dice Knowles en una entrevista con The Washington Post y el ICIJ. “Contó con un amplio apoyo del público, del empresariado y de los legisladores. En los últimos 25 años, no he oído hablar de ningún abuso de esta ley en Alaska”.

La innovadora ley empujó a otros estados —enfrentados a la competencia por hacer crecer el sector fiduciario— a avanzar agresivamente sobre la legislación sobre fideicomisos, la cual atraería a clientes de todo el mundo.

“Este tema me resulta tan emocionante como ver crecer el césped, pero entiendo el lugar que ocupa nuestro estado en el negocio de los fideicomisos”, dijo un senador estatal de Dakota del Sur, el republicano Craig Tieszen, durante una audiencia legislativa de 2016.

Los artífices del proyecto se beneficiaron con los cambios.

En 1996, mientras presionaban por la aprobación del proyecto de ley en Alaska, Jonathan Blattmachr, su hermano y otros ayudaron a una de las compañías fiduciarias más prominentes del estado a establecerse. El nombre actual de la empresa es Peak Trust Co. y ha expandido sus actividades al estado de Nevada.

Blattmachr cuenta que poco tiempo después de la apertura cedió sus acciones de la empresa a su hermano y a su cuñada y que ya no tiene participación en la empresa. En la actualidad dirige el área de planificación patrimonial. Su hermano, Douglas, es el presidente del directorio de Peak Trust, mientras que el sobrino de Jonathan dirige de la empresa.

“Nunca escuché que alguien dijera: 'Ah, bueno, este es un negociado familiar'“, dice Jonathan Blattmachr. “Fui muy abierto y honesto al respecto”.

Douglas Blattmachr declinó hacer comentarios.

En New Hampshire, Paul Montrone, empresario de la biotecnología, ayudó con éxito a promover una legislación fiduciaria histórica en 2006. Un año antes, una recientemente creada sociedad de responsabilidad limitada, dirigida por su hijo, había comisionado un estudio que concluyó que el sector podría generar hasta 2 mil 100 puestos de trabajo y producir hasta 3.7 millones de dólares en ingresos anuales para el estado.

En 2007, Montrone cofundó Perspecta Trust, promocionando estrategias patrimoniales dirigidas a “individuos y familias de muy alto poder adquisitivo de todo el mundo”.

En 2019, un estudio preparado para el Consejo Fiduciario de New Hampshire y distribuido entre los legisladores del estado informó que se estimaba que entre 225 y 275 personas trabajaban en la industria fiduciaria de New Hampshire. Ese mismo año, un funcionario estatal señaló que las empresas fiduciarias generaban ingresos por impuestos comerciales que no superaban los 117.000 dólares anuales. En un correo electrónico enviado a un legislador, el comisionado bancario del estado, Gerard Little, calificó al impacto económico de la actividad fiduciaria como “insignificante”.

En una declaración escrita, Montrone dice su objetivo era ayudar a impulsar la economía de New Hampshire “convirtiéndola en una jurisdicción fiduciaria de clase mundial”. Asimismo, dice que, tras la fusión de Perspecta Trust y otra firma el año pasado, decidió no asumir ningún cargo dentro de la compañía.

Glenn Perlow, consejero general de la empresa y presidente del consejo fiduciario del estado, dice que Montrone no hizo nada indebido.

“No representa conflicto alguno que un individuo o un grupo privado promuevan cambios legislativos que proporcionen oportunidades económicas y que luego participen en las oportunidades creadas”, dice.

Perlow dice que en la actualidad el sector supervisa 600 mil millones de dólares en activos.

“La modernización de las leyes fiduciarias de New Hampshire ha tenido un impacto significativo y positivo en la economía de nuestro estado, aportando nuevas oportunidades de empleo con salarios superiores a la media y generando actividad económica”.

La lucha de un padre

En Sioux Falls, Dakota del Sur, el abogado Pierce H. McDowell III cofundó en 2002 la South Dakota Trust Co., en un edificio de oficinas cercano a un club social de lanzamiento de hachas.

McDowell había sido miembro fundador del Grupo de Trabajo del Gobernador para la Revisión y Reforma de la Administración Fiduciaria, que año tras año proponía leyes para hacer crecer al sector fiduciario del estado.

McDowell declinó hacer comentarios sobre su rol en dicho grupo, remitiéndose a una declaración de la empresa que señala que “Dakota del Sur ha trabajado muy duro para construir un sector financiero robusto que incluye a las empresas bancarias y fiduciarias del estado... Una industria que proporciona muchos beneficios (puestos de trabajo, ingresos tributarios, tasas de supervisión y filantropía)”.

Pero mientras el sector prosperaba, Christopher Pallanck acudía a los tribunales.

En 2017 el padre soltero de dos hijos se enteró de que ya no recibiría los pagos por la manutención de sus hijos por parte de Trident, que supervisaba los activos de su exesposa, Cleopatra Cameron. La heredera petrolera había luchado durante años contra la adicción. En 2010 un tribunal de California había concedido a Pallanck la custodia completa de sus hijos pequeños y ordenado a Cameron pagar 8 mil 500 dólares al mes en concepto de manutención, de acuerdo con las actas y entrevistas judiciales.

Según los registros de la corte, Pallanck declaró que los activos del fideicomiso superaban los 8 millones de dólares.

El fideicomiso se estableció originalmente en California, donde los acreedores pueden exigir acceso a los activos del fideicomiso. En 2012, Cameron trasladó el fideicomiso a Dakota del Sur y, en 2016, lo delegó a Trident.

Como fiduciario Trident tenía el poder de decidir cómo y cuándo distribuir los activos del fideicomiso. La empresa y una firma de Nuevo México que actuaba como protectora de este optaron por poner fin a los pagos de la manutención. En los documentos judiciales sellados a los que The Washington Post y el ICIJ tuvieron acceso, Trident argumenta que la ley de Dakota del Sur impedía los pagos y que Pallanck “no es un buen administrador de las finanzas de sus hijos”. Pallanck dice que el fideicomiso le entregaba mil 500 dólares al mes para gastos generales.

En 2019, tras acudir a los tribunales buscando que se aplicara la ley californiana de manutención de menores, el Tribunal Supremo de Dakota del Sur se puso de parte de Trident. “Nuestra Legislatura ha establecido límites formidables entre las reclamaciones de los acreedores y los fondos fiduciarios”, escribió el tribunal en una opinión unánime.

Pallanck, que trabaja en un laboratorio de telecomunicaciones, recuerda haberles contado la decisión a sus hijos, que por en ese entonces tenían 12 y 14 años, en el apartamento de dos habitaciones que alquila en Santa Bárbara, donde duerme en una cama individual en la sala de estar.

“No solo se trataba del abandono emocional y físico, sino que ahora también se añadía el problema económico”, dice. “El fideicomiso y su madre hacen que sea muy difícil para estos niños saber que son amados”.

El año pasado en California, la Oficina del Fiscal del Distrito de Santa Bárbara presentó cargos contra Cameron por no aportar el dinero para la manutención de sus hijos. Ella se declaró inocente y el caso se cerró. En una audiencia judicial, un fiscal adjunto del distrito dijo que el estado tomó la decisión tras revisar las pruebas y hablar con el abogado de Cameron y varios testigos. Es Trident, y no Cameron, quien tiene el dominio legal del fideicomiso.

Cameron dice que siempre tuvo la intención de mantener a sus hijos, pero que ella y Trident Trust no creían que Pallanck fuera capaz de administrar el dinero. Dice que optó por trasladar el fideicomiso a Dakota del Sur debido a “todas las leyes de privacidad” y para evitar el pago de impuestos en California.

“A mis hijos nunca les faltó su manutención”, dice Cameron. “Después de que Trident... empezara a investigar todo, dijeron: '¿Qué demonios? No le vamos a dar ni un dólar más'. No puedo culparlos por eso... Fue muy refrescante”.

Trident declinó responder a preguntas sobre el caso y dijo que no habla de sus clientes con los medios de comunicación.

Pallanck, de 50 años, dice que no puede hacer mucho más que enfocarse en su hijo y su hija.

“¿Qué hacen cuando nadie los ve? Lloran”.

El dinero se traslada al corazón del país

Trident no solo atrajo a estadounidenses como Cameron, sino también a clientes de todo el mundo.

No se ha hecho público quién es el propietario de la empresa, que tiene oficinas en las Bahamas, Dubai, Hong Kong y otros sitios. En los registros reglamentarios figura como propietaria una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

A raíz de las preguntas del ICIJ y de The Washington Post, Trident actualizó su sitio web, en el que indica que la empresa es propiedad de un “fideicomiso de beneficios para los empleados”. La empresa se negó a compartir información adicional sobre sus propietarios.

Trident abrió su oficina de Sioux Falls en 2014, ofreciendo sus servicios a clientes de Estados Unidos y de la “comunidad internacional de alto patrimonio.”

Tuvo entre sus primeros clientes a José “Pepe” Douer Ambar, un magnate colombiano del sector textil, que tenía un fideicomiso por 100 millones de dólares en activos en la oficina de Trident en las Islas Vírgenes Británicas.

El pasado de Douer era bien conocido: en 2004 tuvo que pagar 20 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos después de que una investigación a nivel global descubriera una vasta red que traficaba drogas en Estados Unidos y lavaba las ganancias. Según los investigadores estadounidenses, los narcotraficantes vendían dólares estadounidenses a intermediarios que cambiaban el dinero por pesos con empresarios de Colombia, entre ellos Douer.

Para evitar ser procesado, Douer llegó a un acuerdo con el Gobierno estadounidense. Murió el año pasado.

Al momento de la creación de los fideicomisos en Dakota del Sur, una búsqueda en Google de las palabras “Douer Ambar” y “Colombia” conducía a un sumario del caso realizado por el Gobierno de EE. UU., así como a un artículo de la BBC con el titular: “Desarticulada una red colombiana de tráfico de drogas”.

Su familia declinó hacer comentarios.

En 2016, Trident tomó a un nuevo cliente: Federico Kong Vielman, miembro de una de las familias más prominentes de Guatemala. En la década de 1970, el padre de Kong Vielman había disparado y matado a dos miembros de otra conocida familia y posteriormente había sido liberado. El incidente tuvo una amplia repercusión.

Los documentos de Pandora Papers muestran que el fideicomiso de Kong Vielman estaba conformado por 13,5 millones de dólares en activos, generados en parte por una herencia y por las ganancias de la empresa familiar de productos para el hogar.

En 2014, dos años antes de que se estableciera el fideicomiso, el Gobierno de Estados Unidos presentó una queja contra Guatemala, alegando que el país había violado su acuerdo de libre comercio al no hacer cumplir sus leyes laborales debido a un “sostenido y recurrente plan de inacción”. Entre los ejemplos citados por el Gobierno de EE. UU., se encontraba una empresa productora de aceite de palma, propiedad de la familia Kong Vielman. Los trabajadores de la empresa habían dicho que se les pagaba alrededor de la mitad del salario mínimo y se les exigía manipular productos químicos sin equipo de protección.

En 2015, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos nombró a la empresa y a otras dos en una investigación sobre contaminantes tóxicos en el río Pasión, que recorre las tierras bajas del norte del país y proporciona agua y alimentos a las comunidades cercanas.

La matanza de peces causada por la contaminación fue una de las mayores catástrofes ambientales de los últimos años en Guatemala.

La EPA determinó que las tres empresas habían vertido cantidades excesivas de nitrógeno y otros materiales en el río y recomendó a los investigadores guatemaltecos seguir controlando la presencia de químicos en el agua para así “proteger la salud humana”. Tras el incidente, un tribunal guatemalteco suspendió las operaciones una de las compañías, pero no tomó ninguna medida contra la empresa propiedad de la familia Kong Vielman.

En aquel entonces, los medios de comunicación guatemaltecos dedicaron una extensa cobertura a la contaminación del río y a las acusaciones que pesaban sobre el impacto ambiental de la empresa.

En una declaración escrita, la productora de aceite de palma dijo que no había contaminado el río y que los reclamos laborales habían sido resueltos por un panel de arbitraje. Según la empresa, Federico Kong Vielman no estaba involucrado en sus operaciones.

En 2018, Trident también estableció un fideicomiso para Horst Happel. Dos años antes la agencia antimonopolio de Brasil había cerrado un caso que involucraba a Happel y a otros productores de jugo de naranja tras llegar a un acuerdo económico. Debieron pagar un total de 88 millones de dólares al Gobierno brasileño por una supuesta colusión para pagar salarios miserables a los agricultores locales.

El productor de jugo de naranja ya había sido acusado de incurrir en prácticas ilícitas. En 1991, accedió a que el Gobierno estadounidense le confiscara 255.000 dólares a cambio de que fueran retiradas las acusaciones de haber violado los límites del contrato de futuros del jugo de naranja.

Los documentos filtrados muestran que, durante casi tres décadas, Happel mantuvo un fideicomiso en Jersey, un conocido paraíso fiscal en el Canal de la Mancha que en los últimos años se enfrentó a la presión internacional que exigía a las agencias fiduciarias que recopilaran e hicieran pública más información sobre sus clientes.

Happel trasladó el fideicomiso a Dakota del Sur como parte de una “reforma estructural de la familia Happel”, según los documentos.

Happel no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los documentos no incluyen detalles sobre lo que Trident pudo haber sabido en ese momento sobre los clientes o sus fuentes de riqueza, y Trident no respondió a las preguntas sobre casos específicos.

“Cada una de las operaciones de servicios fiduciarios y corporativos de Trident sigue la regulación de la jurisdicción en la que opera y está plenamente comprometida con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables”, dice la compañía en un comunicado. “Trident colabora con cualquier autoridad competente que solicite información”.

Los clientes internacionales también recurrieron a otras empresas fiduciarias, incluida una situada a pocas manzanas de la oficina de Trident en Sioux Falls.

En 2012, la familia de los hermanos William y Roberto Isaías creó tres fideicomisos a través de South Dakota Trust Co. Meses antes, los hermanos habían sido condenados en ausencia en Ecuador por malversar fondos públicos destinados al rescate su banco insolvente.

Varias empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas estaban incluidas en estos fideicomisos. Los documentos muestran que uno de los ellos estaba constituido por una herencia familiar valuada en entre 5 y 10 millones de dólares.

The New York Times, The Miami Herald y otros medios han escrito sobre los hermanos, que viven en el sur de Florida desde años a pesar de que Ecuador haya solicitado su extradición.

En mayo, dos de los tres jueces de la Corte Nacional de Ecuador revocaron la condena efectuada en 2012. Oscar Ayerve, presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filanbanco S. A., publicó en Twitter que los acreedores estaban “indignados” ante la decisión.

“Muchos murieron sin recuperar su dinero [tras] 14 años de incansable lucha”, tuiteó.

A través de su abogado, los hermanos dicen haber administrado el dinero del banco honestamente y ser “víctimas de una persecución política sin precedentes por parte del corrupto régimen autoritario de Ecuador.”

La “cruzada contra los hermanos Isaías ha arrancado a sus familias de un país que amaban profundamente”, dice su abogado.

Los hermanos no respondieron a las preguntas sobre los fideicomisos de Dakota del Sur.

En un comunicado la South Dakota Trust Company dice que la empresa “no comenta ni comentará ni proporcionará información alguna relacionada a clientes pasados, actuales o potenciales”.

La compañía dice que su proceso de revisión de los clientes “es exhaustivo, completo, continuo y excede los requisitos mínimos”. Afirman que los clientes son seleccionados siguiendo criterios legales y de regulación y que se corrobora que no hayan participado de actividades ilícitas.

“Siempre un paso por detrás”

Los líderes del sector afirman que las empresas fiduciarias se esfuerzan por examinar a los clientes porque los errores en la diligencia debida suponen un riesgo para la reputación de las firmas.

“Ningún banco o empresa fiduciaria quiere ser acusada de ayudar o de ser cómplice de un violador de los derechos civiles o humanos”, afirma Jonathan Blattmachr, que ayudó a desarrollar la actividad fiduciaria en Alaska.

Sin embargo, exfiscales y otros expertos en delitos financieros afirman que se necesita mucha más supervisión.

Durante años, las reformas legislativas se han centrado en los bancos y las empresas fantasma, que acapararon los titulares tras los atentados del 11-S por permitir a terroristas, narcotraficantes, contrabandistas de armas y otros mover dinero dentro y fuera de Estados Unidos.

Los fideicomisos existen desde hace cientos de años. Tanto la clase media como los ricos los utilizan. Debido a los escasos registros en papel y a las estrictas normas de confidencialidad, pueden ser instrumentos legales complejos, difíciles de comprender incluso para legisladores e investigadores experimentados.

La celebrada Ley de Transparencia Corporativa, promulgada en Estados Unidos en enero, obliga a ciertas empresas y sociedades a incluir los nombres de sus propietarios en una base de datos gestionada por el Gobierno federal. Sin embargo, la ley no incluye a quienes crean y reciben pagos de fideicomisos. Los expertos dicen tener la esperanza de que la nueva normativa, prevista para el año que viene, añada a los clientes de fideicomisos a la lista.

Otros países, incluyendo muchos miembros de la Unión Europea, ya exigen que los fideicomisos inscriban a sus creadores, fideicomisarios y beneficiarios en un registro centralizado.

Las leyes federales también tienen sus limitaciones. Los nuevos requisitos de FinCEN, la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, exigen que las empresas fiduciarias identifiquen y controlen mejor a sus clientes, pero también permiten a las empresas establecer el grado de escrutinio necesario.

Los abogados que crean fideicomisos independientes de las fiduciarias para sus clientes no están obligados a tener un programa contra el blanqueo de capitales. Este vacío legal recibió críticas de legisladores y expertos en delitos financieros.

“Estados Unidos critica a todo el resto del mundo, pero este es un asunto muy, muy serio desarrollándose en su propio territorio”, dice Yehuda Shaffer, exjefe de la unidad de inteligencia financiera de Israel.

Como si fuera poco, Estados Unidos se niega a compartir de forma automática la información financiera sobre los inversores extranjeros, oponiéndose así a un acuerdo global apoyado por unos 100 países que busca poner un freno a la evasión fiscal y otros delitos financieros.

Según Shaffer y otros, la postura de EE. UU. alienta a ciudadanos extranjeros a establecer fideicomisos en el país.

Los fiscales federales apuntan a otro desafío. La Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986 establece que el Gobierno puede imputar por blanqueo de capitales a extranjeros con activos en Estados Unidos, pero solo si sus activos fueron generados a partir de las ganancias de alguno de los delitos incluidos en una de seis categorías, como el tráfico de armas o de drogas.

La ley deja fuera cientos de crímenes, como el contrabando, el trabajo infantil, el tráfico de especies silvestres, las infracciones ambientales, el robo de antigüedades, la falsificación y la evasión impositiva. En otros países, las leyes de lavado de dinero abarcan a todos los delitos posibles.

A lo largo de los años, el Departamento de Justicia ha intentado convencer al Congreso de que amplíe la lista o la elimine por completo, dice Stef Cassella, exjefe adjunto de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia.

“Hace poco hablé con alguien sobre las ganancias obtenidas con la deforestación de la selva amazónica”, dice. “¿Qué pasaría si halláramos que ese dinero está en Estados Unidos? ¿Sería considerado lavado de dinero? No, porque no está en la lista... Siempre estamos un paso por detrás de los tipos malos a la hora de intentar actualizar estas leyes”.

Un portavoz del Departamento de Justicia dice que a menudo se utilizan otros cargos, como el transporte de bienes robados o el fraude electrónico, para tipificar a la conducta como delictiva.

Dolor y ganancias

Central Romana es la mayor productora de azúcar de República Dominicana. Aunque ha cambiado de dueños a lo largo de los años, el sitio web de la empresa habla de “100 años de trabajo ininterrumpido”.

Hacía décadas que se acumulaban las acusaciones de desalojos y abusos a los derechos humanos cuando Morales llegó a la presidencia de la compañía en 1974, a través de Gulf and Western Industries, por aquel entonces dueña de la productora azucarera.

En 1979, la Sociedad Antiesclavista para la Protección de los Derechos Humanos informó a Naciones Unidas que Central Romana y otras dos empresas “compraban” inmigrantes haitianos y los obligaban a vivir en la miseria y con salarios ínfimos.

En 1984, una nueva empresa, Central Romana Corp., compró la azucarera. Morales permaneció al frente de la compañía hasta que en 1986 dejó el puesto para asumir como vicepresidente de República Dominicana.

Luego fue designado embajador en Estados Unidos y, posteriormente, ministro de Asuntos Exteriores de República Dominicana. El perfil de Morales publicado en la página web de la embajada dominicana en Washington informa que, antes de asumir como funcionario gubernamental, se convirtió en un “importante” accionista de Central Romana.

Morales, que también dirigía un consorcio estatal de ingenios azucareros, acabó convirtiéndose en uno de los representantes más destacados de la industria azucarera dominicana.

Un cable del Departamento de Estado de EE.UU. filtrado en 2004, en el que se describía la campaña de la industria azucarera dominicana contra un acuerdo de libre comercio con EE. UU., señalaba que Morales, en aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores, “llega tras 40 años como gestor y propietario de Central Romana”.

En 2006, después de que una delegación de legisladores estadounidenses exigiera que se iniciara una investigación sobre los inmigrantes haitianos que trabajaban en los campos de caña de azúcar, Morales dijo que la República Dominicana no quería injerencia extranjera en sus asuntos.

En 2012, Morales criticó a un reconocido sacerdote católico que había informado a Estados Unidos que los trabajadores de la caña de azúcar del país eran sometidos a un trato duro e inhumano. El sacerdote, dijo Morales, estaba “denigrando” injustamente a la industria azucarera.

Ese mismo año, un informe de una organización sin ánimo de lucro con sede en Massachusetts denunció supuestos abusos laborales en varias de las principales productoras de azúcar de República Dominicana, incluida Central Romana. Según el informe, los trabajadores de esta empresa tenían jornadas laborales de 12 horas y las viviendas que la compañía les proporcionaba presentaban el índice más bajo de acceso a la electricidad y al agua potable.

En su declaración a The Washington Post y al ICIJ, Central Romana dice que algunas zonas rurales de la República Dominicana no están conectadas a la red eléctrica del gobierno y que la empresa les suministra agua potable.

“Nos esforzamos por avanzar año a año y seguimos invirtiendo en todos nuestros procesos, incluyendo la salud y la seguridad industrial, los aspectos laborales, los requisitos ambientales y los programas de responsabilidad social”, dice la compañía.

Tras los desalojos de 2016, la organización sin ánimo de lucro con sede en Ginebra, Dominicanos por la Justicia y la Paz, se contactó con Naciones Unidas. Dos representantes, entre ellos el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, pidieron al Gobierno dominicano que interviniera.

“Central Romana debe rendir cuentas por sus abusos”, escribieron en una carta. “Nosotros (…) expresamos nuestra preocupación ante la aparente incapacidad del Estado para proteger y garantizar los derechos de las personas (…) y para hacer frente al desalojo ilegal y al uso de la fuerza llevado a cabo por agentes de una empresa privada”.

En enero de 2020, las familias desalojadas demandaron a Central Romana y a Fanjul Corp., accionista de la empresa con sede en West Palm Beach, ante un tribunal federal de Florida. Recientemente, un juez desestimó el caso por considerar que los demandantes no contaban con pruebas suficientes que demostraran que Central Romana había actuado en representación de Fanjul. Las familias apelaron la sentencia.

Fanjul remitió las preguntas a Central Romana, que afirma que los desalojos eran legítimos.

La familia Morales finalizó la transferencia de los fideicomisos a Dakota del Sur en 2019, poco después de que Bahamas, donde la familia mantenía previamente sus fideicomisos, aprobara una ley que exige que se informe sobre la propiedad de las empresas y de ciertos fideicomisos a un registro gubernamental centralizado.

Los representantes del sector se quejaron de que el registro “desestabilizaría” la actividad offshore en Bahamas y disuadiría a los clientes latinoamericanos ricos atraídos a la isla para reducir o evitar impuestos.

“Con esta nueva doble vara, salen ganando los estados de Delaware, Alaska y Dakota del Sur”, escribió un abogado bahameño que había ayudado a bocetar las leyes previas de actividad offshore.

En mayo, peones agrícolas, muy lejanos a los círculos políticos y empresariales de la República Dominicana, trabajaban bajo un sol sofocante en los campos de caña de azúcar.

Uno de cada cinco dominicanos vive por debajo del umbral nacional de pobreza. En uno de los campos de Central Romana, en El Seibo, Jean Clairmont, de 67 años, golpeaba con un machete los gruesos tallos de la caña de azúcar.

Lleva 21 años haciendo el mismo trabajo, cortando y acarreando la caña desde el amanecer hasta el anochecer, con la camisa empapada en sudor y sus botas de goma. Dice que este año la empresa le regaló por primera vez un sombrero con la leyenda “CR” bordada en rojo, blanco y azul. Clairmont dice estar agradecido porque las gorras cuestan unos 500 pesos dominicanos y él gana unos mil a la semana (es decir, poco menos de 18 dólares).

“Lo que sea que nos den, tenemos que tomarlo, pero eso no significa que sea suficiente”, dice.

En el lugar de los desalojos de 2016, Yeidi Sierra y su madre buscan el lugar donde antes estaba su casa. De pie entre la hierba alta, señalan el número 10 escrito con pintura blanca, todavía visible sobre la corteza de un árbol mutilado.

Yeidi, que ahora tiene 10 años, camina a lo largo de una vieja línea de vallado mientras mira con detenimiento las montañas que están a lo lejos.

La niña, que nació en una isla pero que rara vez ha visto el mar, lo perdió casi todo en el desalojo, incluidas las lámparas de gas y las velas que su familia utilizaba para alumbrarse. No volvió a la escuela hasta un mes más tarde porque su padre jornalero no podía comprarle unos zapatos nuevos para reemplazar la única sandalia negra que había perdido en el tumulto.

“No pude ver a mis amigos”, dice Yeidi, que quiere ser maestra.

Debajo de un árbol, Yeidi y su madre miran un somier oxidado, dejado atrás la noche de los desalojos. Yeidi se agacha. Quita palos y hojas. Cerca de allí se yergue una señalización de hormigón con las letras “CR”.

Allí, a la sombra del cañaveral y casi oculta entre la maleza, Yeidi deja escapar un suave grito.

Acaba de encontrar la sandalia perdida.

La investigadora Alice Crites, el fotógrafo Salwan Georges y Shawn Mulcahy de The Washington Post y Brenda Medina, Delphine Reuter y Jesús Escudero del ICIJ, Alicia Ortega de Hasbún de El Informe, Mónica Almeida de El Universo, Francisco Rodríguez y Enrique Nevada de Plaza Pública y Anna Anjos de Agência Pública contribuyeron a este informe.

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Traducción de Julián Cnochaert/elDiarioAR