CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas denunció un patrón de violaciones y abusos a los derechos humanos, así como la falta de rendición de cuentas en Haití.

Al presentar el último informe de la Oficina que dirige Michelle Bachelet, la portavoz Marta Hurtado, expresó su preocupación por los recientes decretos presidenciales para crear una agencia nacional de inteligencia y fortalecer el sistema de seguridad pública en ese país.

Hurtado señaló que los análisis preliminares indican que los decretos no parecen estar en línea con las normas y estándares internacionales de derechos humanos y conllevan el riesgo de conducir a una mayor represión de las libertades de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión.

En este sentido, señaló que “los actos de violencia cometidos por manifestantes en protestas anteriores no deben servir como pretexto para restringir las libertades fundamentales y reducir el espacio cívico”.

Hurtado también dijo estar preocupada por la inseguridad, la pobreza y las desigualdades estructurales, así como el aumento de tensiones políticas en Haití, ya que podrían llevar a un descontento público, una violenta represión policial y más violaciones de los derechos humanos.

La portavoz relató que, en los últimos meses, los secuestros para pedir rescate, los ataques de bandas criminales contra barrios supuestamente rivales y la inseguridad en el país aumentaron en un contexto de impunidad casi total, mientras que las tensiones políticas resurgieron debido a las disputas sobre el calendario, el alcance de las elecciones y un referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por el gobierno.

“Los llamados a protestas masivas han ido en aumento. Esto, a su vez, genera preocupaciones por las renovadas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la vigilancia de las protestas, como se vio durante las protestas durante meses en 2018 y 2019, así como durante las manifestaciones de octubre y noviembre del año pasado”, señaló.

“Las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los abusos cometidos por pandilleros durante los disturbios sociales de 2018-2019”, están documentados en un informe publicado por su Oficina”, recalcó.

“Las autoridades deben tomar medidas de inmediato para evitar la repetición de estas violaciones y abusos, asegurándose de que los agentes del orden respeten las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza cuando se enfrentan a protestas”, declaró Hurtado.

Además, prosiguió, deben garantizar que las pandillas no interfieran con el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente, mientras que el gobierno debe garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos pasados, asegurando justicia, verdad y reparación.

La Oficina indicó que Haití debe tomar medidas para abordar las quejas de la población y las causas fundamentales que alimentan las protestas, como la impunidad generalizada, las denuncias de corrupción, la pobreza persistente, las desigualdades estructurales, el acceso limitado a los servicios sociales y otras dificultades en el disfrute de los derechos económicos y sociales.

Finalmente, Hurtado señaló que la Oficina acogió “con satisfacción” el compromiso de la Policía Nacional de Haití con la reforma de las prácticas documentadas en el informe, incluida la garantía de que los agentes que participan en la vigilancia de las protestas reciban la formación y las instrucciones adecuadas.