CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los primeros dos años de administración de Andrés Manuel López Obrador continuaron las innumerables violaciones a los derechos humanos en México, ya sea en materia de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, abusos contra las personas migrantes o de violencia de género, lo anterior en un contexto de creciente militarización del país y de ataques contra la prensa, advirtió hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

En materia de violaciones a derechos humanos, “la impunidad sigue siendo la norma” –con una tasa de impunidad del 98.7%–, deploró la organización en el capítulo sobre México de su informe global 2021, publicado hoy, en el cual añadió un análisis sobre la gestión que los distintos países hicieron ante la pandemia de covid-19.

Al respecto, HRW cuestionó que el gobierno de López Obrador “no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud mundiales para limitar la propagación del covid-19”, pues recalcó que México “tiene una de las tasas más bajas de pruebas” y que “la estadística real de contagios y muertes por covid-19 es probablemente varias veces superior a la cifra oficial, que estaba entre las más altas del mundo al momento de preparación de este informe”.

La organización recalcó que las personas más susceptibles de fallecer en México son las de bajos recursos y las personas indígenas, y que la gran mayoría de las personas que murieron por enfermedades derivadas del covid-19 “nunca recibió cuidados intensivos”; también subrayó que “México tiene el número más alto de muertes de trabajadores de salud por Covid-19 en el mundo”.

De manera general, HRW subrayó algunos puntos negativos sobre el gobierno de López Obrador, entre ellos las reformas “extremadamente regresivas” al sistema de justicia que fueron impulsadas en enero de 2020, o el hecho de que López Obrador amplió “considerablemente” el poder de las Fuerzas Armadas, a las que entregó “tareas de orden público y control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operación de megaproyectos”.

La organización recordó que el uso de los militares en “acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” ha propiciado una situación de “violaciones generalizadas de derechos humanos” en México, y citó el ejemplo de la ejecución extrajudicial captada por video en julio de 2020 en Tamaulipas.

Deploró que el uso de la tortura siga siendo “habitual” –indicó que las autoridades tenían 7 mil investigaciones sobre este delito en 2019–, que permanezcan las detenciones arbitrarias y que el Estado mexicano no tomó medidas reales para buscar a las más de 75 mil personas desaparecidas reportadas en noviembre de 2020.

En un contexto de violencia “generalizada” contra las mujeres y de “índices alarmantes de violencia de género” –con más de mil feminicidios reportados en las cifras oficiales en 2020–, HRW aseveró que las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y a las niñas.

A la par, denunció que 24 periodistas fueron asesinados durante los primeros dos años de administración de López Obrador, mientras que 20 defensores de derechos humanos tuvieron la misma suerte en 2019 y deploró que, en lugar de actuar en el buen sentido, el gobierno federal eliminó en 2020 el fideicomiso que proveía los fondos para costear el mecanismo de protección.

En materia migratoria, HRW denunció la “colaboración” del gobierno de López Obrador con el gobierno estadunidense de Donald Trump en la implementación de los Protocolos para la Protección a Migrantes, mejor conocidos como el plan “Quédate en México”, bajo los cuales las autoridades estadunidenses devolvieron más de 66 mil solicitantes de asilo a México por un tiempo indefinido.

Y no solo esto: la organización aseveró que, pese a las promesas de López Obrador de ya no recurrir a la Iniciativa Mérida, el gobierno mexicano recibió cerca de 150 millones de dólares al año entre 2019 y 2020 “principalmente para medidas contra el narcotráfico” y que “desvió 4 millones de dólares de sus propios programas de desarrollo para América Central con el fin de destinarlos a la detención y expulsión de migrantes”.

De manera más general, la organización deploró que López Obrador entregó la política migratoria al cuerpo militarizado de la Guardia Nacional, que desde el verano de 2019 impide el paso de los solicitantes de asilo centroamericanos por México; aparte, señaló que la administración no amplió las capacidades de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, que está colapsada bajo las decenas de miles de solicitudes de asilo que ha recibido en los últimos años.

HRW también hizo eco a las denuncias de defensores de derechos humanos en México, quienes tachan de inconstitucional el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y critican su subordinación ante el presidente López Obrador y su gobierno, de los que la mujer es una incondicional. El informe de la organización la retrató como “una exdirigente del partido al cual pertenece el presidente” con un “vínculo demasiado estrecho con el gobierno para ser autónoma y apolítica”.