BOGOTÁ (apro).- México y Colombia, los dos países del mundo que más alto costo han pagado en materia de lucha antidrogas por la cantidad de muertos y los niveles de violencia que el combate a las mafias del narcotráfico les ha generado, están tomando caminos divergentes en sus estrategias frente a ese fenómeno. Mientras el entrante gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que iniciará el próximo 1 de diciembre, alienta un debate nacional para encarar el tema de las drogas desde una perspectiva social que incluya un acuerdo de paz con el crimen organizado, el presidente colombiano Iván Duque opta por enfatizar las medidas represivas. Justo este lunes, Duque –quien lleva dos meses en el cargo-- firmó un decreto que permite a la policía colombiana decomisar la “dosis mínima” de droga que la Corte Constitucional colombiana había despenalizado en 1994 en su porte y consumo cuando el estupefaciente fuera destinado a uso personal. Hasta ahora, cualquier ciudadano colombiano tenía derecho a portar hasta 20 gramos de mariguana, un gramo de cocaína o dos gramos de metacualona. Esto cambia desde la entrada en vigor del decreto firmado por Duque y la policía podrá decomisar cualquier cantidad de droga, incluso en cantidades destinadas a su uso personal. La medida de Duque es, principalmente, un gesto simbólico que marca un quiebre con la política antidrogas que había promovido su antecesor, Juan Manuel Santos, quien estaba a favor de debatir la despenalización de drogas como la mariguana y pensaba que era absurdo criminalizar a un campesino latinoamericano por sembrar esa droga mientras cada vez más estados de Estados Unidos legalizaban su uso. La Corte Constitucional colombiana sostiene que el consumo de drogas es una actividad que atañe a la esfera individual de la persona y que, mientras no transgreda derechos de terceros, no puede ser objeto de sanción alguna. La decisión de Duque de decomisar pequeñas cantidades de drogas a los consumidores está orientada a satisfacer las demandas del sector más duro y conservador del Centro Democrático, el partido ultraderechista que lo llevó al poder. El mandatario colombiano ha dado muestras de que también busca alinearse con la nueva política antidrogas de Estados Unidos, que enfatiza, como en los viejos tiempos, la represión y el combate a la producción, más que la prevención. De hecho, el gobierno colombiano ya decidió que reanudará las fumigaciones de áreas de cultivos ilícitos con glifosato, un herbicida considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) potencialmente cancerígeno. La Corte Constitucional colombiana había recomendado al gobierno aplicar el “principio de precaución” y suspender su uso y hace tres años el presidente Juan Manuel Santos acató esa observación. Pero frente a las presiones del gobierno de Estados Unidos que presidente Donald Trump por el aumento de cultivos de hoja de coca en Colombia, la agenda entre los dos países ha vuelto a “narcotizarse”. La semana pasada, al encontrarse en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, Trump le dijo a Duque que si fracasa en su lucha contra los cultivos ilícitos “solo será un presidente más”. Según un informe de la ONU, los cultivos de hoja de coca en Colombia llegaron a 171 mil hectáreas el año anterior, un 17% más que en 2016. Ese es el principal argumento de Duque para reanudar las aspersiones con glifosato, las cuales, históricamente, han generado enormes tensiones sociales en el país por el daño ambiental, agrícola y de salud humana que causan. Para López Obrador, el principal argumento para explorar políticas alternativas frente al narcotráfico –entre ellas rebajar penas a jefes del crimen organizado que se entreguen a la justicia, confiesen sus delitos y reparen a sus víctimas—es que la estrategia de la “guerra” que empezó Calderón y siguió Enrique Peña Nieto ha causado miles de muertos y no ha logrado ni siquiera contener el problema. Por el contrario, México es un país cada día más violento y más acosado por las mafias del narcotráfico. Durante el sexenio de Calderón (2006-2012), los homicidios aumentaron en 102% con relación al de su predecesor, Vicente Fox, y con Peña Nieto crecieron en otro 15%. A pesar de que la brecha entre las estrategias de México y Colombia para combatir las drogas tenderá a ampliarse en los próximos años, ambos países saben de la importancia de reforzar su cooperación bilateral para ser más eficaces en dos aspectos de la lucha antidrogas que golpean a los grandes capos: el lavado de dinero y la interdicción de cargamentos de cocaína. Aún en las diferencias de enfoques, las dos naciones –que juegan un papel estratégico en el mapa global del narcotráfico— saben que deberán dar seguimiento y reforzar las políticas conjuntas antidrogas que vienen desarrollando desde hace varios años.