Ciudad de México (Proceso).- El último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerrará con mayores trasferencias federales, aunque menores ingresos de las entidades federativas pondrán al límite el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).     

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2024), el cual se discute actualmente en el Congreso de la Unión para su aprobación, la autoproclamada Cuarta Transformación contempla participaciones por un billón 268 mil millones de pesos, mientras que por concepto de aportaciones destina 986 mil millones. En su conjunto son 2.2 billones de pesos, lo que implica un crecimiento de 0.3% con respecto al PEF 2023.     

Las participaciones son recursos que los estados pueden utilizar de modo libre, mientras que las aportaciones son transferencias condicionadas para fortalecer las áreas de salud, seguridad, educación y finanzas a nivel subnacional.

Ocho de cada 10 pesos de los ingresos estatales, provienen de las transferencias federales. Para el 2024 las transferencias federales (participaciones y aportaciones) equivalen a 7.5 % del PIB y a 26.8 % del gasto público neto total.

De acuerdo con la agencia calificadora Moody’s Investors Service, las transferencias federales etiquetadas o aportaciones se definen en el presupuesto y no fluctúan durante un año fiscal, por lo que cada entidad tiene la certeza del monto que dispondrá.

Sin embargo, las participaciones fluctúan y están en función de la recaudación federal participable (ingresos petroleros y tributarios).

Cuando se observa una diferencia entre el monto presupuestado y el observado, se dispone del FEIEF para cerrar la mayor parte de esa brecha.

Por consiguiente, los estados y municipios cuentan con cierto margen para recibir en un año fiscal la mayor parte de las transferencias federales que se especifican en el presupuesto federal.

“El crecimiento de las transferencias de acuerdo con el proyecto es muy sólido y permitiría a los estados y municipios afrontar presiones de gasto y mantener relativamente estables los balances operativos y financieros, lo cual representaría un factor positivo en el perfil crediticio de las entidades”, explicó el análisis de la firma.

No obstante, advirtió, algunos estados y municipios podrían enfrentar presiones temporales de liquidez en tanto reciben los fondos del FEIEF. “En este sentido, prácticas de presupuestación relativamente conservadoras respaldarían un manejo adecuado de la liquidez a lo largo del año fiscal”.

El asunto es que las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año parecen muy optimistas, por ejemplo, incluye un crecimiento económico real del 3%, una inflación promedio de 4.5% y un precio promedio del barril de petróleo de 56.7 dólares por barril.

De acuerdo con el proyecto, las participaciones crecerían 3.9%, las aportaciones 7.2% y otras transferencias por convenio en 10%, respecto al presupuesto 2023.

“Esto reduciría los ingresos presupuestarios en un 1.8 % respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF 2023). Específicamente, se estima que el IVA sea 10.6% menor y que los ingresos petroleros sean 40% inferiores comparados con lo aprobado hace un año”, estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Lo anterior tiene repercusiones directas en la Recaudación Federal Participable (RFP), la cual se compone por ingresos tributarios, así como de transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP). En este contexto, se propone una RFP de cuatro billones 585 mil 352.1 mdp, la cual es 1.5 % menor a la aprobada en 2023.

Cuando las participaciones son menores a las aprobadas en la LIF las entidades federativas pueden hacer uso de los recursos del FEIEF, que es mecanismo de compensación.

Sin embargo, en lugar de fortalecerse mediante recursos excedentes ha recurrido a la emisión de deuda.

Los Criterios Generales de Política Económica contenidos en el Paquete Económico 2024 mencionan que se realizó una potenciación del fondo para poder entregar las participaciones a los estados en 2023 por 50 mil millones de pesos en julio de 2023.

Aunado a esto, las bajas perspectivas de ingresos petroleros han hecho que el monto propuesto para 2024 sea 40.7 % menor a lo aprobado en 2023.

“Por lo tanto, el FEIEF seguiría sin fortalecerse y sin suficientes recursos para compensar a las entidades ante menores participaciones como ha ocurrido este 2023”, advirtió el CIEP.

En el mismo tono, Moody’s señaló en su reporte que si en 2024 se vuelve a utilizar el FEIEF, es probable que el saldo disponible para años posteriores sea muy bajo o nulo y que no se cuente con una protección ante un choque de ingresos, lo cual podría debilitar el perfil crediticio de las entidades en el futuro.

“Si bien en 2020 y 2023, se llevó a cabo la potenciación del fondo y de esta manera se mantuvieron saldos del FEIEF disponibles para los años siguientes, es probable que de aprobarse el proyecto, este mecanismo se vuelva a realizar o que en su defecto, el FEIEF sea extremadamente bajo o nulo”, alertó.

Al primer semestre de 2023, el saldo del FEIEF es de 22 mil 942 millones de pesos. Si se compara este monto con lo que se debe por participaciones (39 mil 637 millones), entonces el FEIEF no cuenta con los suficientes recursos para compensar esta pérdida en la recaudación.

El CIEP en su estudio, Inestabilidad en la Recaudación Federal Participable: Repercusiones en el gasto federalizado deja claro que la actual coordinación fiscal implica que los recursos federalizados representen más del 80% de los ingresos subnacionales.

En este contexto, el que 22 estados no estén recibiendo los recursos que se esperaban, tiene repercusiones importantes en la realización de política pública a nivel subnacional.

Ante la imposibilidad de acudir al FEIEF para compensar la menor RFP, se ha recurrido a la emisión de deuda.

 “Esto puede tener consecuencias negativas, puesto que las altas tasas de interés presionarían el costo financiero de la deuda y de la propia potenciación; lo cual hace que esta dotación de recursos sea insostenible” sostuvo el reporte.

De igual manera, remató, es posible que, ante la incertidumbre de la entrega de recursos de la RFP, los gobiernos subnacionales tengan que recurrir a la contratación de deuda, recortes en su gasto público o incremento de la recaudación local para enfrentar el problema.

El CIEP subrayó que en 2024, no sólo se eligirá al presidente de la República, sino también se renovarán nueve gubernaturas, 31 congresos locales, mil 580 ayuntamientos y 16 alcaldías.

Por lo tanto, concluyó, es importante que los candidatos a estos puestos consideren lo que propone el presente PPEF, así como la situación del modelo hacendario actual, con el fin de que sus propuestas de políticas públicas sean realistas.