CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A siete años de que se reveló el fraude de Ficrea, presuntamente cometido por su principal accionista, Rafael Olvera Amezcua, y el cual las autoridades indicaron que ascendía a una cantidad equivalente a los 2 mil 700 millones de pesos, los afectados se reunieron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez, para pedirle que investigue a fondo el origen del mismo.

Este miércoles, los representantes de los ahorradores defraudados por Ficrea sostuvieron una reunión en Pablo Gómez, titular de la UIF quien expresó el compromiso de de seguir alimentando la denuncia de lavado de dinero en contra de Rafael “N” y Ficrea.

La UIF indicó que los ahorradores pidieron su intervención  para hacer del conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador la solicitud de subrogar Ficrea con la finalidad de recuperar el 100% de sus ahorros con todos sus intereses.

La reunión da cumplimiento a la instrucción del presidente López Obrador para que el Titular de la UIF recibiera a los afectados de Ficrea.

En diciembre pasado, se nombró a Virginia Gutiérrez Cisneros como juez rectora del concurso mercantil de esta empresa, en lugar de Guillermo Campos Osorio, quien tuvo que dejar dicha responsabilidad por una rotación natural que se da dentro de los juzgados. 

De acuerdo con el acta de nombramiento,, firmada por Adela Altamirano Guzmán, secretaría adscrita al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, su nombramiento se hizo efectivo a partir del 16 de noviembre de este año.

Cabe recordar que el concurso mercantil de Ficrea comenzó a finales del 2015, un año después de darse a conocer el presunto fraude, y el cual hasta la fecha ha monetizado miles de  millones de pesos en favor de 4 mil 900 acreedores.

Inicialmente el fraude afecto a 6 mil 800 personas, de las cuales mil 900 pudieron recuperar la totalidad de sus ahorros mediante el pago del seguro de depósito en sofipos equivalente a 25 mil UDIS, que en el 2015 equivalían a cerca de 130 mil pesos. 

Actualmente, Olvera Amezcua se encuentra detenido en un centro migratorio de San Antonio, Texas, debido a irregularidades en su estatus legal en Estados Unidos. Los afectados han solicitado que las autoridades mexicanas, especialmente la Fiscalía General de la República (FGR), soliciten la extradición del señalado para que responda en territorio nacional sobre las acusaciones que se le imputaron desde un inicio. 

Desde Estados Unidos, Olvera Amezcua ha intentado librar cada una de las acusaciones que se le atañen, tanto en México como en aquel país. En julio del 2019, antes de enfrentar un juicio en Florida, tuvo que llegar a un acuerdo con la sindicatura para ceder algunos bienes a cambio de que iniciara un juicio en su contra.

A cambio de no seguir con el proceso, Olvera Amezcua aceptó ceder el acuerdo consistió en ceder 82 propiedades en Estados Unidos, 42 en Madrid, España, 35 automóviles de diferentes marcas y modelos y 1.3 millones de dólares alojados en una cuenta bancaria.

En este contexto, la sindicatura ha tenido problemas para recuperar dichos bienes cedidos, los cuales, muchos de ellos están bajo resguardo de la FGR, por lo que no se han podido monetizar dichos activos en favor de la masa concursal.