CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Contraloría del Estado de Jalisco ejerció este martes su facultad de atracción en el proceso de investigación interna iniciada por el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) por el caso de abuso físico y psicológico en contra de un menor deportista en la disciplina de judo. 

A través de un oficio dirigido a Montserrat Guadalupe Gómez García, titular del Órgano Interno de Control, y del que Proceso tiene copia, María Teresa Brito Serrano, contralora del estado, fundamenta su determinación por la probable afectación o alteración de los valores sociales derivados de posibles actos irregulares cometidos por servidores públicos en contra de menores de edad. “De ahí que a la luz del interés superior de niñas, niños y adolescentes en todo momento se deberán de proteger y privilegiar sus derechos”, se lee en el documento. 

Luego de que Gabriela Martínez, madre del menor, ventilara la situación en redes sociales, el director general del CODE Jalisco, Luis Fernando Ortega Ramos, giró un oficio de colaboración el pasado 13 de febrero para iniciar un proceso de investigación interna por un posible caso de “bullying”, 20 meses después de que la mamá del judoca interpusiera la denuncia ante la Fiscalía del Estado.  

En dicho oficio, Ortega Ramos refiere apenas enterarse del caso; lo cual se contrapone con el relato de Martínez Ledezma, quien asegura haber enfrentado una red de encubrimiento desde la dirección del CODE Jalisco, ya que además de señalar un encuentro con el propio titular del organismo, existen al menos un par de documentos, de los que Proceso tiene copia, que acreditan que ya tenía conocimiento de la respectiva carpeta de investigación. 

El primero de ellos, con fecha del 25 de julio de 2023, un oficio enviado por el ministerio público desde la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niñas y Adolescentes, dirigido a Fernando Ortega, en el que le solicitan remitir una serie de documentos como parte de las indagatorias, así como la respectiva respuesta un día después por parte de Adrián Eduardo Huerta Quintero, entonces director jurídico del CODE Jalisco, en la que responde la solicitud “por indicaciones del director general”.  

Por lo pronto, Sara Cárdenas Arce, presidenta de la Asociación de Judo Tapatía (AJT) y parte del cuerpo de entrenadores de las selecciones estatales de la especialidad, fue vinculada a proceso por el delito de responsabilidad profesional y técnica, fijándose tres meses de plazo para que se realice la investigación complementaria de desahogo y depuración de pruebas. 

El delito de responsabilidad profesional y técnica, contemplado en el artículo 161 bis del Código Penal del Estado de Jalisco, se castiga hasta con tres años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por el doble de la pena privativa de libertad impuesta.