ÍMURIS, Sonora.– El camino polvoriento entre cerros empinados que lleva hasta la presa Comaquito y al rancho El Aribabi es testigo silencioso de la devastación natural y sequía en curso en este municipio para construir un tramo de vías ferroviarias que concluirá en el puerto de acceso fronterizo en Nogales, Sonora, hacia el mercado estadunidense.

En medio del polvo está la trama de corrupción que derivó en una controversia transnacional ante el Secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se reveló que el rancho en cuestión todavía era un área de conservación preservada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) hasta el 8 de enero de 2025, al tener vigentes sus permisos, con folios 250/2011 y 317/2012.

La obra no sólo arrancó sin que el promovente oficial, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno estatal, hubiese realizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sino que a la par de la citada omisión legal los trabajos de construcción, coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), empezaron en un área con permisos activos otorgados por la Conanp.

El representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, Alejandro Oliveira, explica: “El gobierno de México dice en su respuesta a nuestra petición ante la Comisión del T-MEC, que solicitó de manera anticipada quitar esos permisos del área natural de conservación, pero resulta que sí los tuvieron y que a la fecha todavía estaban, hace unos días aparecían en el listado de la Conanp vigentes como área fracción A y B con los permisos y su condición legal, aunque sea privada.

Es una total simulación con el caso de El Aribabi porque hasta en la MIA el gobierno de Sonora dice: ‘Como ya compré los terrenos, ya no existen. Entonces, ya no es necesario preguntarle la opinión a la Conanp, y la Semarnat dice: ‘Ah, bueno, te creo’. Ni siquiera confirmaron si seguían existiendo tales áreas del rancho.

Oliveira y un organismo hermano con sede en Phoenix, Arizona, encabezan la única resistencia civil organizada contra esta obra por medio de una petición ingresada en octubre del año pasado ante el Capítulo 24 de la CCA, debido a las omisiones que la Secretaría de la Defensa y el gobierno sonorense cometieron desde febrero de 2023, cuando iniciaron la construcción de la reubicación de vías de 63 kilómetros sin la debida consulta pública y reservando información.

Sólo contaron con una controvertida autorización ‘provisional’, tramitada hasta mayo de ese año por el entonces secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Heriberto Aguilar Castillo, hoy senador por Morena, quien entonces posteó en X: “Todo dentro de la legalidad”.

Ese tipo de permisos provisionales han sido declarados sin validez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los promoventes los emplean en obras federales de alta prioridad, como es este caso a cargo de la Sedena.

“Hay una responsabilidad legal de los funcionarios promoventes que firmaron la MIA y de los consultores también, porque la legislación es muy clara, sólo hay tres situaciones por las cuales no se debe autorizar una MIA: uno, si contraviene la ley; dos, si afecta a especies en riesgo; tres, si hay falsedad en los estudios. Ese permiso no se debió otorgar.

“Todo fue una simulación, no sólo de las áreas naturales protegidas, sino también del permiso provisional, la MIA definitiva, porque todo el proyecto empezó y le dieron banderazo tanto el gobernador y el presidente Obrador sin ninguno de estos estudios”, dice Oliveira a Proceso desde La Paz, Baja California.

La MIA definitiva fue tramitada oficialmente hasta el 11 de abril de 2024, pero ahora por el tercer titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano sonorense (Sidur), involucrado con el popularmente conocido como ‘Tren Fantasma’, Godofredo Gardner Anaya, que promovió este recurso ante la Semarnat contratando a los consultores Grupo Selome para su elaboración.

Gardner Anaya relevó en el cargo a Omar del Valle Colosio, ahora diputado plurinominal por el Partido Verde en el Congreso de Sonora, éste a su vez asumió la Sidur tras la renuncia de Aguilar Castillo en el verano de 2023 para sumarse a la campaña de Sheinbaum.

La megaobra, heredada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la actual administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, se anunció que concluiría entre septiembre y diciembre de 2024.

Incluso el ingeniero residente militar del proyecto, el mayor David Ignacio Casanova Vázquez, anunció el 12 de febrero de 2023 ante ejidatarios molestos de Ímuris que se trataba de una instrucción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para ser cumplida cabalmente en menos de dos años.

“A nosotros nos dicen que se haga esto y se tiene que hacer, estamos acostumbrados”, reiteró en esa ocasión ante los reclamos de los ganaderos presentes.

Luis Alfonso Pesqueira Tapia, propietario de la Quinta Edna Alicia, en Ímuris, fue uno de los ejidatarios presentes en esa ocasión que alzó la voz. Hoy defiende por la vía legal su propiedad, ubicada exactamente donde la vía actual, que viene desde Guaymas, se abrirá hacia el este para enfilar por el puente Babasac y llegar hasta la presa Comaquito, partiendo en dos su propiedad agrícola.

“Éste es un terreno con el que tenemos casi 50 años. No están intentando apoderarse sólo de un pedazo de tierra, sino de todo un sistema de producción del que depende nuestro modo de vida y toda una familia por generaciones. Creemos que no es justo”, dice.

Pesqueira Tapia agrega que su terreno enfrenta un proceso de avalúo que no le favorece porque la Secretaría de Gobierno estatal le ofrece 24% menos de lo que en realidad vale esa fracción de su milpa.

En algún momento la maquinaría va llegar ahí...

____________________________________________

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0022 de la revista Proceso, correspondiente a abril de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.