Alejandro Gertz Manero
Lozoya, Robles, Cabeza de Vaca… Ante sus fracasos, el fiscal Gertz reparte culpas
En la recta final del sexenio, la FGR no ha logrado judicializar los casos que el presidente López Obrador considera emblemáticos de la corrupción de gobiernos pasados, como los de Emilio Lozoya, Rosario Robles y el exgobernador García Cabeza de Vaca.
En la recta final del sexenio, la FGR no ha logrado judicializar los casos que el presidente López Obrador considera emblemáticos de la corrupción de gobiernos pasados, como los de Emilio Lozoya, Rosario Robles y el exgobernador García Cabeza de Vaca. Uno a uno se le han ido cayendo. Ante la incapacidad para acreditar sus acusaciones, la Fiscalía culpa a los jueces y presenta quejas ante el Consejo de la Judicatura.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Estafa Maestra, el caso Emilio Lozoya y las acusaciones contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca son algunos de los asuntos que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado concretar pese a que el presidente López Obrador ha enfocado en ellos 1su discurso de lucha anticorrupción. Ante la falta de resultados, la fiscalía ha optado por emprenderla contra los jueces.
Incapaz de acreditar sus acusaciones, la FGR ha iniciado carpetas de investigación contra los juzgadores que han desestimado los casos y ha presentado diversas quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El 24 de febrero último un juez federal canceló el proceso penal que la fiscalía emprendió en 2019 contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga, y dejó abierta la vía para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) proceda con sanciones administrativas en su contra.
Desde su vinculación a proceso, Robles Berlanga se convirtió en la primera exfuncionaria del anterior gabinete federal en pisar la cárcel por corrupción, pero en más de tres años la FGR no logró acreditar su imputación.
La fiscalía no responsabilizó a Robles de quedarse con más de cinco mil millones de pesos de recursos federales desviados de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En cambio, señaló que la exsecretaria de Estado tenía la obligación de evitar los desvíos cometidos por sus subalternos o de informarlo a su superior jerárquico, el presidente Peña Nieto, mismos que le fueron advertidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien la vinculó a proceso, le impuso la medida de prisión preventiva justificada, pues aunque afirmó que en su única cuenta bancaria apenas tenía 26 mil pesos y estaba desempleada, consideró que tenía un alto riesgo de fuga, debido a que desde la primera vez que compareció a audiencia informó que recién llegaba de un viaje por Europa con su hija, Mariana Moguel, y que originalmente duraría tres meses, por lo que el juez señaló que, de no tener recursos, Robles no podría pagar un viaje así, además de los contactos que tenía como exsecretaria de Estado que podían ayudarle a darse a la fuga.
En aquella diligencia la FGR presentó una copia de una licencia de conducir falsa con un domicilio distinto al que Robles declaró en su comparecencia, prueba que fue desestimada luego de que la imputada tramitó un juicio de amparo.
En el caso la FGR señaló a diversos rectores de universidades e institutos, así como exfuncionarios de la Sedesol y la Sedatu implicados directamente en los desvíos de la Estafa Maestra, por lo que inició más de 20 carpetas de investigación. En esas carpetas aparece Emilio Zebadúa, el exoficial Mayor de ambas dependencias, quien firmó los contratos irregulares señalados por la ASF autorizando la salida de dinero.
