La presidenta de la República, de nueva cuenta, ejerció la facultad de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión; propone otra modificación a la Constitución. Es la iniciativa de esta semana. Esperemos a ver qué ocurre para la semana que entra. Pudiera ser la iniciativa que eleve al nivel constitucional la prohibición de extraditar a Rubén Rocha Moya y que también disponga que, por ningún concepto, se prive de su cargo al invisible senador Enrique Inzunza.

La presencia del ministro en retiro Arturo Zaldívar en la Comisión redactora de la iniciativa de reformas a la Constitución de esta semana, que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación y las entidades, indica que la consejera Jurídica de la Presidencia, María Luisa Albores, Clara, Ernestina, Citlalli, Luisa María o como se llame, no dio el ancho para elaborarla. 

A ella la salieron de Morena por su falta de liderazgo. Se guardaron las formas: no se le destituyó, como se lo merecía. Se le promovió bajo el expediente de que es 90% fiel al movimiento y 10 % competente para ejercer el cargo.

En la iniciativa de reforma se notan, cuando menos, tres estilos y, por lo mismo, tres autores: uno, bien cuidado y técnico; los otros, corrientes, oficialistas, ampulosos y declarativos. Hay algo bueno, no es mínimo: la ministra del pueblo –como a ella gusta llamarse–, el año que entra estará pelas para la Presidencia de la Suprema Corte. De aprobarse, el cargo de presidente del alto tribunal lo ocuparía el ministro que, en la elección interna, alcance el mayor número de votos. Ella, en el mejor de los casos, alcanzaría uno: el suyo. No creo que las ministras con las que se ha enfrentado en público y en privado voten por ella. 

Qué pena, la propuesta eliminará un motivo fundado de burla y risa, tanto en los medios, como entre los profesionales del Derecho. 

Se habla de que la reforma es contradictoria; lo es, pero no importa, en el caso de la Presidencia de la Corte prevalecerá la ley posterior: Lex posterior derogat priori. No le muevan nada; déjenla tal cual. Así como se las gastan, son capaces de cometer otros y más graves errores.

La iniciativa, de manera innecesaria, entra en detalles; hacerlo es propio de la legislación secundaria, no de la Carta Magna (v.g. artículos 96, 98, 116 y 122, entre otros). Ni modo. Ya estamos acostumbrados a que en lugar de tener una buena Constitución Política, breve, clara e imperativa, tenemos un mal reglamento fundamental: confuso, detallado y contradictorio. 

Por virtud de la iniciativa volverán a aparecer las salas de la Suprema Corte de Justicia. En lo sucesivo –como no hay duda de que se aprobará–, se denominarán secciones. La supresión de las salas fue uno de los graves errores de la reforma propiciada por AMLO. Éste, en su ánimo revanchista por el odio que le tenía a la ministra Norma Piña, barrió parejo. No midió las consecuencias y no tuvo a su alrededor un jurista que le hiciera notar los inconvenientes de hacerlo. 

La supresión de las salas fue uno de los tantos inconvenientes de haber tenido un gobernante absoluto, que no gustaba escuchar argumentos, pero sí alabanzas y elogios. 

Las secciones a que alude la iniciativa conocerán materias de mero trámite, lo que significa que se dedicarán a disponer el archivo de cuestiones importantes para los gobernados. Es de suponerse que el presidente de la Corte no formará parte de las secciones. 

Dado que el número de ministros es de nueve, las secciones pudieran ser dos y que cada una de ellas se conforme de cuatro ministros. Esa circunstancia pudiera dificultar la resolución de los asuntos, por razón de las votaciones que se empaten. Es de suponerse que en esos casos el presidente de la Corte tendrá voto de calidad y que emita su sufragio sin conocer la materia objeto de la controversia.

En otra colaboración haré algunos comentarios respecto de la propuesta del legislador Ricardo Monreal. Él, pasándose de listo y curándose en salud, propone agregar una causal de nulidad de las elecciones: cuando exista la sospecha de una intervención extranjera en su celebración. Alguien agregó otra causal: cuando en ellas medie financiamiento de la delincuencia organizada. Es de esperarse que respecto de la primera baste una presunción y con relación a la segunda se requieran pruebas documentales públicas, corroboradas, con declaraciones formalmente emitidas ante las autoridades competentes. 

En el artículo 4 transitorio de la iniciativa, si bien en el nivel federal se prevé la normatividad transitoria aplicable, no se dispone nada respecto de la normatividad aplicable en las entidades federativas. Lo que es una omisión grave. En este caso, la disparidad de normatividad entre una y otra entidad, pudiera derivar en confusión o dilaciones.

Debemos hacernos a la idea de que la presidenta Sheinbaum, la semana que entra, presentará otra iniciativa de reformas a la Constitución para enmendar los errores que se colaron en la que acaba de presentar, y que los señores legisladores miembros del Congreso de la Unión, por aquello de que no le muevan ni una coma, no puedan enmendar o, en el peor de los casos, por las prisas, se les pasen. 

A los morenos les urge reformar la Constitución. Como pinta el panorama electoral, saben que, pese a todas las trampas y enjuagues que han hecho para no perder el poder, los comicios a realizar próximamente no pintan nada bien para ellos. Mucho menos si se toma en consideración las investigaciones penales emprendidas por las autoridades de EU, respecto de muchos de ellos. Será suficiente con que se revoque la visa de un candidato para que, en automático, pierda su idoneidad para el cargo.

En la iniciativa que la presidenta presente al Congreso de la Unión dentro de 15 días debería proponer una adición al artículo 55 constitucional: “Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: … VIII. Poseer visa para entrar a los Estados Unidos de América.”