CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) reprochó que la iniciativa de modificación a la reforma judicial enviada la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum no corrige los problemas estructurales derivados de la misma y profundiza la incertidumbre institucional, económica y jurídica del país.

A través de un comunicado, la BMA afirmó que el aplazamiento de la segunda elección judicial al año 2028 es necesario, pero requiere también de una política pública que favorezca a los candidatos preparados y con experiencia por encima de quienes no cumplan con estas cualidades, lo que no está contemplado en la iniciativa de Sheinbaum.

“La función jurisdiccional constituye una de las tareas más complejas y especializadas del Estado. Los cargos de jueces y magistrados exigen preparación técnica, independencia, experiencia judicial y un conocimiento profundo de la ciencia del Derecho. 

“La iniciativa presentada omite atender este problema de fondo continuando con la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización por una que contempla mecanismos que privilegian factores ajenos a la capacidad técnica indispensable para impartir justicia”, señaló la Barra.

El Colegio explicó que la impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política, como el que se realiza en los comicios ordinarios pues los jueces constitucionales o magistrados federales no son ni pueden ser “delegados de intereses mayoritarios ni operadores políticos”, sino garantes de la Constitución, de los derechos humanos y de la estabilidad jurídica del Estado.

“Debilitar los estándares técnicos de integración del Poder Judicial compromete inevitablemente la calidad y temporalidad de las resoluciones judiciales y erosiona la confianza en las instituciones”, indicó. 

“La incertidumbre derivada de las modificaciones al sistema judicial ha contribuido al deterioro de la percepción de seguridad jurídica en México, afectando negativamente las condiciones para la inversión nacional y extranjera. Ninguna economía moderna puede sostener niveles adecuados de crecimiento cuando los inversionistas carecen de confianza en tribunales al dejar de ser independientes, técnicamente competentes y capaces de resolver controversias conforme a derecho”. 

Añadió que la iniciativa de la presidente no ofrece mecanismos eficaces para responder a la necesidad de reglas claras, estabilidad institucional y órganos jurisdiccionales confiables para la inversión extranjera sino que, por el contrario, incrementa la percepción de incertidumbre respecto de la imparcialidad y profesionalización de los juzgadores que deberán resolver, en un futuro, conflictos de alta complejidad económica, regulatoria y constitucional.

“La legitimidad democrática de los jueces no deriva de su popularidad electoral, sino de su independencia, imparcialidad, capacidad técnica y sujeción estricta al orden constitucional”, precisó. 

“La protección y defensa a los derechos humanos no depende de que un juzgador haya sido electo mediante voto popular, sino de que sus decisiones sean previsibles, profesionales, autónomas y fundadas en derecho”. 

Recordó que a nivel internacional los sistemas judiciales con  mayor confianza económica y estabilidad institucional son aquellos que protegen la carrera judicial, fortalecen la especialización técnica y blindan a los juzgadores frente a presiones políticas o electorales.

Por ello, exhortó a que, en caso de realizar otra modificación al sistema judicial mexicano, se construya mediante un diálogo amplio, técnico y plural que priorice el fortalecimiento del estado de Deerecho, la independencia judicial y la seguridad jurídica.