CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Los problemas de origen de la reforma judicial son imposibles de subsanar con modificaciones como las que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, pues este nuevo sistema debe ser revocado.

Así lo asegura el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés. Considera que, aunque la iniciativa de la mandataria federal intentó corregir algunos errores de origen de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador (en 2024), los grandes problemas de la misma continuarán vigentes.

“El destino de la reforma judicial, en el corto o mediano plazo, es su revocación”, afirma.

“Es imposible mejorar esa reforma. La reforma acabó con los avances alcanzados a lo largo de décadas, entre ellos con la carrera judicial. De ese daño no son responsables los actuales juzgadores y no dudo que muchos están haciendo un esfuerzo genuino por impartir justicia en los mejores términos posibles, pero la estructura de la reforma no los favorece y los rendimientos del aparato judicial van a ser decrecientes. 

Pronto veremos, por ejemplo, que la jurisdicción mexicana no será aceptada en contexto del tratado de libre comercio que se esté renegociando.

Valadés encabezó la elaboración del Informe Académico sobre la Reforma Judicial de 2024 en México, emitido por el IIJ, que concluyó que, aunque era necesaria una reforma integral y sustancial al sistema mexicano de justicia, la de López Obrador fue una modificación que se realizó sin diagnóstico y pasó por alto los cambios necesarios para mejorar la justicia.

“Se optó por la precipitación e imposición de una reforma parcial y regresiva, sólo referida al Poder Judicial y sin la debida deliberación parlamentaria ni ponderación de la idoneidad de las medidas adoptadas para promover la imparcialidad, garantizar la independencia, combatir la corrupción y mejorar la calidad en la impartición de justicia”, señala el documento.

Por ello, el doctor en Derecho considera un “esfuerzo de buena fe” que la iniciativa de la presidenta incluya la elaboración de exámenes de conocimientos a los aspirantes a una candidatura judicial, pero indicó que ello tampoco resuelve el problema de fondo.

“La reforma de 2024 es incorregible. Además del problema de la elección hay otros muchos. Por ejemplo, durante todo su periodo los juzgadores federales estarán en el mismo lugar en el que fueron elegidos, por lo que quedarán a merced de las presiones políticas, corporativas e incluso delincuencialeslocales. Muchos de ellos van a vivir bajo amenazas constates”, explica.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum plantea rediseñar la planilla electoral y reducir el número de candidatos por cargo judicial, Valadés considera que esto no garantiza que la gente emita su voto de manera más informada que lo que ocurrió en 2025.

“Es una elección de apariencia técnica y de realidad política. Seguirá estando expuesta a la manipulación política y a la muy escasa participación ciudadana –comenta”.

Explica que el precedente establecido por las autoridades electorales en 2025 facilita la existencia de “acordeones” como los que circularon en la primera elección judicial en favor de candidatos afines al oficialismo, situación que no es abordada en la iniciativa de la titular del Ejecutivo federal.

“Nada lo impide. El precedente ilegal fue validado por los órganos electorales en 2025. La nueva mayoría en esos órganos no modificará ese criterio. En los estados muchos gobiernos locales hicieron sus propios acordeones e iniciaron la era del caciquismo judicial federal. Esto sólo tendrá remedio cuando se reconstruyan las instituciones públicas, federales y estatales”, asegura.

Luego del anuncio de la presidenta de modificar la reforma judicial de 2024 que, entre otras cosas, aplaza la siguiente elección para 2028, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que el retraso de los comicios es un reconocimiento claro del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original.

“Aplazar un año el ejercicio, equivale a posponer un error sistémico sin atender las causas de fondo.

“La reducción, por ejemplo, del número de candidatos y la ‘simplificación’ de las boletas son medidas insuficientes. Estas modificaciones no resuelven la fatiga de boleta ni el riesgo de que la elección judicial quede atrapada en la dinámica de los partidos políticos durante los procesos ordinarios”, advierte la JUFED.