Competir por todo, para que nada cambie, no me parece una solución óptima en nuestros tiempos. Colaborar en alianza con personas cuyo ejemplo inspira, por mucho, creo que es una mejor vía para enfrentar los retos de nuestra época.

Caer en otra de las trampas del oficialismo, que prospera al confrontarnos, y que postula que su reforma al artículo 127 constitucional sólo buscó eliminar "pensiones doradas", por tratarse de privilegios, tampoco abona en nada, más que en debilitarnos como sociedad.

Su discurso de que todo cuanto hace es para favorecer al pueblo, contrasta con la realidad de una agenda que ha tenido por objeto concentrar el poder, restringir derechos y dificultar sus mecanismos de garantía, como el juicio de amparo.

Los privilegios derivados de abusos de poder los pudo combatir caso a caso, por los cauces legales idóneos, pero la rendición de cuentas no le agrada a nuestro gobierno. Así que una vez más su táctica ha sido desconocer nuestros derechos.

Derechos adquiridos a pensiones dignas, por más que en nuestras precarias condiciones, parezcan exorbitantes.

Ahí la gran maniobra discursiva del oficialismo, pues en lugar de unirnos para exigir mejores condiciones de vida o enfocarnos en buscarle viabilidad a nuestros sistemas de pensiones, recortando los gastos que la corrupción nos impone, nos tiene una vez más a la defensiva de nuestros derechos más elementales.

Ante este desolador panorama, la Alianza por Pensiones Dignas ha presentado demandas de amparo contra la reforma al artículo 127 constitucional. Y una vez más, como sucede con la defensa de personas juzgadoras, llegará hasta instancias internacionales para lograr que se reparen las violaciones a los derechos de un grupo de personas que, tras trabajar toda su vida para tener tranquilidad, hoy se enfrenta a múltiples situaciones de vulnerabilidad que merman sus proyectos de vida.

Con obstáculos adicionales, dado que el Órgano de Administración Judicial, con desconocimiento del derecho a una jurisdicción natural, ha ordenado que todos los amparos contra aquella reforma constitucional sean tramitados por sólo cuatro órganos judiciales que sorprenderían si no actúan como órganos de consigna.

Algo que es de pronóstico reservado, pues ya se tiene noticia de desechamientos de otras demandas, aunque por el trabajo realizado en alianza para defender a personas juzgadoras contra la reforma judicial, exista una jurisprudencia regional que les obliga a entender que los amparos no son notoriamente improcedentes si con ellos se cuestiona un procedimiento de reforma constitucional.

Amparos que tendrían que ser admitidos por esos órganos judiciales, para luego conceder suspensiones contra la disminución de las pensiones de las personas quejosas, que están padeciendo diversidad de afectaciones para ellas y sus familias, con la disminución de más de la mitad de sus ingresos de un momento a otro.

Pero esperar que en estos casos se actúe con respeto a nuestros derechos, tristemente peca de ingenuidad.

No obstante lo cual, la batalla se debe dar, al menos para romper la ilusión, el engaño, de que vivimos en un Estado de derecho serio, en una democracia constitucional que respeta los derechos de todo mundo, para de esa forma dejar un ejemplo y una alerta para que el resto de la sociedad despierte y cada vez seamos más quienes en alianza, exigimos respeto a nuestros derechos y nos unimos en su defensa.