MORELOS (apro) .- Tras la instalación de la comisión interinstitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo para la creación del Instituto de Pensiones de Morelos, la sociedad civil organizada pidió que el proceso se maneje con transparencia y participación ciudadana, así como atención a la corrupción y a la rendición de cuentas en el manejo de jubilaciones y pensiones. 

La comisión se instaló el pasado martes 10 a puerta cerrada. A pesar de que se había convocado a medios de comunicación, no se permitió el acceso. Según el comunicado de prensa difundido por el gobierno, la gobernadora Margarita González Saravia destacó que la intención es integrar a todos los poderes y sectores involucrados para avanzar en la creación del instituto.  

Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, explicó que la conformación de una sola comisión busca agilizar la creación del instituto y proteger los derechos adquiridos de los trabajadores. 

El documento base se socializará internamente con dependencias administrativas y órganos autónomos, sin apertura prevista para ciudadanía o sindicatos independientes. La comisión quedó conformada por la Secretaría de Administración y Finanzas, la Consejería Jurídica, el ICTSGEM y todas las fracciones parlamentarias del Poder Legislativo. Entre los asistentes estuvieron funcionarios y legisladores locales. 

Esta reportera acudió a la conferencia de los lunes que ofrece la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, con la intención de preguntar sobre la creación del Instituto de Pensiones y la preocupación de algunos ciudadanos de que se posponga hasta después de las elecciones. Sin embargo, no permitieron preguntar, alegando que solo se autorizarían cuatro preguntas sobre la firma del convenio del plan de seguridad universitaria con instituciones privadas. 

Cabe recordar que la revista Proceso, en su edición 0032, publicó el reportaje “El jugoso negocio de las jubilaciones VIP de Morelos: pensionarse a los 35 años de edad”, donde se documentan diversas irregularidades y actos de corrupción en el proceso de jubilación en el estado.  

Asimismo, se aborda un estudio realizado por el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, titulado “Cuenta regresiva: el riesgo financiero de las pensiones en Morelos”, que analiza los riesgos y deficiencias del sistema actual y la necesidad de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

Roberto Salinas destacó que, con base en el estudio “Cuenta regresiva: el riesgo financiero de las pensiones en Morelos”, la creación de esta institución es un paso necesario, pero advirtió que el proceso aún presenta deficiencias.  

“Cuando únicamente se considera la visión gubernamental, los resultados no han sido buenos. Las designaciones en cargos y la creación de instituciones han carecido de transparencia y participación ciudadana”, comentó. 

Salinas enfatizó que uno de los principales problemas históricos ha sido la falta de atención al tema en el ámbito político y administrativo. “Se necesita que este proceso se lleve a cabo de manera transparente y abierta de cara a la ciudadanía, incorporando sectores que puedan aportar, como el académico, el privado y las instituciones especializadas en pensiones”, agregó. 

El especialista alertó sobre la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y denunció que la corrupción en el manejo de jubilaciones y pensiones sigue presente.  

“No hay un solo renglón en los boletines oficiales donde se hable de la corrupción. Tampoco existen carpetas de investigación judicializadas ni rendición de cuentas por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Incluso cuando se solicitan datos estadísticos, se señala que no se puede responder”, señaló Salinas. 

Asimismo, subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo para garantizar la participación ciudadana. “Se requieren foros, mesas de trabajo y congresos donde se escuche a los diferentes sectores, incluidos los que puedan tener reservas o no estén de acuerdo. La participación ciudadana no es un adorno; es fundamental para lograr un Instituto de Pensiones sólido y funcional”, recalcó. 

Salinas también destacó que la experiencia en Morelos indica que cuando solo trabajan gobierno y Congreso, los resultados no son satisfactorios. “Por eso es importante que se tomen en cuenta las propuestas de la sociedad civil, que se haga un seguimiento constante y que se dé información clara a la ciudadanía sobre cada etapa del proceso”, agregó. 

Abogados laboralistas, exfuncionarios y expertos en el tema consultados coinciden en que, si bien la creación del instituto es un paso necesario para fortalecer las finanzas públicas y garantizar pensiones, se requieren mecanismos que incluyan la voz de los trabajadores y de la sociedad civil para evitar decisiones centralizadas y poco transparentes.