El Senado discutió y votó sobre las llamadas “pensiones doradas”, un tema que vuelve a poner en el centro del debate la transparencia y rendición de cuentas en México. La ley establece que debe publicarse el listado de jubilados y pensionados y los montos que reciben cuando el dinero proviene directamente del presupuesto público. 

La discusión sobre las pensiones se está presentando de una manera muy dirigida. Es cierto: se trata de información pública, de información de oficio que debe estar disponible para consulta. La transparencia es una obligación del Estado.

 Pero una cosa es la transparencia para consulta pública y otra muy distinta es la exhibición pública con un propósito político.

Lo preocupante es que esta información ha sido exhibida públicamente con el riesgo de generar confusión entre la ciudadanía. La transparencia no es un acto mediático, sino una obligación legal: cualquier persona puede consultar o solicitar formalmente estos datos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que permite que la rendición de cuentas sea un proceso sistemático y no selectivo.

Desde la anterior Ley de Transparencia hasta la reforma vigente, que entró en vigor el 20 de marzo del año pasado y que derivó en la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI), la obligación de rendir cuentas se mantiene clara. Lo que no es aceptable es utilizar la información de manera selectiva o con fines políticos. La verdadera transparencia implica que cualquier ciudadano pueda conocer sueldos, prestaciones, dietas, declaraciones patrimoniales, viáticos y el uso de recursos públicos, incluidos los de los propios legisladores.

Durante mi gestión en el INAI vivimos varios casos que muestran la diferencia entre cumplir la ley y generar ruido político. Pemex, por ejemplo, se negaba a entregar listados de pensionados cuando la sociedad lo solicitaba, y tuvimos que intervenir para garantizar que se cumpliera la obligación legal. También ordenamos publicar contratos que no aparecían en la PNT o que figuraban como adjudicaciones directas fuera de la ley, pese a que los montos correspondían a licitaciones públicas, incluso internacionales.

Asimismo intervenimos cuando Pemex no informó sobre la contaminación del agua potable en colonias de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Reservar esa información habría puesto en riesgo la salud de la población, por lo que determinamos que debía hacerse pública. También ordenamos informar sobre la venta o donación de petróleo a Cuba desde administraciones anteriores hasta la actual, con detalles sobre cantidades, valor comercial, fechas y responsables.

Estas solicitudes fueron negadas inicialmente a los ciudadanos, lo que obligó al Instituto a garantizar el derecho de la sociedad a conocer cómo se usaban los recursos públicos. Son ejemplos de cómo la información se negaba cuando se solicitaba formalmente, pero hoy se difunde de manera proactiva en otros casos, lo que resulta contradictorio.

El tema de las pensiones nos obliga a reflexionar sobre la verdadera rendición de cuentas. Las pensiones son un derecho adquirido por años de trabajo y, si existen irregularidades, deben investigarse caso por caso mediante procesos formales, no mediante exhibiciones públicas que confundan a la sociedad. De lo contrario, lo que aparenta ser rendición de cuentas termina convertido en un juego político más orientado a la percepción que a la verdad.

El debate debería servir para recordar que la transparencia no puede aplicarse a conveniencia. Implica garantizar acceso a información completa sobre salarios, prestaciones, dietas, viáticos y uso de recursos públicos. 

También es importante recordar que el propio marco de transparencia contempla mecanismos de protección. Cualquier persona que considere que la divulgación de ciertos datos fue incorrecta y pueda causarle un perjuicio puede acudir a la prueba de daño, un procedimiento para demostrar que la difusión de determinada información generara un daño demostrable e identificable a un interés público y ponerlo en riesgo. 

La transparencia debe servir para informar y entender, no para construir narrativas de exhibición.