Para Julio Scherer García, a 100 años de su nacimiento

En plena Semana Santa –la conmemoración de un crimen en el que la inocencia de la víctima puso al desnudo la ceguera del poder–, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió al fin solicitar al secretario general de esa institución internacional que, con carácter de urgente, pida a la Asamblea General de ONU asumir la responsabilidad frente a las desapariciones forzadas que se cometen en México y que forman parte de los llamados crímenes de lesa humanidad. La finalidad es apoyar al Estado mexicano, dice el informe que acompaña la solicitud, en “la prevención, investigación, castigo y erradicación de ese crimen”. Es la respuesta a un llamado que desde hace muchos años organizaciones y colectivos de víctimas hemos demandado y que de alguna manera es un primer paso hacia la Justicia Transicional: pasar de un Estado capturado por el crimen a un Estado de derecho.

Aun cuando el concepto de crímenes de lesa humanidad –aquellos delitos que atacan la esencia de lo humano– se utilizó en los juicios de Núremberg en 1945 para juzgar a dirigentes nazis, su marco jurídico quedó establecido en 1998 en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se refieren a actos inhumanos graves y sistemáticos contra la población civil generando un sufrimiento colectivo. Desde hace 20 años –tiempo en el que la CED ha documentado la desaparición forzada en nuestro país— en México no sólo se desaparece, se tortura, se destaza, se extermina, se secuestra, se extorsiona con la participación o la aquiescencia del Estado. Desde hace 20 años el Estado lo ha negado o lo relativiza.

Recientemente, el gobierno de la 4T, a través de su Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, rechazó el informe y la solicitud de la CED de llevar el tema de las desapariciones forzadas ante la Asamblea General de la ONU. Lo patético del rechazo, que en un alarde de imbecilidad la CNDH respaldó, tiene varios niveles de ceguera:

• El negacionismo ante un horror documentado minuciosamente.
• La ignorancia de dichas instituciones de la definición de ese crimen. Ellas creen que se reduce a “casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado”. La definición, dice, en cambio, que es el “arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida”. En México tenemos 132 mil personas desaparecidas de las que el Estado no da cuenta; los cuerpos de quienes han sido encontrados en fosas no ha sido labor del Estado, sino de organizaciones civiles; hay una grave crisis de identificación forense que el Estado se ha negado a paliar: desde 2006 a la fecha los Semefos tienen más de 70 mil cuerpos sin identificar y en 2024 el gobierno de López Obrador cerró el Centro Nacional de Identificación Humana instalado en 2022 en Xochitepec, Morelos, para atender ese terrible rezago.
• La creencia de que el informe y la solicitud de la CED es un ataque al gobierno de la 4T, que no reconoce sus esfuerzos.

Esta ceguera es grave. Tanto el informe como la solicitud de la CED no se refieren a un gobierno en particular, sino a un problema de Estado que el informe de la Comisión data a partir de la mal llamada transición democrática. Tiene que ver por lo mismo, y aunque el informe no lo diga explícitamente, con los pactos de impunidad de los distintos gobiernos que han administrado el Estado con las élites políticas. Doy unos cuantos ejemplos de un enorme etcétera: durante el gobierno de Adán Augusto López (Morena) en Tabasco (2019-2021) las desapariciones se incrementaron en un 300%. Aristóteles Sandoval (PRI) y Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), gobernadores de Jalisco en 2013-2018 y 2018-2024, respectivamente, están vinculados con el campo de reclutamiento forzado y de exterminio en el área de Teuchitlán; los gobiernos en Morelos de Sergio Estrada Cajigal (PAN), Marco Antonio Adame (PAN) y Graco Ramírez (PRD) (2000-2006; 2006-2012 y 2012-2018) están relacionados con la desaparición de cuerpos en el panteón Pedro Amaro en Jojutla; el último también con las desapariciones en la fosa del predio El Maguey en Tetelcingo, Cuautla, y qué decir de Cuauhtémoc Blanco y sus supuestos vínculos con miembros de los cárteles del CJNG, Guerreros Unidos y Tlahuicas.

El informe y la solicitud de la CED es una inmensa luz que ilumina una ruta que puede llevar a México a una verdadera Justicia Transicional. Abrir la puerta a la comunidad de las naciones para resolver el horror de las desapariciones forzadas sería el primer paso para enfrentar los otros crímenes de lesa humanidad que tienen sometido al país desde hace más 20 años, quitarse de encima las presiones de la administración de Donald Trump y transitar a un Estado de derecho. Para ello es necesario que al gobierno de Claudia Scheinbaum se le caigan las escamas de los ojos y llame a una unidad nacional en apoyo a la solicitud de la CED. Es necesario también que la prensa, los empresarios, las universidades, las Iglesias, las organizaciones sociales, los sindicatos y las partes sanas de los partidos la vuelvan la prioridad de sus agendas y la base de la tan manoseada e incomprendida cultura de paz.

De no hacerlo, el Estado mexicano será la enorme losa que impida a la nación resucitar y tendremos que encontrar a una buena parte de nuestros contemporáneos en el noveno círculo del infierno, donde en el helado mar de la Atenora habitan los que un día traicionaron a su patria.

Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.