CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Leyla Monserrat, adolescente de 15 años, fue asesinada el 25 de septiembre de 2025 en el municipio de General Plutarco Elías Calles, en Sonora, después de que dos adolescentes la citaron en una vivienda con el pretexto de una sorpresa. Las agresoras grabaron el ataque con un teléfono celular, material que posteriormente fue presentado ante un juez como parte de la investigación penal.

La desaparición de la menor fue reportada por su familia el mismo día en que acudió al encuentro. Autoridades estatales iniciaron un operativo de búsqueda que incluyó entrevistas a familiares, revisión de cámaras y análisis de comunicaciones. Días después, el cuerpo de la adolescente fue localizado enterrado en el patio de un domicilio del ejido El Desierto.

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Los peritajes forenses establecieron que la causa de muerte fue asfixia mecánica. La investigación determinó que la víctima fue sentada en una silla, se le cubrieron los ojos y se utilizó una cuerda para privarla de la vida. El registro en video permitió reconstruir la secuencia de los hechos y ubicar a las responsables.

Elementos de la policía estatal y personal ministerial realizaron un cateo en el inmueble donde ocurrió el ataque. Durante la diligencia localizaron indicios materiales y restos humanos que confirmaron la identidad de la víctima. El hallazgo permitió integrar la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

La investigación documentó comunicación previa entre las adolescentes antes del crimen

Autoridades ministeriales analizaron teléfonos móviles y redes sociales de las implicadas como parte de las diligencias. La revisión de mensajes permitió establecer que existió comunicación previa entre las adolescentes antes del encuentro en el domicilio.

Los datos obtenidos indicaron que la víctima fue convocada mediante un mensaje en el que se le solicitó acudir a una reunión. La investigación incluyó testimonios de personas cercanas a las menores y la revisión de antecedentes escolares.

El expediente judicial incorporó información sobre conflictos personales entre las adolescentes, los cuales fueron considerados como parte del contexto previo al crimen. Estos elementos fueron integrados al proceso para acreditar la participación directa de las responsables.

Las autoridades también revisaron el entorno social y familiar de las implicadas, así como el historial de convivencia entre ellas y la víctima. El análisis permitió establecer que existía una relación previa que facilitó el encuentro en el lugar donde ocurrió el ataque.

El video del crimen fue presentado ante el juez durante el proceso judicial

El material audiovisual grabado por las agresoras fue incorporado como evidencia en la audiencia judicial. La grabación permitió confirmar la participación de las adolescentes y describir las acciones realizadas durante el ataque.

El juez especializado en justicia para adolescentes valoró el contenido del video junto con los dictámenes periciales, testimonios y pruebas documentales. La evidencia permitió acreditar la responsabilidad penal de las implicadas en el delito.

Durante el proceso, las autoridades ministeriales explicaron que la grabación constituyó un elemento central para establecer la forma en que se desarrollaron los hechos. El material fue resguardado por la fiscalía como parte del expediente judicial.

El caso fue judicializado bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece sanciones diferenciadas para personas menores de edad. La legislación prevé medidas de internamiento y supervisión conforme a la edad y el grado de responsabilidad.

Una adolescente recibió menos de tres años de internamiento y otra obtuvo libertad asistida

El tribunal especializado dictó sentencia en abril de 2026 contra las dos adolescentes involucradas en el asesinato. La menor de 15 años recibió una medida de internamiento por un periodo de dos años y 10 meses, mientras que la adolescente de 13 años fue sancionada con libertad asistida por un periodo inferior a un año.

El juez también estableció el pago de una reparación del daño por un monto de 5 mil 677 pesos. La familia de la víctima informó que los gastos funerarios superaron esa cantidad y anunció que buscará revisar la resolución mediante recursos legales.

El proceso judicial se desarrolló conforme a las disposiciones del sistema de justicia para adolescentes, el cual limita la duración de las sanciones privativas de libertad en función de la edad de las personas responsables.

La familia de la víctima mantiene acciones legales para solicitar la revisión de la sentencia y la aplicación de las medidas previstas en la legislación vigente.