La iniciativa para reducir la jornada laboral en México, cuya implementación se plantea de manera gradual hasta 2030, ha sido presentada como un avance histórico en favor del bienestar de las personas trabajadoras. Sin embargo, más allá del discurso oficial, la reforma abre interrogantes inevitables sobre su aplicación real y sobre quién asumirá los costos de un cambio que, en el papel, resulta prometedor.

Tras meses de debate, el dictamen fue presentado en el Senado de la República. Aunque inicialmente la preocupación provenía del sector empresarial, hoy el temor comienza a trasladarse a las propias personas trabajadoras, quienes advierten posibles abusos patronales, ajustes discrecionales y simulaciones para cumplir la ley sólo de manera formal, sin respetar su espíritu.

El dictamen establece que la reducción de la jornada no podrá implicar, bajo ninguna circunstancia, la disminución de salarios, sueldos o prestaciones. La afirmación es contundente, pero la realidad laboral en México obliga a la cautela. En un país donde la informalidad, las horas extras no pagadas y la simulación contractual son prácticas persistentes, la garantía legal por sí sola no disipa el temor de que menos horas formales se traduzcan en mayor carga de trabajo o esquemas encubiertos de compensación.

Este punto se vuelve más complejo si se considera que versiones anteriores de la iniciativa contemplaban modificar la Constitución para otorgar dos días de descanso por cada cinco trabajados, propuesta que quedó fuera del texto actual. La reforma, en ese sentido, beneficia de manera parcial y no cumple con la expectativa generada en amplios sectores.

El sector empresarial, por su parte, ha advertido que la reforma implicará nuevos costos. De acuerdo con la Encuesta Jornada Laboral en México 2025, realizada por Concanaco Servytur y Canacintra, muchas empresas consideran necesarios apoyos gubernamentales (como reducción de impuestos o mayor deducibilidad de la nómina) para absorber el impacto económico. Detrás de esta postura subyace un temor legítimo: que la reducción de horas termine beneficiando a quienes no cumplen con sus responsabilidades laborales, afectando la productividad y trasladando el costo a quienes sí trabajan con compromiso. Este argumento puede resultar incómodo, pero no puede ignorarse; la reducción de la jornada no debe convertirse en un incentivo para la laxitud ni en una excusa para redistribuir injustamente el esfuerzo.

El proyecto de dictamen plantea modificar el artículo 123 constitucional para establecer una jornada de 40 horas semanales. No obstante, durante este año se mantendrán las 48 horas y, de aprobarse el calendario previsto, la reducción iniciaría en enero de 2027 de manera gradual durante cinco años. Si bien la gradualidad busca facilitar la transición, también entraña el riesgo de diluir la reforma y posponer indefinidamente sus beneficios.

El problema de fondo no es sólo el número de horas trabajadas, sino la forma en que se organiza el trabajo. Sin cambios reales en la organización laboral, la reducción puede convertirse en una trampa: menos horas en el papel, pero mayor intensidad, presión y desgaste. El exceso de trabajo ya ha mostrado sus efectos en forma de estrés crónico, enfermedades y aumento de accidentes laborales.

Reducir la jornada laboral puede ser un paso en la dirección correcta, pero no es una solución automática. Sin vigilancia efectiva, sanciones reales y una política pública que acompañe tanto a empresas como a personas trabajadoras, la reforma corre el riesgo de quedarse en una victoria simbólica.

El debate está abierto. Aunque se plantea como una medida de justicia laboral, el contexto actual muestra una creciente incertidumbre: miles de personas están perdiendo su empleo, incluidos los despidos derivados de la desaparición de órganos autónomos y recortes recientes en instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma podría mejorar la calidad de vida de muchas personas, pero sin estabilidad y protección real, las buenas intenciones corren el riesgo de quedarse, una vez más, sólo en el papel.