MORELOS (apro).- Cientos de trabajadores, pertenecientes a al menos 20 sindicatos de Morelos, se movilizaron por las principales calles de Cuernavaca para expresar su rechazo a la reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado y exigir respeto pleno a sus derechos laborales y a la seguridad social. 

La movilización partió desde el primer cuadro de la ciudad, avanzó por la calle Matamoros y concluyó en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, donde se concentraron los distintos contingentes sindicales. Durante el recorrido, los manifestantes portaron pancartas con consignas como “Todos los derechos para todos” y “Los derechos no se venden”, en rechazo a cualquier retroceso en las condiciones laborales. 

Entre las principales demandas expuestas se encuentran la implementación de la jornada laboral de 40 horas, garantías en materia de pensiones y jubilaciones, acceso a una vivienda digna y el respeto a huelgas activas, como la que mantiene el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. 

Al llegar a la Plaza de Armas, se realizó un mitin en el que se dio lectura a un pronunciamiento conjunto a nombre del Frente Social en Defensa de los Derechos de los Trabajadores al Servicio del Estado, también identificado como Colectivo Amplio Morelos, articulación que agrupa a sindicatos y organizaciones sociales del estado. 

En el documento, los manifestantes expresaron su rechazo a la precarización laboral y a la reforma a la Ley del Servicio Civil, al señalar: “basta de jornadas laborales que nos roban la vida, basta de salarios que no alcanzan para vivir, basta de trabajar más y vivir menos”, y exigieron la adopción inmediata de la jornada laboral de 40 horas. 

El pronunciamiento también abordó la problemática de la vivienda, al subrayar que “una casa no es un lujo, es un derecho humano”, y advirtió que sin condiciones adecuadas de bienestar social no puede hablarse de desarrollo ni de gobernabilidad. Asimismo, se exigió una solución “inmediata y justa” a la huelga del Monte de Piedad y se rechazó la criminalización de la protesta social, al señalar que “cuando un trabajador es atacado, todo el pueblo es atacado”. 

Durante la movilización, Diego Torres, integrante del Frente Social en Defensa de los Derechos de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Colectivo Amplio Morelos, explicó que al menos cuatro artículos de la reforma concentran las principales preocupaciones del sector sindical. 

Detalló que el artículo 2, en sus párrafos segundo y tercero, excluye del régimen de prestaciones a trabajadores cuyo salario proviene de convenios federales, aun cuando desempeñen funciones permanentes; el artículo 42, párrafo segundo, elimina derechos como aguinaldo y vacaciones para empleados financiados con recursos federales; el artículo 57 Bis condiciona el reconocimiento de la antigüedad para efectos de pensión; y el artículo 58 restringe el acceso a la jubilación bajo ese mismo esquema. 

Torres advirtió que estas modificaciones ponen en riesgo la estabilidad laboral y la seguridad social de miles de trabajadores, por lo que los sindicatos permanecerán en alerta hasta que se incorporen artículos transitorios que garanticen de manera expresa el respeto a los derechos adquiridos. 

En el mitin se precisó que el Frente Social en Defensa de los Derechos de los Trabajadores al Servicio del Estado, también conocido como Colectivo Amplio Morelos, se concibe como un espacio amplio, plural y combativo, que acompaña las demandas laborales sin responder a intereses personales ni a figuras políticas. “Nuestra fuerza no está en los cargos, sino en la calle, en los sindicatos, en las comunidades y en cada persona que no se resigna”, señalaron. 

La reforma a la Ley del Servicio Civil fue aprobada por la 56 Legislatura del Congreso de Morelos, a propuesta de la gobernadora Margarita González Saravia, y publicada en el Diario Oficial del Estado Tierra y Libertad el 22 de diciembre de 2025. Aunque autoridades estatales han expresado de manera verbal su disposición a realizar ajustes, los sindicatos insistieron en que cualquier garantía debe quedar formalmente establecida en la ley.