Los aeropuertos son la puerta de entrada al país. Sin embargo, mientras los usuarios sigamos pagando un impuesto elevado sin ver los beneficios que éste promete, la confianza en las autoridades seguirá deteriorándose.

Bastaron unos días de tormentas para que quedaran al descubierto las fallas del sistema hídrico y la falta de transparencia en el uso del impuesto que pagan los pasajeros para contar con instalaciones dignas de un aeropuerto internacional.

Las imágenes de la inundación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron como una inspección ocular en una auditoría: nada que debatir, todo estaba a la vista. Había fallas evidentes y ausencia de rendición de cuentas.

Las lluvias intensas dejaron calles inundadas, servicios colapsados, interrupciones en el transporte y, sobre todo, un sentimiento generalizado de desinformación y frustración.

Lo que estamos viviendo no es sólo consecuencia del clima, sino también de la falta de acceso a información sobre la infraestructura hidráulica, protocolos de emergencia y, en especial, datos abiertos que deberían estar al servicio de la ciudadanía.

Como comisionada del INAI tuve la oportunidad —y el reto— de enfrentar casos en los que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) negaba información crucial sobre niveles de presas, mapas de riesgo y planes de contingencia. Datos que no sólo deberían estar disponibles, sino que son vitales para tomar decisiones informadas, tanto a nivel ciudadano como institucional.

Cuando una ciudad desconoce su infraestructura hidráulica vive a ciegas. No sabe dónde puede colapsar el drenaje, no puede prever zonas de riesgo durante una tormenta ni exigir acciones cuando las cosas fallan.

Un ejemplo claro es el del AICM, que no puede darse el lujo de improvisar ante lluvias o fenómenos climáticos. Contar con información en tiempo real —proveniente de instituciones meteorológicas y de gestión del agua— permite tomar medidas con anticipación, informar a las aerolíneas y evitar que miles de pasajeros queden varados o pierdan vuelos.

Aquí surge la pregunta: ¿qué pasa con el impuesto adicional conocido como tarifa de uso de aeropuerto (TUA) que pagamos al volar? Según la ley, su objetivo es mantener, operar, modernizar y mejorar las instalaciones aeroportuarias del país. Sin embargo, lo ocurrido esta semana en el AICM demuestra que ese propósito no se está cumpliendo.

Especialistas y diversos reportajes han documentado que gran parte de lo recaudado se deposita en un fideicomiso destinado a pagar la deuda generada por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Esto significa que los usuarios estamos financiando esa cancelación, sin que exista un mecanismo transparente y accesible que permita conocer esta información de manera clara.

Hoy más que nunca urge una auditoría exhaustiva sobre el uso del TUA. Pero eso sólo será posible si existe coordinación, transparencia y, sobre todo, voluntad de prevenir en lugar de reaccionar.

Desde mi experiencia, propongo que gobiernos y empresas actúen en corresponsabilidad con la sociedad para anticiparse al caos y no lamentarlo después. Que no nieguen la información solicitada y difundan cómo funciona la ciudad, en particular su infraestructura hidráulica.

La transparencia salva vidas. La información salva ciudades.