En mayo de 2020, en el pico de la pandemia por covid-19, México recibió una donación de dos mil ventiladores Philips E30, distribuidos en 255 hospitales públicos para tratar pacientes graves. Lo que parecía un gesto solidario se convirtió en un escándalo de salud pública, según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Emeequis. Estos equipos, inadecuados para casos severos de covid-19, representan un riesgo mortal: su espuma de poliuretano puede degradarse, liberando partículas tóxicas que podrían causar asfixia o cáncer, según alertas de la FDA de 2021. 

Pese a que en abril de 2024 se notificó a la Presidencia, IMSS, ISSSTE y Cofepris sobre estos peligros, los ventiladores siguen en uso en hospitales de Durango, San Luis Potosí y el Estado de México comprometiendo la vida de pacientes y la confianza en el sistema de salud.

Este caso resalta la interdependencia de dos derechos humanos esenciales: el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4 de la Constitución mexicana, y el derecho al acceso a la información, protegido por el artículo 6. Sin las investigaciones periodísticas, apoyadas en herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), esta crisis habría quedado oculta. La transparencia es crucial para que la ciudadanía exija rendición de cuentas y enfrente negligencias de gobiernos y empresas como Philips México, que presuntamente sabía de los riesgos y no actuó con diligencia.

El derecho a la salud implica acceso a servicios médicos seguros y de calidad, pero el caso de los ventiladores expone fallas estructurales: equipos defectuosos, distribuidos sin manuales ni capacitación, fueron utilizados sin que las autoridades sanitarias los retiraran tras las alertas internacionales. Eso refleja una falta de rendición de cuentas que el acceso a la información podría mitigar. 

MCCI obtuvo documentos de la Secretaría de Salud y comunicaciones internas de Philips que detallan la distribución y los riesgos de los equipos. 

Sin la PNT, aunque limitada por los actuales fallos técnicos, rastrear estas irregularidades habría sido imposible. Testimonios, plasmados en las investigaciones, como el del señor Francisco, quien perdió a su esposa sin saber los peligros de los ventiladores, subrayan la importancia de dar voz a las víctimas.

La extinción del INAI, encargado de garantizar el acceso a la información, amenazó este derecho. Transferir sus funciones a una nueva entidad fragmentó el sistema de transparencia, aumentando la opacidad en casos como el de Philips. 

La PNT ha sido clave para documentar irregularidades, pero sin un organismo autónomo como el INAI, estas herramientas podrían debilitarse dejando a la ciudadanía sin defensa ante la corrupción y la negligencia.

El caso de los ventiladores no es sólo una falla técnica, sino una muestra de cómo la opacidad puede tener consecuencias mortales. Los equipos E30, diseñados para apnea del sueño, no para covid-19, fueron usados sin preparación adecuada, exponiendo a médicos y pacientes. 

La falta de retiro, pese a denuncias y alertas, evidencia negligencia de Philips y omisión de las autoridades. La transparencia ha permitido visibilizar estas fallas, pero no basta si no se traduce en acciones concretas, como el retiro de los equipos y sanciones a los responsables.

La ciudadanía debe exigir el fortalecimiento de la transparencia, la eficacia del nuevo organismo garante y políticas efectivas para proteger la salud. 

El derecho a la información es un puente hacia la justicia social: sin él, casos como ese seguirán afectando a los más vulnerables. Defenderlo es tan urgente como garantizar una salud digna. Saber es el primer paso para sanar.