Desde la implementación en 2024 hasta su consumación el 1 de junio último, la reforma judicial representó un verdadero parteaguas en la agenda política y social del país. A partir de ahora el estado constitucional de derecho habrá de adaptarse a esta decisión política impulsada por el gobierno y sus mayorías parlamentarias.

Lejos de especular si se trató o no de una medida adecuada –tema abordado desde diversos ángulos en la opinión pública y la academia–, serán los resultados e implicaciones estrictamente jurisdiccionales y de eficacia institucional de cara a los ciudadanos los que demuestren al paso del tiempo si el Poder Judicial de la Federación mejoró o de plano queda inscrito en una simulación anunciada por sus incuestionables repercusiones en la independencia e imparcialidad de los jueces, luego de este proceso sin comparación en otros países.

Lo cierto es que, a partir de septiembre de este año México contará con una nueva composición y funcionamiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando de 11 a nueve ministros; dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 magistraturas en sus Salas Regionales; 464 magistraturas de circuito y 386 nuevas plazas de jueces de distrito. Además de cambios significativos en el funcionamiento del órgano de disciplina judicial.

Al margen de esta recomposición orgánica, llamó la atención que durante el periodo de campañas la mayoría de los perfiles y pese a los escasos espacios que se habilitaron para la difusión de sus propuestas, se centraron básicamente en colocar dos premisas para captar el voto de los ciudadanos. Por un lado, la intención de acabar con la corrupción al interior del Poder Judicial y por otro –alineados a la narrativa oficial– la necesidad de vincular la labor jurisdiccional bajo la premisa de ciudadanizar la justicia.

En tal contexto, me parece relevante hacer notar que prácticamente ninguno de los perfiles abordó un tema neurálgico que precisamente abonaría de manera estratégica a dicha pretensión de sensibilizar la función jurisdiccional respecto de los problemas esenciales de la sociedad. Me refiero a la necesidad de colocar en el eje del actuar judicial, tal y como lo establece la Constitución, al interés superior de la niñez como parámetro prioritario en el marco de protección progresiva de los derechos humanos.

El Poder Judicial también juega un papel crucial, del que poco se habla aún, en la protección de los derechos de los niños y adolescentes, ya que es el encargado de garantizar que las leyes y tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, se apliquen de manera efectiva en juicios y controversias. 

Su importancia radica en que las decisiones judiciales impactan directamente en la vida, desarrollo y bienestar de este grupo vulnerable y de atención prioritaria, que requiere una protección especial debido a su etapa de desarrollo y su capacidad limitada para defenderse o representarse por sí mismos.

En el contexto de este proceso de recomposición, me parece medular insistir en la necesidad de mejorar los protocolos o parámetros para que los nuevos juzgadores respeten y hagan operable el principio del interés superior de la infancia en cada uno de los procesos y resoluciones vinculadas a este sector. Por mencionar algunos ejemplos, el interés superior de la niñez, consagrado en tratados internacionales y el marco nacional, exige que cualquier decisión priorice el bienestar integral de niñas, niños, considerando su desarrollo físico, emocional, educativo y social. Protocolos claros aseguran que jueces tomen decisiones informadas y consistentes con este principio.

O bien, en casos de abuso, violencia o conflictos familiares, niños y adolescentes pueden sufrir daños adicionales si los procesos judiciales no son sensibles a sus necesidades. 

Protocolos especializados ayudan a garantizar un trato digno, audiencias adaptadas y procedimientos que eviten la exposición innecesaria o el trauma, así como generar mecanismos procesales específicos a atendiendo a su grado de madurez, desarrollo y adaptados de manera interseccional a sus condiciones sociales particulares.

Aunado a ello, los nuevos juzgadores federales –con independencia de su ámbito de especialización– necesitarán formación continua en derechos humanos con enfoque al desarrollo infantil y la protección reforzada de los derechos de la niñez. Ello permitirá interpretar adecuadamente las circunstancias de cada caso. 

No está por demás señalar que mediante protocolos actualizados podrá fomentarse la preparación y capacitación continua de los juzgadores que llegan a ocupar los cargos en uno de los procesos más cuestionados en la historia del país. 

Con este tipo de instrumentos se reducirá el margen para decisiones arbitrarias o desinformadas, al tiempo que evitan disparidades en las sentencias que se emitan para ese sector de la sociedad.

Carecería de sustento adjudicar únicamente al gobierno o los Congresos la corresponsabilidad de avanzar en esta agenda. El Poder Judicial de la Federación, y desde luego los correlativos tribunales estatales, representan también un pilar para salvaguardar los derechos de la niñez, por lo que en el marco de su nueva configuración y de la promesa de esta nueva etapa de sensibilidad social anunciada tras la reforma y elección, creemos que la optimización de los protocolos a su interior promoverá que las decisiones jurisdiccionales sean cada vez más empáticas y centradas en el bienestar de la infancia, contribuyendo a una sociedad más equitativa y protectora.

*Abogado. Doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.

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