Aunque desde el oficialismo decreten que la ley de la gravedad es materia electoral, y añadan que la rotación terrestre es materia electoral, no todo es electoral.

Aunque el oficialismo infiltrado en la Corte asuma que toda la reforma judicial es materia electoral, eso tampoco convierte normas que no lo son en electorales.

La más importante en estos momentos, la norma que ordena remover a las personas juzgadoras de sus funciones judiciales NO es una norma electoral.

La remoción de personas juzgadoras, generalizada, sin debido proceso, emitida por autoridades incompetentes, aunque la impongan como norma constitucional transitoria, no es más que una manifiesta violación de su derecho humano a permanecer en sus funciones públicas.

Así que los juzgados y tribunales de Jalisco, en los que se han concentrado todos los amparos que intentamos contra la reforma judicial y hasta algunos promovidos contra la reforma de inimpugnabilidad, no deben caer en la petición de principio que asume como electoral todo lo que sucede con motivo de la reforma judicial.

Más que nunca deben mostrar su independencia y mantener abiertos los amparos y concedidas las suspensiones, cuando menos contra cualquier acto que implique, secunde o facilite la remoción de personas juzgadoras.

Y eso nos abre un escenario en el que el oficialismo seguirá con su puesta en escena de “elecciones judiciales”, pero sin poder remover a titulares judiciales que tengan la protección de una suspensión de amparo.

Claro está, eso suena demasiado problemático. Y como las autoridades del oficialismo no están conminadas a acatar las órdenes judiciales, y como ya tienen por costumbre negar carácter de jurídico a lo que les incomoda, porque en su soberbia piensan que ellas son la única ley; seguramente ignorarán lo que puedan ordenarles los órganos judiciales de Jalisco.

Por ello se necesita una acción adicional. Las personas juzgadoras cuyos cargos se han dispuesto para la “elección judicial” de este año, tienen la oportunidad de buscar obtener medidas cautelares para que no se les remueva de sus cargos.

No es tarea sencilla. Nunca se han dictado medidas cautelares de ese calibre en el sistema interamericano. Pero en su día, lo mismo nos decían a quienes obtuvimos medidas cautelares para resguardar las boletas de la elección presidencial de 2006 con la esperanza de acceder a ellas por la vía de transparencia (tema que el oficialismo de entonces también calificaba de “materia electoral”).

Pero alguien tiene que intentar lo que otras personas no se atreven, alguien tiene que caminar por lugares que nadie ha transitado. En mi experiencia es nuestro deber hacerlo.

Espero que las personas juzgadoras que defiendo me brinden esa oportunidad y deseo también que la Comisión Interamericana esté atenta.

Sólo hace falta no prejuzgar, no decidir que no se puede porque nunca se ha hecho. Únicamente tienen que estudiar en sus méritos un planteamiento de vanguardia. Sólo tienen que voltear a ver a las personas juzgadoras que con dignidad y con el Derecho de su lado, siguen defendiendo nuestra democracia y nuestro Estado de derecho, ante la indiferencia de la mayoría y los ataques del oficialismo. Ya lo veremos.