La extorsión se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos en el país. Lo mismo lo cometen grupos del crimen organizado que autoridades, las cuales, amparadas en el poder institucional, exigen dinero a la ciudadanía para cumplir con su obligación, convirtiéndose de esta manera también en criminales.

En días pasados se aprobó en el Congreso legislativo una iniciativa de ley que unifica el tipo penal y abarca todas las modalidades de extorsión en todo el país, estableciendo penas de hasta 25 años de prisión y multas de 600 a 3,000 UMA.

Además, se modificaron códigos y leyes relacionadas para incluir la extorsión entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La ley incluye campañas permanentes de información ciudadana y la creación de un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión.

Sin embargo, esta ley se topa con la realidad. La corrupción ha sido una práctica común entre representantes de muchas instituciones que piden dinero para dar licencias de construcción, establecer un negocio, conseguir una autorización de transporte e incluso para obtener derechos constitucionales como agua, vivienda y seguridad.

En el caso de las agrupaciones criminales la espiral de corrupción, ligada a la violencia, tiene un registro de años y no es un problema exclusivo de esta administración.

Desde hace más de dos décadas, el crimen organizado comenzó a realizar la actividad de la extorsión como una de sus fuentes económicas más lucrativas, pero también de control.

En el año 2011, con Felipe Calderón, ese delito registró la cifra más alta de su sexenio: 11 mil 039 casos, que representaban 30.2 víctimas en promedio al día. Para ese mismo año, La Familia Michoacana controlaba el 70% de Michoacán aplicando la extorsión a toda la actividad comercial y económica de la entidad.

Hacia 2018 la extorsión se convirtió en una pesadilla para ciudadanos de a pie, empresarios, transportistas, hoteleros, abarroteros, polleros, tortilleros, limoneros, aguacateros, campesinos, agricultores, prestadores de servicios o productores en el país.

En ese año, cuando inició el gobierno de López Obrador, había 19 víctimas al día y un año después se incrementó en 57%. El negocio resultó muy lucrativo para los grupos criminales, que siguieron extorsionando al que se le pusiera enfrente, llegando a un nivel impresionante en este año de 2025: 29 casos cada 24 horas.

Es decir, cada hora más de un mexicano es víctima de extorsión, este delito se oculta entre el miedo y una cifra negra que supera el 95% al no ser denunciado.

De acuerdo con la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mazatlán, Yudith Verónica Estrada Osuna, e informes reciente de la Secretaría de Gobernación, el delito de extorsión incrementó 27.7% en lo que va del año.

Estimaciones periodísticas señalan que la industria de la extorsión se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad y la economía de México, pues afecta al 86% de la población víctima de la extorsión telefónica o directa vía el cobro de piso.

La Coparmex recientemente reportó que hasta septiembre pasado las pérdidas por extorsión entre empresarios ascendían a unos 21 mil millones de pesos, y en promedio cada día se destinaban alrededor de 77 millones de pesos a la extorsión.

Así, este delito es hoy en día un negocio muy rentable para el crimen organizado, solapado por la impunidad y alentado por la incapacidad de las autoridades que se refleja en que 70% de las extorsiones telefónicas proviene de llamadas desde reclusorios.

Por cierto, desde 2014 el Banco de México ya tenía el registro del crecimiento del delito de extorsión. En un documento titulado “Evolución de la extorsión en México: un análisis estadístico regional (2012-2013)”.