CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados oficialistas aprobaron una reserva en la discusión en lo particular de la Ley General de Extorsión en la que disminuyen la pena de cárcel para funcionarios que no denuncien extorsiones. 

La reserva fue propuesta por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal y modifica el artículo 21 que propone un ajuste en el rango de sanción, la cual establece que se reduzca de 6 a 12 años y no de 10 a 20 años para los servidores públicos que no dé informes sobre alguna conducta ilícita relacionada con la extorsión.  

“Y yo lo que planteo es que sea de 5 a 12 años. ¿Por qué? Porque no se le puede aplicar una pena mayor –de 10 a 20 años– al funcionario que omite o al funcionario que no informa, frente al que es extorsionador. 

“Estamos planteando que al extorsionador le demos de 6 a 15 años y al funcionario que no informa, de 10 a 20 años. Esa es la razón lógica proporcional que planteo, que al servidor público que no informe, el cómplice o aquel que omite la información no sea de 10 a 20 años, sino de –6– 5 a 12 años y queda el extorsionador de hasta los 15 años. Esa es la razón por la que planteo que debe reducirse”, explicó.  

La Ley General de Extorsión se aprobó en lo particular por 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, junto a la reserva del coordinador de la bancada de Morena sobre bajar las penas para policías, ministerios públicos o cualquier funcionario público que omita brindar información sobre este delito. 

Sin embargo, la reserva fue discutida rigurosamente por la oposición, el coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, afirmó que lo que él solicitó cuando pidió la palabra fue que en lugar de bajarle la sanción a los funcionarios que se coluden con los extorsionadores, se la suban a los extorsionadores y pidió no dejar la especulación de proteger a exfuncionarios como al exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien es investigado por sus vínculos con el crimen organizado, cuando el senador morenista Adán Augusto López fue gobernador.   

“Entonces, ahorita tenemos un debate central que es si le debemos de poner penas bajas a los extorsionadores y a los delincuentes del gobierno que no denuncian, que yo creo que incluso como existen muchos tipos penales, cuando un funcionario se corrompe porque tiene una obligación pública, incluso es aceptable en materia penal que tengan penas superiores, existe en nuestro Código Penal, existe en materia administrativa, pues es lo que hemos dicho una y otra vez que hay que sancionar con severidad a los narco-gobernantes a los que traicionan la confianza de la ciudadanía y desde el gobierno hacen otra cosa… 

“Yo lo he hecho sin mencionar a un solo funcionario de ningún gobierno porque este mal no aqueja a un solo partido político, es un mal enquistado en las estructuras gubernamentales y creo que es un mal mensaje que después de que esta soberanía ha reformado el 73 Constitucional para garantizarle a la patria que desde la severidad del Congreso de la Unión se va a garantizar que se combata este delito, entonces, el resultado es que le damos a México una legislación más leve que la que ya tenían las entidades federativas. 

“Pues, es que hagan una revisión de, por ejemplo, ¿cómo está Baja California? En donde hoy hay sanciones mucho más severas. No dejen, legisladores, lugar a la especulación, no lo dejen porque esto solo hace pensar que esta atenuante busca proteger a todos aquellos que siendo parte del gobierno de Tabasco no quisieron denunciar a Bermúdez”, enfatizó.  

Por su parte, el diputado del PAN, David Azuara Zúñiga, afirmó que la reserva no es reforma técnica, sino una reforma política para proteger al exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.  

“De un lado queremos proteger a las víctimas, del otro lado están quienes quieren proteger a los extorsionadores. Sí, así de absurdo, pasar de castigar con severidad a quien usa el miedo, la violencia, la amenaza, para lucrar con el dolor de otros, a premiarlo con una rebaja de hasta la mitad de su condena. 

“Y no nos engañen, no engañen a los ciudadanos allá afuera. Esta no es una reforma técnica, esta es una reforma política, que tiene nombre, tiene apellido y este es un beneficiario y una reserva que viene dedicada, ¿para quién creen? Sí, para Hernán Bermúdez. O ¿no?, –le pregunto a Erubiel Alonso, compañero de Tabasco–, que está vinculado hoy por extorsión y que hoy lo quieren beneficiar”, resaltó.