El año 2025 cierra su ciclo en condiciones más que adversas para las poblaciones en movilidad por el mundo, particularmente en lo que toca al continente americano. Migrantes y solicitantes de refugio experimentan hoy las formas más crudas de obstaculización y rechazo, que han tenido por efecto la casi completa parálisis de su movilidad. Las consecuencias tienen alcances continental y extracontinental. Reducir a cero los arribos de migrantes y solicitantes de asilo a la frontera sur de Estados Unidos es uno de los objetivos más buscados por el gobierno de Donald Trump; prácticamente lo ha logrado, no sin el apoyo del gobierno de México y de otros países latinoamericanos (¡incluso de África!)

La segunda cara del asedio contra migrantes y refugiados está centrada contra aquellos que viven en Estados Unidos en condición irregular e incluso contra personas que legalmente entraron a ese país o que se encuentran en procesos de regularización o naturalización. Los extremos de la xenofobia y del racismo afloran a diario en las redadas implementadas por el gobierno de Trump, utilizando modos y equipo paramilitar. El propósito es detener, expulsar e imponer miedo a familias y comunidades que viven en zozobra simplemente por parecer migrantes, por el color de la piel o por hablar español. Se ha alcanzado el extremo de la crudeza y violencia institucional, que lamentablemente no parece contenerse pese a la fuerte oposición y resistencia social y política que ha surgido como esperanza frente al agraviante escenario.

Es prácticamente imposible encontrar en el pasado una coyuntura similar en la intensidad del asedio antiinmigrante, como el que ahora impulsa el gobierno de Trump, al que paradójicamente han imitado algunos liderazgos latinoamericanos de extrema derecha, en Chile y en Argentina, por ejemplo. El maltrato a migrantes y refugiados se extiende como moneda de cambio electoral, pese a su irracionalidad y flagrante violación de los derechos humanos.

En poco tiempo, en el mundo y en el continente pasamos de celebrar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular –en diciembre de 2018–  para entrar de lleno a esta fase inaceptable, impulsada desde algunos gobiernos y partidos políticos. El caso de México es emblemático: de activo promotor del Pacto Mundial en 2018, transitó hacia un alineamiento con las políticas antiinmigrantes de Trump desde 2019 y hasta la fecha.

Las poblaciones que en México, en el continente y en otras regiones tenían (y tienen) necesidad de encontrar alternativas de protección internacional, con la nueva coyuntura su horizonte se cierra súbitamente. Se encuentran en búsqueda de nuevos caminos o afrontando su sufrimiento a los costos que sea, como sucede en las regiones dominadas por el crimen organizado y las violencias de todo tipo. La no movilidad no es señal de que no exista la necesidad de hacerlo. 

A este cuadro deben agregarse las poblaciones que quedaron atrapadas en el camino, estancadas en la incertidumbre y que de igual manera demandan protección internacional. En la Ciudad de México, Tapachula y otras del país no es difícil identificar a estas personas y sus familias, enfrentadas a la calle o a condiciones precarias debido a su condición migratoria. Lo difícil es encontrar las políticas gubernamentales dirigidas a su protección y procuración de derechos, pues son marginales. Es demostrable que las medidas de inclusión son mucho más productivas, no cuestan, generan economía y protegen derechos. Puede hacerse mucho más, si hubiera decisión política y se fortalecieran las capacidades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Por sus dimensiones y características sociales, en estos momentos la gran tragedia humana recae principalmente en la creciente cantidad de personas deportadas desde Estados Unidos. Las cifras están en expansión, en escala inhumana. Según el gobierno de México, hacia mediados de diciembre se habían recibido a más de 145 mil mexicanos deportados. Según las cifras de detenciones realizadas por el ICE entre enero y mediados de octubre de 2025, los mexicanos detenidos son 244 mil, con una proyección cercana a 300 mil hacia el final de este año (información obtenida de https://deportationdata.org/data/ice.html)

No en todos los casos las detenciones se convierten en deportaciones inmediatas; son comunes las transferencias entre centros de detención o en casos mínimos alternativas legales de protección. Pero de igual manera, la cantidad en curso de expulsiones hacia México es de proporciones gigantescas y en ascenso. Se trata en su mayoría de personas en edad productiva: 50% es menor a 35 años; 40% tiene entre 36 y 50 años (cabe hace notar la indignante detención de menores de 18 años: 244 casos registrados). En su amplia mayoría se trata de hombres, con 81 por ciento.

Detrás de cada uno de los registros de detención y de deportación hay historias individuales particularmente duras, emocionalmente críticas. No son personas que arribaron a Estados Unidos hace unos días. Han tenido tiempos largos, años, décadas, por lo que pierden literalmente su modo de vida, la familia, la comunidad, bienes, el empleo, su historia personal. Nada más desgarrador que la separación de hijos, padres y madres, lo cual es muy frecuente. 

¿Cuál es el futuro para estas personas forzadas a regresar a México? ¿cómo volver a hacer la vida? Puede el discurso llamarles héroes o heroínas. La realidad es que son personas con la vida rota; requieren y merecen políticas gubernamentales y sociales realmente adecuadas a su escenario y necesidades. Convendría comenzar con un diálogo amplio y sincero, que les haga parte activa de un futuro definido desde su propia perspectiva.

*Profesor del PUED / UNAM y excomisionado del INM