En el primer informe de gobierno, la titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que la pobreza en nuestro país (que en 2008 alcanzaba al 45% de la población) disminuyó al 29% en 2024. Una reducción de tal magnitud es, sin duda, una noticia alentadora, pues disminuir los niveles de pobreza es una aspiración compartida por todas y todos quienes servimos al país desde cualquier trinchera.

Sin embargo, los resultados de las políticas públicas deben estar siempre sustentados en información pública, verificable y, sobre todo, en que dichos resultados sean producto de una metodología adecuada.

Históricamente el encargado de realizar estas mediciones fue el extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo autónomo que no sólo generaba los indicadores oficiales de pobreza, sino que también los acompañaba de metodologías detalladas, desgloses técnicos y mecanismos de rendición de cuentas. Este organismo desapareció junto con otros seis entes autónomos, y sus funciones fueron asumidas parcialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI asumió parte de las responsabilidades de evaluación de las políticas públicas. No obstante, aún estamos a la espera de conocer con precisión cuál fue la metodología científica de la cual se derivó que en México el 29% de la pobreza disminuyó.

Si bien hay expertos en materia de evaluación de política social que han reconocido el trabajo realizado, el INEGI tiene el reto de legitimarse a partir de la objetividad, profesionalismo y transparencia en estas funciones que le han sido asignadas. Va desde aquí un voto de confianza por una institución que se ha consolidado por su independencia y capacidad, a la que además me tocó conocer desde el Sistema Nacional de Transparencia.

Es indispensable conocer los fundamentos metodológicos, las variables consideradas y los criterios utilizados para garantizar la transparencia en el origen de estas cifras. Solo así podrá generarse confianza pública en los datos y en las políticas que de ellos se deriven.

De acuerdo con el INEGI, la pobreza multidimensional pasó de 46.8 millones en 2022 a 38.5 millones en 2024.

Esta disminución se atribuye a los programas sociales del gobierno federal, que habrían mejorado las condiciones económicas de millones de hogares.

El INEGI también dio a conocer que bajó la pobreza extrema. En 2022, 7.1% de la población vivía en esta condición, mientras que en 2024 el porcentaje se redujo a 5.3%, lo que significa que alrededor de 7 millones de personas enfrentan ahora este nivel de carencia.

Debemos recordar que, de acuerdo con indicaciones institucionales, los programas sociales, becas y transferencias económicas realizadas con recursos públicos están dirigidos, en su mayoría, a personas que se encuentran en situación de pobreza. Si dichos indicadores cambian de forma significativa, entonces es necesario revisar también los criterios de elegibilidad y focalización de estos apoyos. Lo cual significa que entonces debería de haber un ajuste presupuestal al respecto.

De lo contrario, se corre el riesgo de generar confusión en la aplicación de la política social, otorgando beneficios sin información clara y objetiva, lo que incluso podría excluir de estos programas a personas que realmente los necesiten.

En estos temas tan relevantes para la vida del país se debe garantizar la máxima transparencia en el proceso de generación y validación de cifras y datos. La política social debe estar sustentada en evidencias públicas y comprobables. Y en una democracia, la transparencia más allá de ser parte del discurso público, debe ser una obligación del Estado.

Porque, como bien sabemos, sin transparencia, la información pública pierde certeza. Y sin certeza, no hay justicia social duradera.