Extinguir institutos sin tener listas las nuevas autoridades garantes no es sólo un problema administrativo; representa un retroceso en la protección de derechos humanos. El acceso a la información y la protección de datos personales no pueden quedar sujetos a improvisaciones institucionales.

La falta de una reacción o de oposición efectiva de parte de los restantes gobiernos puede dar lugar a que Trump, mientras sea presidente, pueda invadir cualquier país y privarlos de sus autoridades legítima o ilegítimamente electas.