En México, al igual que en muchos países en conflicto, solemos pensar que todo estaba mejor antes, antes de que empezara la guerra fallida contra el narcotráfico y su estela de impunidad que cobija todo tipo de crímenes y de actos corruptos, volviendo invivible la cotidianidad. Antes de la democracia y del pluralismo. Antes de todo este caos.

A dos meses de que haya asumido el poder la presidenta, Claudia Sheinbaum, todo parece indicar que ella también cree en esa teoría y buscará profundizar la tendencia autoritaria impulsada por su poderoso antecesor y su voluntad de concentrar el poder en un país que demoró décadas en deshacerse de un partido hegemónico. 

En términos de seguridad, la primera mujer en dirigir la nación parece haber depositado una confianza ciega en un binomio compuesto por las Fuerzas Armadas, por un lado, a las que felicitó por ser una fuerza “humanista”, aunque mataran a migrantes, entregó el control de la Guardia Nacional y prometió mantener un papel relevante en la construcción de infraestructura; y, por otro lado, por  la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch y su estrategia de inteligencia aún en construcción.

Con dos mil 564 asesinatos registrados durante su primer mes de gobierno (una alza de 6.6% con respecto del año anterior) y las masacres sucediéndose a una velocidad alarmante, era sin duda importante pegar un golpe sobre la mesa, como lo hizo la Operación Enjambre y sus siete capturas de funcionarios presuntamente coludidos con el crimen organizado en el Estado de México. 

Mas la pregunta que tiene que hacerse el país es qué posibilidades existirán para asegurarnos de que los operativos por venir se realicen con las garantías necesarias en materia de derechos humanos. Que no caigan en ellos inocentes o estén dirigidos políticamente. O, más ampliamente, qué posibilidades existirán de que las autoridades en general rindan cuentas ante un Estado que de por sí ocupa el deshonroso puesto número 116 en la clasificación sobre cumplimiento del Estado de derecho del World Justice Project.

Y la respuesta no parece ser alentadora.

Primero, porque uno de los principales organismos que existían para fiscalizar las actuaciones de las autoridades en México era el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), mismo que deberá desaparecer en cuanto el Senado fije la fecha de su muerte, pese a las plegarias de la oposición, eneogés y periodistas de todo bordo político.

Quien haya trabajado en países en donde el acceso a la información depende de la buena voluntad de cada entidad entiende la tragedia que representa la desaparición de un ente autónomo encargado de velar por la transparencia, en favor de una Secretaría Anticorrupción que depende del Ejecutivo federal.

Sobre todo porque aún no se sabe qué sucederá con la mina de oro que representan los 14 mil millones de archivos que resguarda ­–contra 0.01% del presupuesto del gobierno– y que permitieron desvelar varios de los mayores escándalos recientes en el país.

La famosa casa blanca del expresidente Enrique Peña Ñieto y la estafa maestra que tanto le dolió al PRI, el gigantesco desvío de recursos destinados a la Seguridad Alimentaria Mexicana en el sexenio de AMLO, los archivos reservados de la Guerra Sucia; o, lo que le dolió más al exmandatario, según Carlos Loret de Mola: los contratos de sus hijos en los proyectos de megainfraestructura lanzados por su padre.

Ahora, todo indica que los periodistas y cualquier ciudadano que quiera saber qué se está haciendo con sus impuestos tendrá que acudir directamente a cada entidad para exigir información.

En el caso del gobierno federal a la Secretaría Anticorrupción, que depende del Ejecutivo. En el caso de los estados, a sus gobiernos respectivos. En el caso del Poder Legislativo a la entidad que lo regulará, en el caso de los partidos al INE y así sucesivamente.

Luego, porque siguiendo el mismo camino y en caso de fracasar una solicitud de información, el pedido probablemente pasará a resolverse en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyos magistrados son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, que en este momento son del mismo partido, explicó a Proceso un excomisionado del INAI; es decir, por aliados del mismo poder que negó la información. Con lo que “recaerá de nuevo en el ciudadano la prueba de la carga”, lamentó.

Y finalmente, porque según toda probabilidad –al menos así ocurre en otros países–, en caso de que el alto tribunal administrativo también rechace la petición, le quedaría únicamente al ciudadano la opción de acudir a un amparo ante un juez de distrito cuando en México, con la reforma judicial, la justicia estará ahora compuesta por jueces elegidos popularmente a partir de una selección de perfiles realizada por comités técnicos de evaluación de los tres poderes; es decir, rendidos al interés de sus votantes ­como es lógico en una elección y de los encargados del comité que lo hayan postulado, además del resguardo de las leyes. 

“Podría ser que la posibilidad de volver a ser nominado como juez o de ascender en la carrera judicial dependa de la voluntad del partido único que estamos construyendo”, advirtió al respecto María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidenta del INAI.

“Vamos a regresar a la época en la que ni los periodistas ni los ciudadanos ni los organismos de la sociedad civil van a poder acceder a documentos del gobierno y nos tendremos que conformar con la información que nos dan a través de las conferencias mañaneras”.

Conseguir un dato que anteriormente tomaba semanas y que incomodaba a algún poderoso se volverá un camino de cruz, demorado y costoso, e incluso imposible en ocasiones. De momento no se ve bien cómo ayudará eso a combatir la corrupción.

“Todo estará controlado por un gobierno sin contrapesos efectivos”, lamentó Lourdes Morales, especialista en transparencia de la Universidad de Guadalajara. “Nos quedamos sin división de poderes (...) No tenemos una pluralidad en el Congreso, no tenemos un Poder Judicial basado en una formación basada en méritos, en experiencia. Los criterios que se piden son pues bastante débiles y en el caso del derecho a saber, pues nos quedamos sin derecho a saber”.

En respuesta a un cuestionario, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, contestó a esta publicación que “las auditorías, los órganos de control interno y los recursos legales como el juicio de amparo seguirán disponibles para garantizar el acceso a la información, aun cuando esta involucre al Ejecutivo”. Pidió aguardar la expedición de leyes secundarias que regulen el nuevo funcionamiento del acceso a la información y no prejuzgar la actuación de los jueces en un sistema al que hay que darle “un voto de confianza”.

Por su parte, la Presidencia de la República recordó la auditoría en la que se detectaron “moches”, “aviadores” y “nepotismo” al interior del INAI, además del hecho de que se van “a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías”, sin precisar qué ocurrirá con la información que rechace entregar una autoridad.

De cualquier manera, cabe preguntarse: ¿estamos seguros de que eso nos devolverá el país que anhelamos?, ¿se está acabando con todos los organismos en los que hay corrupción o sólo los independientes?, ¿la corrupción generalizada que se expandió en los gobiernos de un PRI sin contrapoderes e imposible de fiscalizar no tiene nada que ver con el desastre que vivimos ahora?

Lo que sí es seguro es que en una nación en la que al menos 46 periodistas fueron asesinados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuya larga sombra aún recubre el país, acceder a la información pública para saber qué hace el Ejecutivo, pero también los congresistas, los jueces, el IMSS, el ISSSTE, el Bienestar y un largo etcétera con nuestros recursos públicos, se volverá una tarea cada vez más ardua, pese a las crecientes consecuencias adversas que podría generar una aún mayor militarización de la guerra fallida contra el narcotráfico. Esa misma que hizo de nuestro cotidiano un infierno.