CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles las ministras allegadas a la 4T se confrontaron en sesión pública al debatir si es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabra asuntos a pesar de que exista sentencia firme bajo el concepto de “cosa juzgada fraudulenta”.

El caso que dio origen al debate fue el amparo directo en revisión 6585/2023 cuyo proyecto de resolución establecía la improcedencia de una acción de nulidad de juicio concluido, regulada en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México aplicado porque el Código de Comercio no contempla este tipo de procesos.

Esto, al considerar que, como la legislación procesal no prevé la figura de nulidad de juicio concluido, aunque se alegue un supuesto de proceso fraudulento, no es posible aplicar la del Código de Procedimientos Civiles de la capital.

El proyecto corrió a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien al iniciar su exposición del asunto especificó que desde la anterior integración de la Corte ella formó parte de la minoría que consideraba que sí era posible utilizar la figura del Código Procedimental Civil en un juicio ejecutivo mercantil, contemplado en el Código de Comercio.

“Voy a someter el proyecto conforme al criterio de la mayoría, porque somos una Suprema Corte de Justicia que ha cambiado de integración, pero estoy obligada por los precedentes de los que me, ahora sí, de los que nos precedieron, por todos, o sea, desde la Constitución de esta Suprema Corte”, advirtió.

“Sin embargo, yo no tendría, y quiero precisarlo, ningún inconveniente en presentar una nueva propuesta, consideré necesario en el momento de tomar esta decisión, poner a consideración el criterio vigente (de hace pocos meses, tampoco hace muchos meses) de Ministros y Ministras, que pudiéramos discutir sobre un posible abandono expresado de argumentos que justifiquen una nueva postura, pues un posible abandono de este criterio que, además, se publicó, como señalé hace pocos meses, implica una reconfiguración del modo en que entendemos y aplicamos el derecho”.

La postura de Yasmín Esquivel

El proyecto fue rechazado por seos votos de los ministros, incluida la propia Ortiz Ahlf, Lenia Batres, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Hugo Aguilar, pues consideraron que no importa que la ley procesal no contemple la nulidad de juicio concluido pues las personas juzgadoras tienen facultades para revisar “juicios fraudulentos”.

En cambio, la ministra Yasmín Esquivel Mossa votó conforme al criterio establecido por la anterior integración de la Corte y enfatizó en la importancia de respetar el principio de cosa juzgada.

“La cosa juzgada representa una de las instituciones jurídicas de mayor importancia en un Estado de derecho. A través de esta se da confianza a los gobernados de que las decisiones que se toman en el sistema de justicia adquieren vigencia y eficacia. Con ello, se asegura que la decisión de los tribunales, una vez agotadas las instancias, adquieran firmeza de carácter inamovible. La cosa juzgada representa la seguridad jurídica en nuestro país, la certeza. Por ello, únicamente cuando la ley procesal determine el límite para impugnar la sentencia, esta procede, pero si la ley no lo establece, no debemos nosotros por qué establecerlo adicionalmente.

“Mucho se ha criticado a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por atribuirse facultades que no tiene. Más preocupante debe ser que la propia Corte de Justicia invente instancias judiciales que ni siquiera el propio legislador consideró. Debemos ser respetuosos de la Constitución, de nuestra ley, de nuestra jurisprudencia”, puntualizó.

La ministra explicó que la nulidad de juicio concluido, al ser una instancia judicial extraordinaria y excepcional, debe procede ante trascendentales y graves violaciones y que cuando la ley no la prevé para determinados juicios, no es posible atraer la regulación de otras leyes para aplicarla.

Polemizan Lenia Batres y Loretta Ortiz

Sin embargo, la ministra Lenia Batres, integrante del bloque mayoritario, defendió su postura y, de paso, reprochó a Ortiz Ahlf por presentar un proyecto con el que ni ella estaba de acuerdo.

“Desafortunadamente, nuestro sistema de justicia permite este tipo de fraudes a la justicia, y creo que esta Corte debería tener, sí, por supuesto, resguardadísimo de absoluta excepcionalidad, pero debería tener algún tipo de recurso para nulificar este tipo de sentencias ajenas a la ley, ajenas a la justicia, ajenas, pues, también a las aspiraciones que tiene y a la expectativa del resguardo de nuestra Constitución, de nuestros principios generales de derecho que se esperan en esta Suprema Corte”, dijo en sesión.

“No estoy de acuerdo, quisiera dejarlo asentado, en que se utilicen este tipo de prácticas en las que los Ministros no están de acuerdo con lo que nos plantean, creo que no se es responsable ante la sociedad planteando este tipo de sentencias, es responsabilidad de cada quien hacerlo, ciertamente, pero quiero dejar asentado que no me parece que debería tenerse este tipo de prácticas en una Suprema Corte que no le responde a la sociedad en términos privados, sino en términos sociales y por la cual respondemos en nuestros actos”.

Esto provocó que la ministra Ortiz Ahlf le respondiera directamente por “alusiones personales”.

“Respetuosamente no comparto la calificación como ‘práctica indebida’ para referirse a la presentación de un nuevo proyecto sustentado en un criterio jurisprudencial, coincida o no con mi posición individual.

“Considero que no se trata de una opinión o una opción discrecional, sino del cumplimiento de un mandato que establece expresamente la aplicabilidad del sistema de precedentes a esta integración. Cada Ministro y cada Ministra decide cómo ejercer su función. En mi caso, optaré por no anteponer perspectivas personales frente a criterios vinculantes adoptados por una mayoría legítima, aunque insistiré siempre en que el debate permita a abandonar aquellos que estime que deban corregirse”, enfatizó la ministra.