CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes 18 la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la oportunidad de declarar inconstitucional la eliminación de un porcentaje mínimo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para proveer medidas de “ayuda, atención y reparación” a las víctimas, como se determinó en 2020 en la modificación que se hizo a la -Ley General de Víctimas (LGV), alertaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Análisis e Investigación, Fundar.

“La decisión que tiene en puerta la SCJN es central para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, particularmente ante un contexto donde la violencia continúa en niveles alarmantes y el número de víctimas continúa incrementando, y en que el Estado no ha logrado consolidar una política de atención digna y adecuada y donde el Sistema Nacional de Víctimas ha sido totalmente olvidado”, señalaron las organizaciones en un pronunciamiento. 

Al señalar que el nuevo poder judicial tiene la responsabilidad de “poner al centro a las víctimas, asegurando la tutela plena de sus derechos humanos y la no regresividad”, las organizaciones sociales recordaron en un posicionamiento que antes de la reforma a la LGV en 2020, el artículo 132 fracción I obligaba al Estado a fijar un presupuesto mínimo equivalente a 0.014% del gasto programable del PEF para víctimas de violaciones a derechos humanos.

La eliminación de la obligación presupuestaria se ha traducido en un déficit de al menos 200 millones de pesos cada año para la CEAV, de manera que en 2025 se le asignaron 658 millones de pesos a la partida de “Ayudas Sociales”, cuando “para cumplir con la garantía mínimo debió ser aproximadamente 909 millones de pesos”, señalaron las organizaciones. 

Agregaron que para 2026 el Congreso de al Unión programó un monto de 692 millones de pesos, “sin embargo, para cumplir con la garantía del mínimo presupuestal deberían destinar al menos 913 millones de pesos, exclusivamente para la erogación directa a medidas para las víctimas”. 

Contaron que en enero 2021 el Centro Prodh promovió una demanda de amparo en contra de la reforma aprobada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por considerarla “una medida regresiva a los derechos de las víctimas”.

Como resultado de ese litigio, el 13 de marzo de 2024, la Primera Sala de la SCJN dio la razón a la organización en su Amparo Revisión 675/2022, “en cuya sentencia declaró que la eliminación de la mencionada garantía presupuestaria en favor de las víctimas constituye una medida regresiva y violatoria del principio de progresividad, en relación con el derecho humano a una reparación integral”.

El Centro Prodh y Fundar agregaron que, de acuerdo a la Constitución, una vez que se declara la inconstitucionalidad de una reforma, “se debe dar un plazo para que el Congreso tenga la oportunidad de hacer los ajustes legales necesarios”, y de no ser así, “la SCJN, de forma obligatoria, debe abrir la discusión para determinar si la declaratoria de inconstitucionalidad debe tener efectos generales”. 

Alertaron que las medidas “ayuda, atención y reparación” establecidas en la LGV se refieren, en primera instancia, a “la ayuda inmediata y la asistencia médica y psicológica especializada, que abarca servicios de emergencia, hospitalarios y odontológicos”; en un segundo momento “contemplan los gastos esenciales, como funerarios, de traslado, hospedaje y alimentación para las víctimas y sus familiares que se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos o dando seguimiento a investigaciones penales”, y por último, la reparación integral del daño, que comprende “compensaciones por pérdidas, daño moral, lucro cesante y tratamientos”.  

Ante la omisión del Congreso de la Unión para realizar las correcciones necesarias para atender a las víctimas, “hoy la SCJN tiene en sus manos, al discutir el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad, la oportunidad de garantizar los derechos de las víctimas, estableciendo efectos claros y obligatorios”, puntualizaron las organizaciones. 

Entre las consideraciones que deberán establecerse en la discusión que tendrá lugar este martes, es que “el mínimo presupuestal debe garantizarse mediante los instrumentos legales disponibles” así como la etiquetación del presupuesto para “ayuda, atención y reparación”, para evitar que se destine a otros fines. 

Insistieron que “la eliminación de esta garantía” de destinar no menos de 0.014% el gasto programable el PEF a la CEAV “ha tenido un impacto directo y negativo en la capacidad del Estado para atender a las víctimas”, sobre todo teniendo en cuenta que el contexto nacional en el que la violencia continúa y sigue cobrando víctimas. 

“La nueva SCJN tiene la responsabilidad de enviar un mensaje contundente al poner al centro a las víctimas, asegurando la tutela de sus derechos y la no regresividad”, reiteraron el Centro Prodh y Fundar.