MORELOS (apro).- Comunidades, pueblos y familiares de personas desaparecidas en Morelos exigieron el cese a la persecución política en contra del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y demandaron que sus procesos penales se conduzcan “con estricto apego al derecho, la legalidad y la justicia”.

Las organizaciones —entre ellas la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM) y el colectivo Regresando a Casa Morelos— coincidieron en que las acciones judiciales emprendidas en su contra tienen un trasfondo político, relacionado con su acompañamiento a víctimas y con la denuncia pública de las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, donde se documentaron graves violaciones a derechos humanos cometidas por instituciones del propio Estado.

En su pronunciamiento, las familias recordaron que fue durante la rectoría de Vera Jiménez cuando la UAEM acompañó la exigencia de verdad y justicia ante las irregularidades en la inhumación de cuerpos. “Las autoridades no han respondido ante las aberraciones cometidas durante la inhumación, pues se realizaron sin la intención de identificar adecuadamente a las víctimas”, denunciaron.

Las y los integrantes de Regresando a Casa Morelos, quienes se definen como “víctimas de la indolencia de las autoridades, sin partido político y sin otro interés más que el de buscar y encontrar”, subrayaron que el exrector fue de los pocos funcionarios que escuchó a las familias, les abrió las puertas de la universidad y acompañó su lucha por justicia. “En Morelos no hay justicia para los desaparecidos, pero sí castigo para quienes buscaron la verdad”, señalaron.

Por su parte, comunidades agrupadas en la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos recordaron que la relación con el exrector se remonta a 2014, cuando la UAEM se solidarizó con los pueblos y movimientos sociales, promoviendo los Diálogos por la Seguridad Ciudadana tras el asesinato de los académicos Sara Rebolledo Rojas y Alejandro Chao Barona. Destacaron que, bajo la conducción de Vera Jiménez, la universidad acompañó las luchas contra megaproyectos como el Proyecto Integral Morelos, la ampliación de la autopista La Pera–Cuautla y las concesiones mineras, así como la defensa del territorio y los recursos naturales.

“Desde ese momento —afirmaron—, recibimos la solidaridad de la UAEM hacia nuestras luchas a través de su rector. Algo que pocas veces se ha visto —y se verá— en las universidades públicas del país”.

Tanto los pueblos como los colectivos de víctimas coincidieron en que la ruptura con el gobierno estatal se profundizó cuando la universidad reveló las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, en las que participaron dependencias estatales y se constató la inhumación irregular de cientos de cuerpos. “Fue entonces cuando la UAEM y su rector se convirtieron en adversarios políticos del entonces gobernador Graco Ramírez, quien emprendió una ofensiva judicial en su contra”, señalaron.

Las organizaciones advirtieron que los hechos recientes reflejan una continuidad de esa persecución. “Hoy, a años de aquellas denuncias, vemos con preocupación que se reactiva el hostigamiento en su contra, mientras las autoridades siguen sin responder por los crímenes y desapariciones en la entidad”, expresaron.

En su posicionamiento, los pueblos y familiares exigieron a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial Federal conducirse con imparcialidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, evitando prestarse “a ser, como en este caso, instrumentos de represión política”.

Finalmente, reiteraron su llamado a la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales y universidades del país “a mantener la vigilancia sobre la situación de derechos humanos en Morelos y a respaldar las luchas por verdad, justicia y memoria”.

“Hasta encontrarles —porque el camino de regreso a casa es nuestra búsqueda— y hasta que haya justicia para quienes buscaron la verdad”, concluye el pronunciamiento.

Mario Caballero Luna aclara que el Patronato Universitario no intervino en los contratos investigados

En el contexto de las investigaciones en curso, el coordinador de Asesores del Gobierno del Estado de Morelos, Mario Caballero Luna, precisó que el tema por el cual se investiga al exrector data de hace más de diez años, y que durante todo ese tiempo ninguna autoridad le ha requerido información, declaración o documentación alguna.

Explicó que, durante su participación en el Patronato Universitario, dicho órgano no tuvo intervención en los contratos ni en las licitaciones, pues esos procesos eran gestionados directamente por las áreas designadas por la Rectoría. “El Patronato estaba al margen de esos contratos; la autorización y control correspondían a otras áreas”, señaló.

Subrayó que su actuación siempre ha sido transparente y conforme a la ley. “Mi trabajo ha sido público, limpio y apegado a la legalidad; si se requiere aclarar o demostrar algo, ahí estaremos”, concluyó.