JALISCO (apro) .- La Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad en Jalisco permanece, una vez más, en manos de una persona sin discapacidad. Desde la creación de esta área, el cargo se asignó a perfiles que no viven esta condición y solo una persona con discapacidad ocupó la titularidad. 

Ante este escenario, una iniciativa ciudadana impulsa una reforma a la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco con el objetivo de que la dirección sea encabezada de manera obligatoria por una persona con discapacidad. 

Como parte de esta propuesta, el colectivo Constituyentes inició una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma Fírmale, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ). Hasta ahora, la iniciativa suma alrededor de 300 apoyos y busca alcanzar 3 mil 500 rúbricas para avanzar en el proceso legislativo. 

La propuesta surge tras la designación, en enero de 2025, de una persona sin discapacidad al frente de la dirección. Se trata de la actual titular, Gabriela Elizabeth Méndez González, quien cuenta con formación como maestra y doctora, además de una licenciatura en Educación Especial en el área de Trastornos Neuromotores. 

La falta de representación no es nueva. El primer titular de la dirección no tenía discapacidad; uno de los exresponsables, Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez, tampoco la tenía, aunque contaba con una trayectoria en el activismo y padres sordos. Bernardo Álvarez, primer titular del área, sí tenía discapacidad visual. 

Uno de los principales impulsores de la iniciativa es Óscar Curiel de la Torre, doctor en administración y políticas públicas, con un posdoctorado en derecho, quien adquirió una discapacidad motriz derivada de la esclerosis múltiple en 2016. Desde hace una década trabaja en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

Curiel de la Torre y otros colectivos cuestionan que la ley permita que cualquier persona ocupe el cargo. Señalan que el artículo 12 establece que la dirección debe ser ocupada “preferentemente” por una persona con discapacidad, lo que —afirman— deja abierta la puerta para excluirlos de manera sistemática. 

“Esa palabra nos quita toda la posibilidad de que una persona con discapacidad esté obligatoriamente en ese espacio”, sostuvo. 

Curiel de la Torre subrayó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados a garantizar la participación y el empoderamiento de esta población en espacios de toma de decisiones públicas y privadas. 

“Quien vive el día a día de la discapacidad entiende realmente qué está pasando. Eso es lo más importante”, afirmó. 

El activista también rechazó la idea de que no existan perfiles capacitados. Señaló que las personas con discapacidad pueden dirigir estas áreas siempre que cumplan con el perfil profesional requerido. “Hay que profesionalizarse para que el trabajo sea trascendente y no se dude de nuestra capacidad para dirigir”, apuntó. 

Una iniciativa similar, presentada el 19 de septiembre del año pasado por la diputada de Futuro, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, permanece sin avances en el Congreso de Jalisco. El proyecto continúa en comisiones, entre ellas la de Asistencia Social, Familia y Niñez. 

Aunque la ley estatal establece que las iniciativas deben dictaminarse en un plazo máximo de 90 días naturales, la propuesta lleva más de seis meses sin resolución. 

Desde la red Constituyentes de la Ciudad de México, Curiel de la Torre realiza labores de cabildeo para evitar que la iniciativa quede congelada. Aseguró que dialogó con los cuatro integrantes de la comisión dictaminadora, incluido su presidente, Isaías Cortés Verumen, quienes expresaron disposición para avanzar en el tema. 

La propuesta también cuenta con el respaldo de Alexander Dey Bueno, director de proyectos en Práctica Laboratorio para la Democracia, organización con 15 años de experiencia en participación ciudadana. Destacó que las políticas públicas deben diseñarse y ejecutarse por personas que hayan vivido la discapacidad. 

“Tiene que ser alguien que haya vivido la discapacidad quien pueda entender cómo hacer mejores políticas públicas para este grupo”, señaló. 

Dey Bueno añadió que, aunque ha dialogado con representantes de todos los partidos políticos y existe coincidencia sobre la importancia del tema, el impulso legislativo sigue sin concretarse. También denunció la falta de apertura del Poder Ejecutivo, al señalar que el gobierno estatal no ha recibido a los promotores de la iniciativa. 

La reforma plantea modificar el artículo 12 de la ley para eliminar el término “preferentemente” y establecer como requisito obligatorio que la dirección sea ocupada por una persona con discapacidad. Mientras la ley mantenga esa redacción, advirtió, la decisión seguirá dependiendo del gobernador en turno. 

Además, calificó como “ofensivo” el argumento sobre la supuesta falta de perfiles capacitados. La iniciativa plantea que la persona titular cuente con al menos tres años de experiencia en la defensa de derechos, un requisito que —aseguró— cumplen muchas personas con discapacidad. 

Las firmas de apoyo pueden recabarse en la siguiente página: SIGE Instituto Electoral de Participación Ciudadana.

La recolección de firmas inició hace aproximadamente mes y medio a través de la plataforma Fírmale del IEPCJ y continuará durante los próximos dos meses, con activaciones en la vía pública y en formato digital.