CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese al rechazo de las personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil, la ministra Lenia Batres Guadarrama insistió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deje de invalidar leyes por falta de consulta previa a este sector.

Este miércoles la SCJN concluyó las audiencias públicas con personas con discapacidad sobre la invalidez de leyes por falta de consulta previa. Sin embargo, aún no ha sido definida una fecha para que el Máximo Tribunal tome una decisión sobre el tema.

Pese a que durante 15 horas más de 100 personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de abandonar el criterio que ha provocado la invalidez de 50 leyes federales y estatales por falta de consulta a dicho sector, la ministra Lenia Batres, apoyada por el ministro presidente, Hugo Aguilar, insistieron en dejar de aplicarlo.

“Cuando hay una autoridad que quiere ser complaciente de manera simple pues puede correr el riesgo de que suprima derechos”, dijo Batres al finalizar la audiencia. 

“El criterio anterior era el que consideraba un requisito procedimental porque lo consideró, la jurisprudencia en la materia decía que la consulta es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, es decir no un derecho humano de las personas con discapacidad, no un derecho democrático. Eso es lo que queremos mover”.

Hugo Aguilar incluso comentó que como integrante de las comunidades indígenas comprende la discriminación porque la ha vivido en carne propia y que la aplicación de este criterio ha invalidado leyes que favorecían a las comunidades indígenas.

“Al igual que ustedes, los pueblos indígenas, hemos vivido en carne propia la exclusión, la discriminación, el abandono de la sociedad mayoritaria, y el derecho de consulta, que fue materia de esta audiencia pública, es también un derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas y afromexicanas”, comentó.

“Yo comparto esta visión que ha transmitido la ministra Lenia, porque para mí pasamos de un extremo a otro, en el caso de pueblos indígenas, yo quiero decirlo, precisarlo de esa manera. De pronto, la consulta se convirtió en el requisito de esencia, el requisito máximo de todo acto de autoridad”.

Ambos prometieron que Batres Guadarrama presentará, en breve, una propuesta de nuevo criterio tomando en consideración las opiniones de los participantes.

El ejercicio derivó de la discusión de una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de la Comisión Derechos Humanos de Michoacán en la que se alegó que dicha modificación no fue consultada previamente a personas con discapacidad pues establece la realización semestral de visitas por parte de la Comisión en centros psiquiátricos.

“Las intenciones no bastan”

Al iniciar el debate del caso, la ministra Lenia Batres pidió a sus compañeros abandonar el criterio con el que desde el año 2016 han sido invalidadas 50 legislaciones por falta de consulta previa a personas con discapacidad pues su proyecto establece que un trámite formal no puede llevar a la invalidez de toda una norma.

“Se propone un cambio de criterio que en la práctica devalúa la consulta a las personas con discapacidad tratándola como un mero trámite opcional. El proyecto sugiere que la consulta puede omitirse si una ley parece beneficiosa y aquí reside el núcleo del retroceso que se nos propone, yo les pregunto ¿beneficiosa para quién?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién tiene la autoridad moral y vivencial para decidir qué es bueno para nosotros sin nosotros?

“Las intenciones no bastan, las leyes construidas desde un escritorio sin la experiencia de quienes vivimos la realidad día con día no solo fallan discriminan, la consulta no es un obstáculo para gobernar es la única herramienta para gobernar con eficacia, negarla no es una simplificación administrativa, es un acto de profunda exclusión”, advirtió en la audiencia de hoy María Milagros Castro Rocha, mujer con discapacidad que compareció desde Sinaloa.

Aunque el 7 de octubre un total de ocho ministros aceptó la propuesta, el debate fue suspendido a petición de Batres Guadarrama debido a que personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil solicitaron audiencia pública, por lo que el Pleno no pudo emitir una votación final y definitiva.

El pasado 20 de octubre, antes de la primera audiencia, Batres Guadarrama dio a conocer su propuesta de nuevo criterio en el que establece que las leyes sólo pueden ser impugnadas por falta de consulta previa a personas con discapacidad cuando estos, cumpliendo determinado número de firmas, así lo soliciten a las comisiones de derechos humanos, fiscalías o integrantes de las legislaturas, que son los facultados por ley para hacerlo.

Por ello, este miércoles la ministra ofreció a los asistentes reconsiderar y reformular esta parte de su propuesta.

“Tengan ustedes la certeza de que nos vamos a sentar a analizar todos estos temas que ustedes plantean, yo les comenté, me hicieron ver personalmente, y supongo que a todos nosotros, que no es una implicación tan sencilla y no les estábamos en realidad generando una facilidad sino al contrario, quizá una complicación, el reconocerles exclusivamente a ustedes la legitimación a la hora de presentarse cualquier acción de inconstitucionalidad por cualquier sujeto legitimado.

“Sin embargo hay muchas variaciones de eso y nos toca a nosotros hacer ese análisis, porque también hay defensorías públicas que pueden elaborar demandas, porque no necesariamente implica una carga para ustedes, la propia comisión de derechos humanos o las estatales podrían acercarse, es decir, no pasarles la carga a ustedes sino a las comisiones para que se acerquen a consultarles cuando ellas crean que deben presentar una acción de inconstitucionalidad, si es que ese fuera un criterio que retomara este pleno de esta Corte”, afirmó Batres.