CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Docentes de siete instituciones públicas del país firmaron un pronunciamiento en el que demandan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un “cambio estructural de raíz” orientado a desmontar el modelo neoliberal que persiste en la educación superior de México, pese a casi ocho años de la llegada al poder de la llamada “política progresista”. 

Tras un encuentro en el auditorio Catalina Eibenschutz de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, profesores e investigadores, acompañados de representantes estudiantiles, anunciaron la conformación del Frente Nacional Interuniversitario Contra la Precarización Laboral (FNICPL). 

En su pronunciamiento los docentes convocan a la conformación de células en todas las instituciones de educación superior mexicanas para que se sumen a una “Jornada de Lucha Masiva” contra las políticas neoliberales que, por tres décadas, afirman, han profundizado la precarización del profesorado y han pervertido el concepto de autonomía para utilizarlo como un mecanismo para proteger “feudos”. 

El escrito, dirigido además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Educación Pública, es respaldado por académicos de las Universidades Autónoma Metropolitana (UAM), la Nacional Autónoma de México (UNAM), la Pedagógica Nacional (UPN), para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), la Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Normal Superior de México (ENSM). 

“En México el salario promedio de un profesor universitario ronda los $10,500 mensuales; sin embargo, las élites académicas y las burocracias institucionales perciben ingresos superiores a los $100,000 –denuncian en este pronunciamiento”. 

También exponen que entre 70 y 80% de los maestros de estas casas de estudios trabajan por contratos por tiempo determinado –temporales, por asignatura o interinatos–, los cuales tienen una duración de entre tres y seis meses.

En años recientes han surgido, además, “nuevas formas de contratación” que, bajo esquemas de definitividad limitada, profundizan la segmentación piramidal del trabajo académico, la brecha salarial y el clasismo institucional. “En el IPN, por ejemplo, un profesor puede tardar en promedio 20 años en acceder a una plaza de tiempo completo”.

Igual, denuncian que el ingreso, promoción y permanencia en el trabajo se encuentran controlados por élites académicas y sindicales, “lo que genera profundas desigualdades, dispendio burocrático, supresión de derechos laborales y un déficit democrático agravado por la integración sindical o la cooptación de sus miembros al aparato de gestión institucional”.

Refieren que en universidades como la UAM las plazas que salen a concurso de oposición se encuentran previamente perfiladas y, en la práctica, son asignadas por “amiguismo o nepotismo”, y que además 50% de las vacantes se declaran desiertas, por lo que existen más de mil 100 plazas académicas y administrativas sin ocupar. No obstante, el presupuesto correspondiente se ejerce cada año.

Desde la década de los ochenta, añaden, cuando se implantó la lógica mercantil en las instituciones de educación superior del país, se han registrado recortes presupuestales o incrementos no significativos, así como una transformación de los espacios universitarios en centros de trabajo “atravesados por la competitividad y el individualismo”.

Igual, exponen que pese al discurso de transformación y las expectativas de cambio que han formulado los dos últimos gobiernos morenistas, la masificación de la educación superior y la denominada “revolución educativa” carecen, en los hechos, de esquemas de contratación menos precarios y de remuneraciones justas. Y que un ejemplo de ello son los pagos de hasta 100 pesos por hora-clase en universidades públicas. 

Tenemos claro que los aumentos presupuestales en estas instituciones deben pasar por mecanismos de austeridad y transparencia”, dicen los docentes. “Sin embargo, a casi ocho años de la llegada al poder de la denominada “política progresista”, el profesorado continúa en condiciones de indefensión y vulnerabilidad. 

En el pronunciamiento mencionan que, en el caso de las universidades autónomas, se ha tergiversado ese concepto para usarlo como un mecanismo de protección frente a la transparencia y la rendición de cuentas, así como ante la aplicación “efectiva” de la Constitución en materia laboral, de ciencia y tecnología, derechos humanos y educación. 

“Lo anterior ha derivado en prácticas insanas para la educación pública como la concentración de recursos en grupos de interés, malversación de fondos, el dispendio y el desvío de recursos”, afirman al indicar que mientras no exista transparencia, democracia real y acceso a la información en esas universidades, no será posible conocer con claridad el destino de los recursos públicos. 

“En consecuencia, continuarán prevaleciendo los bajos salarios, los procesos de ingreso, promoción y permanencia insuficientes y corruptos, así como el hostigamiento laboral y la violación sistemática de los derechos laborales”, advierten.

Dignificación de sueldos

“Las IESM (Instituciones de Educación Superior de México) no pueden ni deben seguir operando bajo la estructura actual”, puntualizan los académicos; sostienen que estas condiciones repercuten de manera desfavorable “en la formación académica de ciudadanos críticos, capaces de plantear soluciones y tomar decisiones éticas y racionales orientadas a un mejor desarrollo social, político y económico en México”.

Expresan que para atender este problema de la precarización laboral requiere soluciones integrales de aplicación a corto y mediano plazo, entre las cuales reclaman la homologación y dignificación de sueldos en todas la IESM; incremento de presupuestos etiquetados, la ocupación de plazas vacantes mediante la basificación de profesores temporales y la apertura de los concursos para la asignación de plazas.  

También proponen una revisión y actualización del Artículo 123 constitucional; la reinstalación de docentes despedidos de manera injustificada por luchar por sus derechos laborales y que la Suprema Corte haga una revisión y redefinición del concepto de autonomía y que se pronuncie por la modificación de leyes orgánicas y reglamentos internos que no cumplen con mecanismos reales de democracia.

Asimismo piden que la Auditoría Superior de la Federación, las Fiscalías Anticorrupción y las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados inicien una revisión “integral y exhaustiva” del ejercicio presupuestal de todas y cada una de las IESM, así como de sus patronatos asociados, a fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y sancionar posibles actos de corrupción y dispendio.

Los docentes firmantes igual exigen el reconocimiento pleno de las relaciones laborales y de la profesión docente por su trascendencia social. En ese sentido, reclaman que las nuevas universidades, creadas por el actual gobierno federal, no sostengan su planta docente bajo la figura de “beneficiarios” o, peor aún, de “becarios”.

Estas exigencias no son coyunturales, sino parte de la necesidad urgente de un cambio estructural de raíz en la educación superior. 

Dicho cambio, piden orientarse a desmontar “la política educativa neoliberal que, durante más de tres décadas, ha subordinado la educación pública a lógicas mercantiles y productivistas, precarizando sistemáticamente el trabajo de las y los docentes y debilitando los derechos laborales”.