SALTILLO, Coah. (apro).- La Fiscalía General del estado de Nuevo León determinó el no ejercicio de acción penal en contra de Armando Castilla Galindo, director y dueño del periódico Vanguardia de Saltillo, al concluir que la acusación por un presunto fraude en la venta de un inmueble carecía de sustento. 

De acuerdo con lo dado a conocer por el medio de comunicación saltillense, fue el mismo titular de la fiscalía neolonesa, Javier Flores Saldívar, quien hizo pública la determinación y afirmó que no será impugnada por la autoridad. 

La fiscalía abrió la carpeta de investigación 6338/2025-UTM-MTY con motivo de la denuncia interpuesta el 15 de octubre por Marco Antonio Fuentes Garza, quien aseguró haberle pagado por la venta de un inmueble que presuntamente no estaba su nombre. El supuesto comprador dijo haber entregado la cantidad de 700 mil pesos en una cafetería ubicada en el municipio de San Pedro Garza García. 

Por dicha acusación, Castilla Galindo fue detenido en el aeropuerto de Monterrey el pasado 9 de enero, bajo un impresionante dispositivo de seguridad. En un comunicado la Fiscalía del vecino estado aseguró que la detención ocurrió en la vía pública. 

Al día siguiente, mediante un amparo, Castilla Galindo consiguió la libertad, mientras que su equipo de abogados preparaba la estrategia de la defensa en virtud de que se desconocía en ese momento el origen de la denuncia. 

Al paso de los días tendrían información y presentaron pruebas de que el día que el denunciante aseguró haber hecho la compraventa, el director del periódico no se encontraba en el país. 

“El análisis recoge pruebas entregadas por Castilla Galindo y su defensa, entre ellas el pasaporte del directivo de esta casa editorial que confirma que él estuvo desde el día 26 y hasta el 29 de agosto en Medellín, Colombia, para asistir a un evento de la industria de la impresión", explica la información publicada. 

También se presentaron facturas y boletos de avión que se realizaron para el viaje y testimonios de personas que estuvieron presentes en la actividad citada. 

Por ello las autoridades determinaron que no se acredita el delito de fraude denunciado y por ello consideraron innecesario entrar al estudio de otros elementos en la denuncia. 

La actuación de las autoridades de Nuevo León provocó diversas manifestaciones que cuestionaban el acoso judicial y policíaco al dueño de vanguardia, así como también exigían claridad en el caso. 

El medio de comunicación publicó que, con la resolución de no ejercicio de acción penal, las autoridades están imposibilitadas para iniciar un nuevo juicio por el mismo caso. El documento está firmado por el agente del ministerio público investigador, Carlos Francisco Guerrero Peña.