TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A dos años de su fundación, el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra emitió un enérgico pronunciamiento en el que denunció graves retrocesos en materia de derechos humanos en Chiapas y el país, en medio de una creciente militarización, violencia estructural y proyectos que afectan la vida comunitaria y el medio ambiente. 

La organización que tiene como sede el municipio de Rayón, recordó y rindió homenaje al misionero franciscano Fray Fernando Alvarado, quien falleció en marzo de este año “en el desgaste por luchar por un mundo mejor”, y denunció el asesinato del sacerdote tzotzil y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez como un ejemplo de la represión sistemática contra quienes defienden la vida y la paz en la región. 

En su declaración titulada “Una voz que clama en el desierto”, el Centro cuestionó las narrativas oficiales sobre avances en seguridad, reducción de la pobreza y transformación nacional. “¿Cómo quisiéramos decir que hemos avanzado en derechos humanos? Pero vivimos todo lo contrario”, afirmaron. 

La organización denunció lo que considera una “triada criminal” conformada por el Gobierno, el crimen organizado y empresas extractivas, la cual —según el pronunciamiento— tiene “secuestrados” a los pueblos de Chiapas, particularmente en la región norte zoque. 

El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez fue calificado como un crimen de Estado. “La aniquilación de Marcelo viene a lograr lo que sus asesinos querían: silenciar procesos, infundir miedo y detener luchas comunitarias”, expresaron, señalando que, tras su muerte, las amenazas e intimidaciones contra otros defensores han aumentado. 

Denuncian militarización y violaciones a derechos básicos  

El Centro de Derechos Humanos cuestionó la creación de la unidad de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, afirmando que ha protagonizado allanamientos, intimidación y abusos en comunidades. También criticaron que, bajo el discurso de una “nueva era” en Chiapas, se invisibiliza el desplazamiento forzado y se criminaliza a los migrantes y desplazados internos. 

Señalan, además, el abandono de infraestructura básica en comunidades rurales, como el camino entre Ixtacomitán y Chapultenango, a pesar de su importancia ante riesgos volcánicos. 

El pronunciamiento también condenó los megaproyectos de infraestructura y turismo que, afirman, amenazan la unidad comunitaria y el equilibrio ecológico sin respetar los derechos de consulta de los pueblos originarios. 

De igual forma, exigen el fin de los cacicazgos políticos en la región, donde familias y clanes se han perpetuado en el poder con el respaldo de partidos, empresas y sectores religiosos. 

Por lo que hizo un llamado urgente por: el esclarecimiento del asesinato de Marcelo Pérez, rechazan a los megaproyectos que destruyen la vida comunitaria; La liberación de presos políticos en Chiapas: el desmantelamiento de los cacicazgos; atención inmediata a la infraestructura básica en comunidades marginadas. 

Finalmente, la organización agradeció el apoyo recibido por parte de otros centros de derechos humanos, la Orden Franciscana, las organizaciones civiles nacionales e internacionales, y los pueblos originarios con quienes comparten lucha y espiritualidad.